Sevilla aprueba estudiar encomendar la tramitación de licencias de obras y actividades a colegios profesionales

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una moción de Cs en la que se apuesta por impulsar la unificación del Servicio de Protección Ambiental en la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para agilizar la concesión de licencias, así como se insta a estudiar las distintas fórmulas jurídicas y mecanismos de colaboración necesarios que posibiliten encomendar la tramitación de determinadas licencias de obras y actividades a colegios profesionales competentes en la materia. El primero de estos puntos ha tenido el apoyo de todos los grupos, mientras que el segundo de ellos ha sido rechazado por Participa e IU y apoyado por PSOE y Cs, con la abstención del PP.

En la moción, se insta además a hacer una auditoría interna de los procesos y procedimientos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Servicio de Protección Ambiental en los distintos trámites reglados por la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades para mejorarlos y unificar los criterios que los técnicos municipales para interpretar las normas. También, se ha acordado reforzar la atención municipal a los grandes proyectos, una enmienda de PSOE que sustituye la propuesta inicial de crear una oficina municipal de grandes proyectos con el objetivo de agilizar los trámites.

En su intervención, el portavoz de Cs, Javier Millán, tras recordar la pérdida del proyecto empresarial de Ikea y la imagen dada, aboga por una fusión del servicio de licencias medioambientales y de la GMU "para que sea más fácil atraer inversiones y generar empleo", con el objetivo de que "la lentitud de la Administración no sea un lastre en el crecimiento de la ciudad".

Así, señala que hay 2.774 expedientes pendientes, desde 1995, una "lamentable situación de inseguridad donde se encuentran desde bares y guarderías hasta proyectos de mayor envergadura", donde la emisión del informe medioambiental tarda un periodo medio de ocho meses, llegando a los dos años la licencia completa, mientras que el periodo medio para una consulta técnica en GMU o obras en Casco Histórico es de un mes y medio.

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), ha aclarado que la marcha de Ikea "no sería achacable" a la ordenanza de las actividades sino a otros asuntos económicos y relativos a la Junta de Compensación, a la par que ha señalado, respecto a la moción en sí, que la agilización de trámites es una "demanda de la ciudad" ya que los emprendedores se ven abocados "a un largo y tortuoso camino".

"Cs no ha descubierto la pólvora, sino que es un asunto que ocupa y preocupa al gobierno desde el primer minuto y ha desgranado las medidas desarrolladas", añade Muñoz, que apuesta por que antes del 31 de diciembre "sea una realidad, estando actualmente el escollo en la integración del personal". Recuerda que no se pretende el traspaso de la totalidad del servicio de gestión ambiental, sino sólo del que tiene las competencias relativas a licencias. "El sistema de licencias es mejorable pero funciona y vamos a acortar sus tiempos. No es un lastre para quien quiera emprender actualmente", advierte.

De su lado, la edil del PP María del Mar Sánchez Estrella ha mostrado su respaldo a la mayor parte de la propuesta, indicando que ha sido algo que "ha estado en la cabeza de todos los gobiernos estos años", mencionando que su gobierno impulsó la declaración responsable, aunque no ha apoyado el encomendar determinadas licencias de obras a colegios profesionales.

La portavoz de Participa Sevilla Susana Serrano señala que la moción establece una "puerta VIP para grandes megaproyectos" y señala que por "cada empleo que generan grandes superficies, como Ikea, se destruyen cinco de economía local". Además, señala que hay declaraciones responsables que "omiten parte de la legalidad".

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, apuesta por decantarse hacia la unificación de servicio o hacia la creación de una oficina para grandes proyectos y señala que la colaboración con colegios externos supone "la privatización de un servicio que ha de hacerse desde lo público". "Dudamos que si se unifica Medio Ambiente y Urbanismo se arregle la situación", añade.