El Ayuntamiento de Tomares se muestra "convencido" de que el TS archivará el caso de Guerra 21

Descarta "corrupción" y señala que las contrataciones arrancaron durante la época de gobierno del PSOE

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ante la decisión del Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla de elevar al Tribunal Supremo (TS) la causa de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Tomares, gobernado por el popular José Luis (PP), a la sociedad Guerra 21 y otras empresas ligadas a ella, a cuenta de la condición de aforado de Sanz como senador, el Gobierno municipal del PP se ha mostrado "convencido" de que el Supremo archivará el asunto.

En un comunicado remitido a Europa Press, el Ayuntamiento de Tomares ha analizado la providencia emitida por la juez instructora y su decisión de elevar las actuaciones al Supremo, a cuenta de la petición de la Fiscalía y de la condición de aforado del alcalde popular José Luis Sanz, senador por Sevilla.

Mientras esta causa judicial investiga un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en torno a las adjudicaciones del Ayuntamiento de Tomares a la empresa Guerra 21 y sus sociedades afines, supuestamente al margen de los procedimientos adecuados, el Ayuntamiento recuerda que el propio Juzgado de Instrucción número ocho archivó el pasado verano la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento al popular Juan Campos, por unos breves informes cuando aún no formaba parte del Gobierno local.

En esa investigación inicial, de la que por cierto arrancó la causa de Guerra 21, el Tribunal Supremo archivó ya en 2015 las actuaciones respecto a José Luis Sanz, al no apreciar delito alguno por parte del alcalde tomareño en los hechos indagados respecto a Juan Campos.

Por eso, el Gobierno local del Ayuntamiento de Tomares se muestra "convencido de que el Tribunal Supremo volverá a archivar, al igual que ya hizo en 2015, la petición realizada por la titular del Juzgado número ocho de Sevilla, ya que estamos ante una pieza muy similar a la ya fue archivada por el Alto Tribunal, que dejó claro que la actuación del alcalde de Tomares fue correcta y ajustada a la legalidad".

"Además, el propio Juzgado número ocho siguió la misma línea del Tribunal Supremo y el pasado mes de agosto decidió archivar la causa que seguía abierta sobre el Ayuntamiento de Tomares, por lo que si dos tribunales distintos han archivado la causa primera, desde el Ayuntamiento se está convencido de que de nuevo el Supremo seguirá igual camino y también archivará esta pieza separada", argumenta el Consistorio.

Y mientras esta nueva causa alude a la existencia de una presunta "trama de empresas" que se habría beneficiado de contratos con el Ayuntamiento de Tomares entre 2007 y 2014, el Consistorio avisa de que las empresas fueron creadas entre los años 1995 y 2009, "es decir, doce años antes de llegar José Luis Sanz a la Alcaldía, con lo que iniciaron su contratación con el Ayuntamiento en tiempos del PSOE".

"La supuesta trama empresarial, tras un año sin contratar con el Ayuntamiento", según el actual gobierno local del PP, "volvió a tener relaciones comerciales con el Consistorio a través del entonces socio del Gobierno del PP que no era otro que el concejal del PA, Alberto Mercado, que está imputado es esta causa" junto a varios concejales del Gobierno local del PP. "Es decir, que en la supuesta trama estarían implicados, según el informe del fiscal, tres grupos políticos, PSOE, PA y PP", recuerda el Consistorio.

"El grueso de la contratación tiene causa en el contrato de la Televisión de Tomares y se trata de un problema jurídico complejo, pues las partes han tenido que recabar informes a especialistas sin que estos se pongan de acuerdo en el tipo de contratación, si bien este tipo de contratos en otras administraciones tienen la consideración de privado", argumenta además el Ayuntamiento, según el cual "la investigación se basa en cuestiones sobre la aplicación del derecho y no de corrupción, toda vez que todos los contratos y los pagos fueron informados por funcionarios de carrera y, no solo por uno, sino que las plazas de secretario e interventor fueron ocupadas durante esos años por varios, y ninguno de ellos hizo objeción alguna".

"La investigación se viene produciendo desde el año 2014, lo que evidencia que tras una labor de investigación sin precedentes, la Fiscalía sólo atribuye una circunstancia de interpretación del derecho y que el Supremo, en un tema similar como hemos manifestado anteriormente, dijo en 2015 que se ajustaba a derecho la actuación del alcalde de Tomares", concluye el Gobierno local.