Un proyecto de la US analiza vulneraciones de derechos humanos por "el uso desmesurado de la Euroorden"

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) participa en el proyecto europeo Ephesus, financiado por la Comisión Europea en el marco de los proyectos DG-Justice, que responde al objetivo de promover la cooperación judicial en materia penal para hacer frente a eventuales vulneraciones de derechos humanos que puedan derivar del uso desmesurado, especialmente a partir de la pandemia por Covid-19, de la Orden Europea de Detención y Entrega (Oede), más conocida como Euroorden. Como parte de las actividades previstas en el curso del proyecto, la Facultad de Derecho de la US ha sido la sede de un encuentro entre jueces, fiscales, abogados y otros operadores jurídicos.

Según ha explicado la US en una nota, el encuentro de grupos reducidos y multidisciplinares (National Communities of Practice) ha sido diseñado para "facilitar el intercambio de conocimientos entre los profesionales del Derecho en los diferentes Estados miembros de la UE, sirviendo como plataformas para que se produzca un intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimientos", tanto sobre el uso adecuado de la Oede como acerca de los instrumentos alternativos de reconocimiento mutuo.

El evento ha tenido lugar en modalidad híbrida y en él se ha debatido tanto la posible vulneración de los derechos humanos en el uso de la Oede, especialmente en el contexto pandémico y post-pandémico y en relación con el uso de las nuevas tecnologías, como la posible aplicación de instrumentos alternativos de reconocimiento mutuo, que "podrían resultar menos aflictivos para la persona reclamada o condenada y podrían favorecer la reinserción social de los condenados", han subrayado.

Entre los resultados obtenidos hasta la fecha la US ha destacado "la constatación de diferencias significativas en la concepción de la Oede en función del operador jurídico de que se trate, resultando muy enriquecedor el intercambio de experiencias y de ópticas diversas entre los distintos sectores profesionales". Además, se aprecia cómo su aplicación es "susceptible de ciertas mejoras, especialmente en aras de garantizar la proporcionalidad y salvaguarda de los derechos fundamentales".

A este respecto, se ha considerado que instrumentos como la Orden Europea de Investigación (OEI) y la videoconferencia ofrecen herramientas alternativas a la Oede, si bien su uso requiere de una "mayor concienciación sobre su utilidad y una formación adecuada para su eficaz aplicación", han detallado. En general, el uso de la tecnología "parece ofrecer más ventajas que desventajas, pero se ha enfatizado la necesidad de partir, como premisa esencial, del respeto a ciertas garantías procesales".

El equipo español del proyecto Ephesus está conformado por la profesora Pilar Martín Ríos, investigadora principal del proyecto y catedrática de Derecho procesal de la US; la investigadora y profesora Esther Montero Pérez de Tudela, jurista de Instituciones penitenciarias y doctora en Criminología, y el profesor César Villegas Delgado, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la US.

Los expertos que han participado en este encuentro han sido el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco Núñez; el fiscal de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado, Francisco Jiménez-Villarejo Fernández; el fiscal delegado de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Sevilla, José Manuel Rueda Negri; el letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Revilla Pérez; y las letradas Ana Isabel Lozano Pérez, Dolores Torres Caballero, y Mónica Moya Sánchez.

ENTREVISTAS A 36 EXPERTOS

La investigación ha sido liderada por la doctora Esther Montero Pérez de Tudela, que ha diseñado un protocolo de entrevistas que se ha empelado para entrevistar, entre mayo y julio de 2024, a 36 jueces, fiscales y otros operadores jurídicos de diez Estados miembros de la Unión Europea, elegidos por su reconocida experiencia y alta cualificación en relación a la Oede.

De los resultados provisionales se ha podido desprender que, aunque la pandemia afectó al funcionamiento de los sistemas judiciales de toda la UE, provocando retrasos e ineficiencias en los procedimientos judiciales, "no se observó una importante afectación de los derechos fundamentales y procesales de las personas implicadas", han detallado desde el estudio.

En este sentido, ha sido puesto de relieve, igualmente, la inexistencia de "una conciencia generalizada" en cuanto a la posibilidad del uso de alternativas a la Oede, "la gran mayoría de los entrevistados no contemplan la posibilidad de la utilización de otros instrumentos alternativos que pueden ser menos aflictivos para el reclamado".

Por otro lado, el estudio ha destacado como la alternativa más utilizada a la Oede, la Orden Europea de Investigación, siendo "muy infrautilizados" otros instrumentos, como la Decisión Marco 2008/947/JAI, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada, o la Decisión Marco 2009/829/JAI, "a pesar del reconocido potencial de estos instrumentos a la hora de evitar traslados innecesarios y reducir los retrasos procesales".

Así, han señalado que "sí se utiliza --aunque en menor medida que la Orden Europea de Investigación-- la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008", relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, aunque también en este caso "cabría aumentar su uso en relación a la Oede, habida cuenta de que en la Unión Europea aproximadamente el 72% de las Euroórdenes son emitidas con fines de ejecución de una sentencia", se ha explicado en el estudio.

En consecuencia, han concluido que "parece necesario apostar por una mejor formación y una mayor sensibilización de los profesionales del Derecho sobre estos instrumentos alternativos, la realización de acciones coordinadas por parte de las instituciones de la UE para promover su utilización y, sin duda, el desarrollo de una mayor investigación en la materia".