PSOE-A: Hasta ahora "no se puede concluir una responsabilidad política" en la formación

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha aseverado este miércoles que "de las comparecencias" celebradas en la comisión parlamentaria de investigación del presunto fraude de las ayudas a la formación, así como "de la documentación" al respecto y "de los pronunciamientos de los órganos judiciales" habidos hasta la fecha "no se puede concluir ningún tipo de responsabilidad política en la comunidad de Andalucía, ni de los funcionarios ni de los cargos políticos de la Junta", en dicho presunto fraude.

Así se ha pronunciado Jiménez en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz después de que el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, haya advertido también este miércoles de que su formación no dudará en reclamar dimisiones si hay cargos públicos que resulten responsables políticos del caso de las ayudas a la formación según la comisión de investigación creada en la Cámara andaluza.

El portavoz parlamentario socialista ha comentado que "no es bueno mezclar los procesos judiciales con los políticos", y ha apuntado que esa "es la estrategia en la que ha estado permanentemente el PP y también Podemos en estos meses, intentando hacer un proceso político porque quizá lo que aparecía en los procesos judiciales no les gustaba ni a uno ni a otro".

En esa línea, Jiménez ha subrayado que "lo que hemos conocido hasta ahora de los pronunciamientos judiciales establecen claramente que no hay ninguna responsabilidad política en el Gobierno andaluz y, por lo que hemos conocido hasta ahora, tampoco ninguna responsabilidad personal sobre los altos cargos sobre los que se han pronunciado los tribunales en algunos territorios", el más significativo el de la provincia de Jaén, según ha abundado, "eximiendo de responsabilidad a los responsables públicos, tanto altos cargos de la Junta como funcionarios del Gobierno".

Ha destacado que "esos pronunciamientos judiciales están marcando claramente que lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo se convierte en una realidad: que en la formación no ha habido ningún tipo de trama para malversar fondos públicos, que no se han cometido ilegalidades, que no ha habido quebranto de las arcas públicas ni menoscabo de los fondos públicos, que no se estableció un procedimiento para un quebranto en las arcas públicas ni hay una responsabilidad ni de los responsables políticos ni funcionariales".

De esta manera, "si ha habido una estafa ha sido de algunas empresas a la administración pública, que aprovechando la legalidad habrían podido cometer alguna ilegalidad", ha agregado Jiménez, que ha destacado que "eso es lo que ha defendido siempre la Junta, y ahora los tribunales nos está dando la razón".

De cara a la aprobación de conclusiones en la comisión de investigación sobre los cursos de formación, el portavoz parlamentario del PSOE-A ha indicado que "tendremos que presentar nuestro escrito de conclusiones sobre la base de las comparecencias, en la que todo el mundo --desde interventores hasta funcionarios o jefes de servicio-- ha testificado estableciendo claramente que no ha habido instrucciones para producir ese quebranto, que no ha habido una trama, que no se han aprobado normativas para producir quebranto, que no ha habido menoscabo de fondos públicos, que la administración ha tenido un comportamiento en todo momento exquisito con la legislación".

Ha quedado también "en evidencia", en opinión de Jiménez, que "los controles en Andalucía han sido más exigentes que en el resto del conjunto de España", si bien "no hemos tenido la oportunidad de comparar directamente con la normativa estatal porque la única responsable político que hizo un desacato imperdonable e impresentable al Parlamento andaluz fue la ministra de Empleo del Gobierno del PP", en referencia a Fátima Báñez, ha remarcado.

Así, ha finalizado apuntando que en las conclusiones "tendrá que establecerse qué procedimientos habría que mejorar y determinar el alcance de esa posible estafa a la administración pública que algunos empresarios hayan podido hacer".