Testifica en el caso del Sector F un arquitecto autor de un informe a instancias de la plataforma

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Coria del Río (Sevilla), que indaga el presunto desfalco de 3,7 millones de euros en las cuentas de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, ha tomado este lunes declaración como testigos a un empleado de la asesoría Asema y a un arquitecto autor de un informe sobre las facturas presentadas por la entidad respecto a trabajos de mantenimiento y su relación con las cuentas, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

El mencionado informe, según las citadas fuentes, habría sido elaborado por encargo de la plataforma de propietarios contraria a la cúpula directiva de la junta de compensación del Sector F. Y es que según las tesis de la citada plataforma de parcelistas, el mencionado desfalco no habría sido perpetrado en solitario por el tesorero de la entidad, principal investigado y actualmente en prisión.

Las mismas fuentes han precisado que el juzgado ha señalado finalmente para el 7 de junio la comparecencia como testigos de los responsables entre 2009 y 2015 de la sucursal bancaria encargada de la cuenta de la junta de compensación. Aunque inicialmente fueron llamados a testificar el pasado viernes, aquella tanda de declaraciones fue suspendida.

VARIOS INVESTIGADOS

La investigación judicial del presunto desfalco, como es sabido, mantiene en prisión al extesorero de la junta de compensación Julio Mateos, huido tras confesar que había "cogido" dinero de las cuentas, figurando como investigados en la causa Francisco Carvajal como presidente de la junta de compensación; el expresidente de la entidad, exconcejal socialista y actual director del Consorcio Fernando de los Ríos Ismael Perea; el secretario de la junta de compensación, Juan Carlos A.H.; el auditor, Juan Carlos Navarro; los exalcaldes de Almensilla José Carlos López (IU-CA) y Carlos Ufano; la administradora única de Torrens Abogados, Concepción T.S., y la también abogada Marianela S.C.

Además, sobre el Sector F pesa la ejecución provisional de la sentencia que condena a la junta de compensación a abonar casi 2,3 millones de euros a la constructora Istem S.L., por las obras encargadas en 2011 y paralizadas en 2012. La junta de compensación, no obstante, ha recurrido tanto la sentencia inicial relativa al conflicto de Istem, como el decreto de embargo preventivo de cientos de las fincas derivado de dicha sentencia.

Y por si fuese poco, los propietarios que no están abonando en el periodo voluntario las derramas correspondientes al préstamo concertado en 2004 para comenzar a urbanizar la zona, recordémoslo, están siendo objeto de procedimientos de recaudación ejecutiva instados por la junta de compensación, canalizados por el Ayuntamiento y formalizados finalmente por el Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal (Opaef).

Sobre tales impagos, por supuesto, pesa la crisis económica y la alta tasa de desempleo, por lo que todas las partes en conflicto reconocen que el asunto ha derivado en un grave "problema social".