Una jueza cree que la normativa de la Junta "propicia" el fraude en formación

La magistrada concluye la causa contra nueve imputados por un fraude de más de cinco millones en cursos de formación

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha dictado un auto en el que imputa a nueve personas por considerar que existen indicios "suficientes" de que integraron una "trama organizada" en relación con las ayudas que por importe de más de cinco millones de euros recibió la entidad Formación Integral para el Empleo en ayudas públicas para la realización de cursos de formación, y en el que plantea que el fraude de la formación podría haberlo propiciado la propia normativa de la Junta.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada considera que tanto el propietario de esta empresa, José Sivianes, como su mujer, Ana María Rodríguez Jesús, y otros siete imputados habrían incurrido en presuntos delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad documental.

La juez, en este sentido, da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que "excepcionalmente" puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren "indispensables" para formular la acusación.

La instructora relata en el auto que el propietario de la sociedad Formación Integral para el Empleo habría logrado más de cinco millones de euros en subvenciones para programas de formación en los años 2010, 2011 y 2012, "superando con creces los 120.000 euros recibidos cada año natural".

De este modo, y para recibir las subvenciones vinculadas a la formación profesional para el empleo, los imputados prepararon "un entramado documental" que permitió justificar ante la administración autonómica los gastos, en un porcentaje del 80 por ciento como gastos de profesorado y el 20 por ciento restante como gastos de material.

Al hilo, la magistrada señala que estas subvenciones "fueron efectivamente cobradas" por el propio Sivianes y por su entidad "sin haber realizado, realmente, buena parte de los gastos justificados, que sólo corresponderían a un 30 por ciento de los importes facturados, habiendo defraudado importes superiores a los 120.000 euros en los ejercicios fiscales del 2011 y 2012".

A tal efecto, este empresario tenía contratado un contable "que sabía justificar cursos de formación", llegando a tener hasta tres contables, sostiene la instructora, que dice que "ello es posible al amparo del sistema que regula la orden de 23 de octubre de 2009 que desarrolla el Decreto por el que se regula la ordenación de la formación profesional para el empleo en Andalucía".

Así, explica que, cuando la Junta concede la subvención, se transfiere al beneficiario el 75 por ciento del importe, mientras que el 25 por ciento restante se aplaza hasta que finalice la actividad y se justifique la subvención concedida, "limitándose la administración a una comprobación formal del dinero empleado, es decir, que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".

Según sostiene, los cursos se impartieron "pero en un coste real del 70 por ciento menos de lo documentado a la Junta de Andalucía", de manera que "gran parte del dinero defraudado se canaliza a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas que se han localizado en varios cursos de formador ocupacional".

"Para presupuestar y justificar importes que cubran el máximo posible de las subvenciones a cobrar", el dueño de la empresa, con el asesoramiento del también imputado Manuel Jaime Fernández Recio, "situó como contratantes intermedios a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia" a cinco de los imputados, a los cuales "formalmente interpone como contratantes de los formadores, logrando que estos colaboren activamente en el fraude de subvenciones y el delito fiscal".

Estos cinco imputados declararon sus ingresos como empresarios sin serlo solo para evitar pagar impuestos y "utilizaban también una cuenta bancaria especial para devolver o reintegrar los importes ficticiamente recibidos", sostiene la magistrada.

SIN CONTRATOS DE SERVICIOS DE DOCENCIA

No obstante, "no existen contratos de prestación de servicios de docencia" entre la empresa y cada uno de los "cedentes" de profesores ni documentación "que justifique la relación jurídica existente entre éste y los docentes que se relacionan en las facturas", señala la juez, que asegura que José Sivianes "llegó a autopresupuestarse".

Además, cuatro de los imputados "intervienen activamente no sólo figurando como empresarios de la docencia, en algún caso tras simplemente anunciarse para dar clases particulares", sino también "a través del mecanismo de los pagarés por el que concurren a sendas operaciones de ampliación de capital de la empresa de José Sivianes que no son sino mecanismos ficticios para justificar la vuelta de los fondos recibidos a manos" de este empresario.

La juez resalta igualmente que "tampoco es justificable, como refrendo del carácter ficticio de toda la operación de ampliación de capital", que por parte de los imputados "se otorguen poderes" a Manuel Jaime Fernández "sobre los pagarés recibidos por aquellos como contraprestación de las ampliaciones de capital".

EL COSTE REAL DE LOS CURSOS FUE "MUY INFERIOR" AL JUSTIFICADO

De igual modo, la juez señala que los cursos subvencionados "fueron impartidos" pero su coste real fue "muy inferior al justificado", de forma que, "si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros", a lo que se suma que el mismo concepto "se factura por duplicado", ya que en varios cursos de formador ocupacional de 400 horas cada uno "aparecen como docentes autorizados varias personas con 400 horas de clase cada una, pero en cambio se facturan 800 horas".

La juez añade que "se factura en reiteradas ocasiones por el alquiler de equipos, como un cañón proyector, y mobiliario a un coste notablemente superior al que tendría en el mercado la adquisición definitiva de tales bienes", lo que "evidencia el fraude de la operación", mientras que los imputados también "facturaron productos inexistentes o no suministrados por los proveedores", como por ejemplo monitores de 17 pulgadas.

"También queda de manifiesto que, aunque el seguimiento de la administración se limita a una comprobación formal, lo cierto es que el material entregado es valorado como justo o escaso por los alumnos pese al coste de facturación declarado", asegura la juez, que indica que, para la facturación, "se actúa con la colaboración activa" del también imputado Víctor Manuel Fernández Sanz a través de su entidad 'Vicafer Gestión'.

Esta última entidad presentó a partir de 2012 presupuestos para la adquisición de material didáctico "pese a ser una empresa dedicada al comercio de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles", mientras que, a través de 'Bio Oil Doñana', el imputado facturó por el alquiler de mesas y sillas y el mantenimiento de ordenadores a pesar de que la sociedad se dedicaba al comercio al por mayor de alimentos.

Así, este imputado facilitó a José Sivianes "la acreditación de gastos frente a la administración, propiciando de esta forma el fraude de subvenciones, delito fiscal y un delito de falsedad documental".

SE DOCUMENTÓ UN SUMINISTRO "NO REAL"

Y es que se documentó "un suministro que no es real", puesto que ninguna de las entidades vinculadas a Víctor Manuel Fernández "tienen infraestructura, instalaciones --los domicilios sociales se sitúan en domicilios particulares-- o medios de producción que les permitan asumir esos servicios".