SEVILLA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado este martes que el Gobierno local que preside el 'popular' José Luis Sanz, "ha reconocido a través de una respuesta escrita a una pregunta elevada a la Comisión de Control y Fiscalización, que la unidad de limpieza contra los grafitis que se ha presentado como iniciativa propia es, en realidad, la ejecución del contrato de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente que fue diseñado y licitado por el equipo de gobierno de Antonio Muñoz".
"Es más, ese contrato heredado será, a tenor de este escrito, la piedra angular de su estrategia de lucha contra las pinturas vandálicas dada su envergadura económica (1,3 millones anuales). Para colmo, dice que tomó el ejemplo de la unidad antigrafiti de Oviedo, cuando el contrato de Urbanismo, cuyos pliegos, hechos por técnicos de la propia Gerencia de Sevilla, precisaban ya el modo de trabajar que debería cumplir la empresa que resultara adjudicataria, fue licitado en mayo pasado, y es ahora cuando comienza a ejecutarse", según ha explicado el concejal socialista y miembro del Consejo de Gobierno de la Gerencia por el PSOE municipal, Francisco Javier Páez, en una nota de prensa.
"Este ejercicio de apropiación de Sanz llega a tal extremo que en la memoria anexa a su borrador del Presupuesto de Urbanismo para 2024 sitúa este contrato para la conservación, el mantenimiento y la protección del paisaje urbano de nuestra ciudad como una novedad del nuevo gobierno, cuando fue diseñado y licitado en la etapa del gobierno de Muñoz", según ha reiterado Páez.
En opinión del concejal socialista, "esa iniciativa socialista se añadía a los trabajos propios realizados por la empresa municipal de limpieza Lipasam y a otro contrato específico que tiene Urbanismo para actuar contra pinturas vandálicas en elementos patrimoniales (como edificios o esculturas) y que requieren un tratamiento especializado", ha abundado el ediol socialista.
En la citada respuesta al Grupo Socialista, el equipo de Sanz "reconoce la envergadura económica de ese contrato y las actuaciones específicas 'ya desarrolladas' por Lipasam, al tiempo que habla de modificaciones normativas para endurecer las sanciones por incumplimientos, cuestión esta sobre la que también trabajaba el anterior gobierno y para la que incluso se abrió a principios de año un proceso de participación ciudadana".