Cinco exaltos cargos se acogen a su derecho a no declarar ante Alaya

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se han acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, tras lo cual ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han solicitado nuevas medidas cautelares para los imputados.

   De este modo, a lo largo de la mañana de este lunes han comparecido ante la magistrada el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Martín Soler; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

   Los cuatro último habían sido citados a declarar por la juez para ampliarles la imputación en relación a los ERE de Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén, mientras que Martín Soler ha comparecido en relación a la la autorización de pago de la subvención de Avantia Ticsa, concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

   Aunque se ha negado a declarar, Martín Soler ha presentado un escrito en el Juzgado en el que defiende su "completa falta de participación" en dicho expediente y asegura no haber tenido vinculación ni relación con el mismo, pues además explica que el expediente se inició después de que él fuera cesado como consejero.

   Martín Soler ya compareció ante la juez el pasado día 17 de junio, aunque ese día también se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que Alaya le imputara dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones solicitó medida cautelar alguna para el imputado, al igual que ha ocurrido este lunes.

ANTONIO FERNÁNDEZ NO COMPARECE POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE

   La instructora también había citado este lunes al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien no ha comparecido debido al fallecimiento de su madre durante el pasado fin de semana, y a la exdirectiva de Vitalia María Vaqué, que tampoco ha comparecido ante la magistrada.

   Hay que recordar que la juez Alaya dictó un auto a principios del presente mes de septiembre en el que ampliaba la imputación de una serie de personas, entre ellas los exaltos cargos citados, e imputaba en la causa a otras 20 personas a las que también ha citado a declarar en los próximos días.

   Entre los nuevos imputados se encuentra el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta, Antonio Lamela, citado a declarar el próximo jueves y a quien imputa por la ayuda de 5.026.425,51 euros concedida el 17 de noviembre de 2011 a Astilleros de Huelva.

LA AYUDA A ASTILLEROS DE HUELVA

   La instructora explica que "el ámbito temporal de la presente investigación alcanza las subvenciones sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo, con cargo al programa presupuestario 31L, hasta el decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, el cual fue convalidado por el pleno del Parlamento en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2012", motivo por el que "deben formar parte de la presente instrucción las diligencias previas" correspondientes a la subvención excepcional otorgada a Astilleros de Huelva el 17 de noviembre de 2011.

   Al hilo de ello, la juez asevera que la referida subvención se otorgó el 17 de noviembre de 2011 y "fue pagada inmediatamente el 27 de diciembre siguiente", todo ello "al margen de la orden de fecha 1 de abril de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sociolaborales", añadiendo que "esta ausencia de aplicación de la referida orden fue objeto de reparo en su momento por la Intervención Delegada exigiendo que al expediente se le diera la tramitación regulada en la misma o que se completara aquel con el informe jurídico que sustentara su inaplicabilidad".

   La instructora explica que dicho informe, de 15 de septiembre de 2011, fue realizado por el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela, "a instancias del viceconsejero Justo Mañas" y "siguiendo indiciariamente las instrucciones políticas de este último, del que dependía jerárquicamente".

   Alaya critica que el informe "justifica la inaplicabilidad de la citada orden bajo el peregrino argumento de que las subvenciones de la orden de abril de 2011 sólo pueden solicitarlas los trabajadores, no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros, en el que es la empresa la que obtendría los recursos económicos para financiar las obligaciones indemnizatorias que tiene con sus trabajadores y es la que ha solicitado la subvención excepcional, razón por la que según manifiesta no resultan de aplicación de dichas bases".

   A juicio de la juez, "el razonamiento era cuanto menos paradójico, pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora a una subvención, cuando disponía el artículo 2 de la citada orden que será requisito necesario para poder acceder a las ayudas en ella reguladas la superación de una fase preliminar, y que la misma se iniciará a petición conjunta de la empresa y los trabajadores o sus representantes".

OCHO 'INTRUSOS' EN HITEMASA

   "Lo único que hubiera sido necesario es complementar la petición inicial de la empresa y los administradores concursales con la solicitud de los representantes de los trabajadores que figuran en el acta final del periodo de consultas, o reformular la solicitud como además se requirió a la empresa por la Dirección General de Trabajo de acuerdo con lo exigido por la Intervención Delegada", sostiene la juez, que concluye que "se omitió deliberadamente el procedimiento aplicable por la Consejería de Empleo, dictando el consejero Manuel Recio una orden favorable de concesión de fecha 17 de noviembre de 2011 en la que se declara expresamente que de la ayuda serán beneficiarios 'los trabajadores incluidos en el colectivo A, B y D recogidos en los anexos de la presente resolución".

   La magistrada destaca que en la resolución de esta ayuda "consta que fue aprobada por el Consejo de Gobierno", imputando a Antonio Lamela por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y citándolo a declarar el próximo día 25 de septiembre.

   En relación a los ERE de los años 2001 y 2004 de Hitemasa, que recibió 32,2 millones en subvenciones, la juez ha imputado a 14 personas, entre ellas los expresidentes del Consejo de Administración de la empresa Manuel Márquez y Antonio Moreno y los consejeros Francisco Naranjo, Juan González, Amparo Alarcón y Guillermo Valderrama, así como a ocho 'intrusos' de ambos ERE que recibieron cantidades que oscilan entre los 37.487,85 y los 61.588,63 euros.

   Asimismo, y en cuanto al ERE de Samec, la juez imputó a dos personas, entre ellos el gerente, Marcos Guerra, quien "contactaría" con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas "a través del entorno de Ruiz-Mateos para la financiación de las prejubilaciones de trabajadores de la empresa en el año 2007 por parte de la Junta", añadiendo que Lanzas "cobraría por su intervención como conseguidor de la referida financiación al menos 487.200 euros".

EL ERE DE PRIMAYOR

   En cuanto al ERE de Primayor, la juez ha imputado al jefe de Personal, Luis Sobrino; al director de Recursos Humanos, Felipe Monforte, y al director general, Ramón Portal, los cuales "instaron un ERE para 50 trabajadores que fue financiado en el 91 por ciento por la Junta, con total ausencia de procedimiento".

   La juez llama la atención sobre el hecho de que, en el ERE, "estaba incluido el propio Luis Sobrino, percibiendo 2.400 euros mensuales".