(Resumen) El ex interventor asegura que el Consejo de Gobierno conocía las "irregularidades" detectadas

El imputado queda libre con cargos después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya solicitado ninguna medida cautelar

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez ha asegurado este jueves en su declaración como imputado ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que el Consejo de Gobierno andaluz al completo tuvo "conocimiento" de las irregularidades reflejadas en distintos informes por la Intervención en torno al sistema por el que se concedían las ayudas vinculadas a los ERE.

El ex interventor, que ha llegado a los juzgados a las 10,15 horas siendo recibido por un grupo de manifestantes al grito de 'valiente' y 'cuéntalo todo', ha comparecido desde las 12,15 hasta las 22,00 horas de este jueves ante la juez Mercedes Alaya, que le ha imputado sendos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación y que no ha adoptado medida cautelar alguna contra él, ni personal ni real, después de que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de partes personadas lo hayan solicitado.

De esta manera, y en una vistilla celebrada al término de su comparecencia, el Ministerio Público ha solicitado únicamente que el ex interventor, que ha quedado libre, comunique los cambios de domicilio que se pudieran producir, todo ello "sin perjuicio de que más adelante y a resultas de la investigación" pueda pedir a la magistrada que le imponga una cantidad determinada en concepto de responsabilidad civil.

En su declaración, Manuel Gómez ha calificado de "absolutamente impensable" que el actual presidente de la Junta y consejero de Hacienda entre los años 2004 y 2009, José Antonio Griñán, "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General, ya que se trataba, a su juicio, "de una patología presupuestaria singular".

En este sentido, el imputado ha hecho mención a varios aspectos significativos que le llevan a afirmar todo lo anterior, como son, en primer lugar, que, en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación", mientras que, en segundo lugar, ha mencionado que la Intervención alertó en 2005 de que, en el ejercicio 2003-2004, "existía un desfase presupuestario de 93 millones" que "suponía una quiebra del principio de estabilidad presupuestaria".

DEFIENDE LA LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO

Por todo ello, el imputado ha subrayado que las irregularidades detectadas "eran de notorio conocimiento de todo el Consejo de Gobierno andaluz", llegando a afirmar que "se puede presumir" que dicho Consejo de Gobierno "aprobó el sistema de junio de 2001", en relación al sistema de transferencias de financiación para pagar las ayudas sociolaborales.

Asimismo, el ex interventor, que no obstante ha defendido la legalidad del procedimiento, ha puesto de manifiesto que cuando en 2010 el sistema de las transferencias de financiación se sustituyó por la denominada encomienda de gestión el sistema "no varió ni mejoró" porque seguía sin existir una fiscalización previa.

De igual modo, ha revelado que durante el año 2012 se reunió con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz", pero Aguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.

ALAYA: "YA SABEMOS QUE GRIÑÁN CONOCÍA LOS INFORMES"

Durante el interrogatorio, la juez Alaya ha dado por hecho que el consejero de Hacienda, al que ha llegado a referirse con nombre y apellidos --José Antonio Griñán--, "tenía conocimiento" de las irregularidades detectadas por la Intervención. "Ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes que usted emitía", ha subrayado.

Asimismo, y durante su declaración, Manuel Gómez ha explicado a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla que no realizó un informe de actuación en torno a las irregularidades detectadas, y a fin de que éstas se elevaran al Consejo de Gobierno, porque no podía al no haber detectado un menoscabo en los fondos públicos y porque "hubiera tenido el mismo efecto que el informe adicional, que se quedó en un cajón".

"El consejero responsable de IDEA lo habría dejado en un cajón", ha señalado el imputado, a quien la juez ha cuestionado sobre si recibió "presiones políticas" a fin de que no emitiera el informe de actuación, pero el imputado lo ha negado en todo momento, lo que ha provocado un gesto de desaprobación en la magistrada, según las fuentes consultadas.

INFORME DE ACTUACIÓN PARA LA CONSEJERÍA DE SALUD

En esta línea, el abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero le ha preguntado si realizó como interventor general de la Junta algún informe de actuación, a lo que Manuel Gómez ha contestado que sí realizó uno en 2008 a la Consejería de Salud por las retribuciones del personal del Hospital de El Ejido (Almería), pero que "acabó en un cajón y nunca llegó al Consejo de Gobierno".

Al hilo, la acusación que ejerce el PP le ha preguntado por la fecha en que realizó dicho informe de actuación y el imputado ha dicho que no se acuerda con exactitud, pero "que el consejero de Hacienda era en ese momento José Antonio Griñán".

La juez también le ha preguntado directamente sobre qué personas podrían hacer acabado con la situación creada y las irregularidades detectadas, y el imputado ha citado al consejero de Empleo, como la persona "que tenía que haberle dicho al director general de Trabajo que dejara el sistema empleado"; al responsable de Innovación, "como titular de IDEA", y al consejero de Economía, "que tenía que haber bloqueado las transferencias".

Para finalizar, su abogado le ha realizado unas 15 preguntas sobre distintas afirmaciones realizadas por Griñán en su intervención en la comisión de investigación de los ERE, que el imputado ha rebatido contestando 'la verdad es...'; 'todo lo contrario' o 'no es cierto'.

CONFIRMA LA CARTA REMITIDA AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

El imputado ha comenzado su declaración ratificando tanto su declaración como testigo ante la Guardia Civil como la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en la que señalaba que Griñán y Aguayo "cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

Hay que recordar que, en dicha carta, Manuel Gómez recordó que la Intervención "advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31.L", más conocido como 'fondo de reptiles', "y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo".

Una vez finalizada su declaración, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción únicamente ha solicitado que informe de sus posibles cambios de domicilio. Tras ello, la juez no ha tomado ninguna decisión al respecto y ha citado a las partes este viernes a partir de las 12,30 horas para que firmen y recojan el acta de la declaración del ex interventor.