El SAT ocupará este martes la finca militar 'La Isla' de Écija para protestar contra su posible venta

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) tiene previsto este martes ocupar de forma pacífica la finca militar 'La Isla' de Écija (Sevilla), propiedad del Estado, como forma de protesta contra su posible venta y para pedir que pase al patrimonio agrario andaluz.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, ha explicado que la ocupación de la finca está prevista como acto "simbólico" para "dar un toque de atención" y evitar que la finca se venda, y la acción se desarrollará "sólo durante un día".

Ha explicado que esta finca militar, similar a la finca de 'Las Turquillas', en Osuna (Sevilla), y dedicada a la cría de caballos, pertenece actualmente a Patrimonio del Estado, que la cedió al Ministerio de Defensa para que se dedicara a la cría de caballos y donde también hay algunos cultivos.

Cañamero ha indicado que esta finca posee cerca de 600 hectáreas de regadío y ha apuntado que "parece que la quieren vender, algo a lo que nos oponemos, por lo que la vamos a ocupar para que la finca pase a manos de patrimonio agrario andaluz y que la Junta a su vez la ceda para constituir cooperativas y proyectos sociales".

El dirigente sindical pide que en dicho lugar "se creen cooperativas agrícolas, que generen riqueza en el pueblo andaluz", toda vez que considera que "no tiene sentido que las tierras públicas se vendan a manos privadas, cuando hay posibilidad de entregarlas a cooperativas de trabajadores".

Esta acción sería similar a la efectuada el pasado verano en la finca Las Turquillas de Osuna (Sevilla), donde cerca de un centenar de jornaleros y militantes del SAT entraron en dicha finca, perteneciente al Ministerio de Defensa, para reclamar que parte de estos terrenos de 1.200 hectáreas pasen a manos de cooperativas de trabajadores para su
cultivo.

Por otro lado, este lunes por la tarde el SAT tiene previsto reunirse con los 15 afectados en Los Molares (Sevilla) por la supuesta estafa que habría afectado a unos 115 jornaleros de la comunidad andaluza y de Mallorca y Alicante tras firmar contratos para trabajar cuatro meses en Francia con una empresa "mafiosa".