VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)
La Policía Judicial de la Guardia Civil ha descartado indicios de delito en las diligencias practicadas hasta el momento en el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), en torno a una de las denuncias formuladas por los suscriptores de los convenios urbanísticos implicados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dado que varios de estos particulares emprendieron acciones legales contra el Consistorio al objeto de reclamar las cuantías económicas entregadas merced a estos acuerdos sujetos a la anulación de la aprobación inicial del nuevo planeamiento urbano.
Fuentes de la investigación informaron a Europa Press de que si bien los agentes han practicado una serie de diligencias a instancias de un juzgado, de tales pesquisas se desprende que no existen indicios de delito en la posición del Ayuntamiento, gobernado por Antonio Manuel Suárez (PSOE), a la hora de no devolver al particular denunciante la partida económica entregada con motivo de un convenio urbanístico incluido en el documento de aprobación inicial del nuevo PGOU, texto anulado por el nuevo Gobierno municipal socialista tras las elecciones municipales de 2007.
Son varios los particulares que han emprendido acciones legales contra el Ayuntamiento después de que no les haya sido devuelto el dinero entregado al Ayuntamiento en el mandato anterior merced a los convenios urbanísticos negociados por el gobierno de coalición entre el PP y los independientes de Adolfo Balseiro. Y es que el actual Gobierno municipal suspendió la aprobación del nuevo PGOU, texto en el que se integraban estos acuerdos.
Una de las denuncias, por ejemplo, acusaba de "dolo" al Ayuntamiento alegando que la fianza de 62.500 euros depositada en 2005 en virtud de uno de estos convenios urbanísticos no había sido devuelta pese a las sucesivas reclamaciones del particular suscriptor del acuerdo y que, según el denunciante, el Consistorio gozaba de fondos.
A este suscriptor denunciante, así, el concejal de Urbanismo le habría manifestado en una audiencia que no había "dinero ni para pagar las nóminas de los funcionarios" y que el anterior equipo de gobierno, liderado primero por José Luis Tosca (PP) y luego por el independiente Adolfo Balseiro, había "gastado" esta cuantía. El denunciante, no obstante, detectaba una apropiación "indebida" de estos 62.500 euros como "castigo" por suscribir un acuerdo urbanístico con el anterior Equipo de Gobierno.
A tal efecto, aportaba la aprobación, a fecha de 7 de junio de 2009 y según la denuncia recogida por Europa Press, de los presupuestos del año 2009, en los que no figuraba partida alguna para la devolución de este dinero. Además, advertía de que la Publicación Oficial del Ayuntamiento recogía que la segunda entrega del depósito, de 31.250 euros, figuraba incluida en una de las cuentas bancarias del Ayuntamiento como "convenio urbanístico" según el arqueo a fecha 15 de junio de 2007 que figuraba en esta publicación municipal.