Participa denuncia posibles delitos por los "incumplimientos" del parking de Adolfo Suárez

Señala "la inacción cómplice de una administración local que está muy lejos de garantizar la legalidad urbanística"

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha denunciado ante la Fiscalía posibles delitos de prevaricación urbanística y administrativa, contra la ordenación del territorio y de falsedad documental, con relación al aparcamiento que explota Parking Sevilla Puerto en la avenida Adolfo Suárez. El negocio, según la denuncia, habría funcionado sin licencias de obras ni de actividad, sin que el Ayuntamiento adoptase medidas determinantes pese a los repetidos "incumplimientos".

En su denuncia, presentada este lunes por los propios concejales de Participa y recogida por Europa Press, se detalla que en mayo de 2014, la Autoridad Portuaria de Sevilla, entonces presidida por la actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Carmen Castreño, otorgó a la sociedad Parking Sevilla Puerto, administrada por Francisco Camúñez, una concesión administrativa para ocupar una parcela de la avenida Adolfo Suárez, en Los Remedios, "para su uso como aparcamiento en superficie y lavadero de vehículos". No obstante, precisa la denuncia que pese a la autorización de la ocupación aprobada por el Puerto, como titular de los suelos, el proyecto no contaba con "licencia urbanística ni licencia de actividad".

Precisamente por ello, en septiembre de 2014, la Gerencia de Urbanismo ordenó a la empresa "la inmediata suspensión" de la actividad de parking que ejercía "sin licencia". Pero la empresa, según la denuncia, hizo "caso omiso" de la orden, y días después de ser emitida la misma, solicitó a la Gerencia de Urbanismo la preceptiva licencia urbanística, si bien la actividad ya llevaba "cuatro meses" en funcionamiento.

Y aunque en noviembre de 2014 y enero de 2015 la Gerencia de Urbanismo aprobaba sendas multas de 1.200 euros a la empresa, por incumplir la orden de suspensión de actividad, Participa expone en su denuncia que el Ayuntamiento ya daba muestras de "permisividad", al no adoptar medidas "más gravosas" y contundentes contra la empresa, pues "en todo este tiempo, no se suspende el uso de parking abierto al público".

Al respecto, abunda la denuncia que tanto en diciembre de 2015, como en enero de 2016, fue retirada del orden del día de la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo una propuesta destinada a una tercera multa, toda vez que por aquel entonces la empresa había impugnado las dos primeras sanciones aprobadas por la Gerencia.

EL CASO, DE PRINCIPIO A FIN

La denuncia, en ese sentido, expone que con todo el recorrido del caso, en abril de 2016, la Gerencia de Urbanismo aprobaba provisionalmente la licencia de obras correspondiente a la instalación de un aparcamiento en superficie en favor de la citada empresa, si bien "todas esas obras llevaban ya hechas casi dos años, estando el parking funcionando sin licencia de obras ni actividad, con el único y pequeño inconveniente de dos multas que sumaban 2.400 euros".

Y ya en enero de 2017, después de que la empresa solicitase la renovación de la licencia provisional concedida en 2016, una inspección urbanística habría revelado "14 incumplimientos de las obras e instalaciones realmente existentes, en relación a la licencia provisional, la mitad de las cuales son instalaciones no autorizadas, ejecutadas en la zona de servidumbre de protección probable".

Sobre este último aspecto, la denuncia señala "94 plazas de estacionamiento para autocaravanas que no se contemplan en el proyecto presentado" y que invadirían la "zona de servidumbre de protección probable", es decir "suelos considerados de especial protección por la normativa urbanística". "Llama la atención que dicha invasión pasase inadvertida para Urbanismo antes de otorgar la licencia provisional, pues la empresa llevaba ya dos años ocupando el terreno y explotándolo", avisa la denuncia.

POSIBLE DELITO

"Las obras llevadas a cabo por la empresa en la zona de servidumbre de protección del dominio público hidráulico, de consideración como suelo no urbanizable de especial protección, constituyen no sólo una infracción urbanística muy grave, sino un delito contra la ordenación del territorio", señala la denuncia, recordando las competencias del Ayuntamiento para actuar ante casos así e incluso elevarlos a la Fiscalía. Y es que según la denuncia, el Ayuntamiento no habría expuesto el Asunto al Ministerio Público, considerando como "garaje privado" el mencionado negocio "a pesar de todos los incumplimientos.

No fue hasta el 25 de enero de este año, según la denuncia, cuando la Gerencia de Urbanismo ordenó de nuevo la suspensión de la actividad, pero sin promover un "precinto" como tal del negocio, aprobando además apercibimientos en diferentes aspectos. Y aunque la empresa habría formulado alegaciones al respecto, allá por el mes de febrero, la denuncia expone que la empresa "no niega la invasión de la zona de servidumbre de protección del dominio público hidraúlico", siendo tales alegaciones desestimadas y siéndole impuesta una multa más, esta vez por 2.883 euros.

Y dado que el 30 de marzo expiró la autorización del Puerto a la empresa para la ocupación de los suelos, la denuncia pregunta "¿Por qué en esa fecha no se revocó la licencia provisional otorgada", pues los suelos seguirían "en uso" por parte de Parking Sevilla Puerto S.L., que tras diversas gestiones, lograba que el pasado 26 de mayo, la Gerencia de Urbanismo autorizase provisionalmente "un reformado de la licencia concedida. Así, la denuncia señala "la inacción cómplice de una administración local que está muy lejos de garantizar la legalidad urbanística".

Por eso, la denuncia pide a la Fiscalía que investigue presuntos delitos urbanísticos de la empresa, de prevaricación urbanística y administrativa por los "funcionarios y autoridades municipales", delitos contra la ordenación del territorio y, finalmente, de falsedad documental, recordando que tras tantos "incumplimientos", la empresa habría obtenido ingresos como mínimo por más de 800.000 euros, haciendo frente a sanciones por menos de 5.000 euros.