Anticorrupción pide fianza civil de 5,5 millones a Rivas por meter intrusos

Alaya imputa tres delitos al exdelegado de Empleo en Sevilla, que se niega a declarar y dice tener la conciencia "muy tranquila"

   SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes una fianza de responsabilidad civil de 5.579.696 euros para el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, a quien la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares atribuye la inclusión en los ERE que autorizó de varios 'intrusos', entre ellos familiares, amigos y personas vinculadas al PSOE.

   Rivas, que fue delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre el 31 de mayo de 2000 y el 20 de abril de 2010, ha comparecido ante la magistrada Mercedes Alaya 1.115 días después de ser imputado y se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez le haya imputado tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

   Antes de su comparecencia, el imputado elevó un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que pedía a la juez que grabara su declaración y que le informara de las pruebas de la Guardia Civil para atribuirle un "enriquecimiento ilícito", así como que le diera traslado del último atestado sobre Mercasevilla, peticiones que no han sido respondidas por la juez.

   Según el acta de su comparecencia, consultada por Europa Press, Alaya considera que Rivas, como autoridad laboral competente, "autorizaría un considerable número de ERE que recibirían subvenciones sociolaborales" de la Dirección General de Trabajo "con total ausencia de procedimiento", lo cual sería conocido por el imputado "pues era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial".

   "Gran parte de estas ayudas, conociendo y aprovechando Rivas el carácter discrecional de concesión, fueron comprometidas previamente por él, quien de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas así como en la inclusión de ciertos 'intrusos'", dice la juez, que a continuación analiza el papel de Rivas en relación con los ERE de Mercasevilla de 2007, Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox.

   En relación al ERE de 2007 de Mercasevilla, la magistrada señala que "fue autorizado" por Rivas "por las mismas causas económicas y organizativas" que el de 2003, "no habiendo apreciado dolo, fraude ni la menor irregularidad en este segundo expediente pese a que la causa alegada en el primero fuera una sobredimensión de la plantilla", frente a lo cual en ese plazo Mercasevilla "contrató prácticamente el mismo número de trabajadores que habían sido despedidos en el primer expediente".

   En dicho ERE de 2003, según la juez, Rivas "autorizó la extinción de contratos de cinco trabajadores que fueron prejubilados con 49 años, cuando la edad mínima del Plan de Prejubilaciones aprobado era 50 años", mientras que en el de 2007 "se autorizó por el inculpado la extinción de los contratos de trabajo de cuatro trabajadores que no lo eran de Mercasevilla sino de la fundación".

   A ello se suma que, "indiciariamente con el conocimiento" del imputado, fue introducido como 'intruso' en la póliza de rentas para la prejubilación de los trabajadores de Mercasevilla Antonio Garrido Santoyo, secretario de Administración de UGT en Sevilla, todo ello en un expediente en el que "actuaría de intermediario" el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.

LA JUNTA "REGALÓ FONDOS PÚBLICOS A PERSONAS PRÓXIMAS" A RIVAS

   En relación a Intesur, la juez señala que "ejerció" su influencia sobre el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para que "tres conocidos suyos" fueran incluidos en la póliza "pese a no haber trabajado nunca" en esta empresa y "sin mediar solicitud alguna de ayuda", citando en este sentido a José Antonio García Prieto, que había sido concejal en Camas cuando Rivas era alcalde; Ricardo Medina Barrios y José Acevedo López, familiar del propio encausado.

   En cuanto a Surcolor, la juez Alaya le atribuye haber tenido conocimiento de un "despido colectivo encubierto" y de actuar "conjuntamente" con Lanzas para conseguir "a través de sus influencias" la inclusión en las pólizas de dos personas de "su círculo personal", como son Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE de Camas, y José Antonio Márquez, familiar de Rivas.

   Según asevera la juez, la Junta de Andalucía "regaló fondos públicos a estas personas próximas" a Rivas.

   Sobre Aglomerados Morell, dice que el imputado "acudiría junto a Lanzas a diversas reuniones con la familia Morell con carácter previo a la adquisición por éstas de las instalaciones de Villanueva del Río y Minas" en las que "se comprometería a la obtención por parte de la familia Morell de importantes subvenciones por importe de más de dos millones, exigiendo para favorecer al PSOE de dicha localidad el despido de parte de su plantilla y la contratación de trabajadores" de dicha población.

EL CASO DE CALDERINOX

   De esta manera, "y sin velar porque los despidos se realizaran a través del oportuno ERE", Rivas obtendría la concesión por parte de Guerrero de la ayuda sociolaboral para la prejubilación proyectada justo el último día en su cargo de Guerrero, una financiación que se extendería para cubrir el coste de la inclusión en la póliza del dueño de la empresa, "jubilado desde hace años, al que se le introduciría para que recuperase parte de la inversión realizada".

   En cuanto a Calderinox, Alaya dice que Rivas "ejercería de modo activo su influencia" sobre Juan Márquez "para atender el compromiso adquirido con la Federación de Industria de CCOO de incluir en dicha póliza al afiliado Antonio Fernández Garzón".

   Una vez la juez ha terminado de leerle la imputación, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en las que la Fiscalía ha solicitado que se le imponga una fianza civil de 5.579.696 euros a fin de "asegurar en lo mayor posible el reintegro de los fondos malversados", solicitud a la que se ha adherido Manos Limpias, mientras que la acusación que ejerce la Junta ha pedido una fianza civil de 3.260.250 euros más el tercio legal.

   El abogado de Rivas, Jon Ander Sánchez, se ha opuesto a la imposición de las medidas interesadas al entender que su representado, "a lo largo de su actuación durante prácticamente 10 años como delegado provincial de Empleo, ha actuado en todo momento conforme a la legalidad y en el ejercicio de las competencias que tenía asignadas".

DISTINGUIR ENTRE ERE Y PÓLIZAS DE PREJUBILACIÓN

   "Ningún ERE de los estudiados tiene irregularidad alguna, ni se ha constatado ni tan siquiera de modo indiciario la existencia de ningún intruso o de ninguna inclusión indebida en los ERE aprobados" por el imputado, a lo que se suma que "todos los ERE aprobados por Rivas lo han sido previo informe favorable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que legalmente es la garante de la legalidad en estos procedimientos".

   A juicio del letrado, "es importante distinguir ERE de pólizas de prejubilación, pues ninguna irregularidad se ha producido en los primeros y la negociación, tramitación y aprobación de las pólizas no era en absoluto responsabilidad ni competencia de Rivas".

   Respecto a las vinculaciones de los 'intrusos' con Rivas y el PSOE, el letrado ha dicho que "no se prueba ni se acredita" que su cliente tuviera conocimiento de ello y "simplemente se presupone a partir del parentesco y de la cercanía militante", una apreciación "para establecer delitos de esta gravedad que sitúa a Rivas en la más absoluta indefensión".

   Una vez terminada la comparecencia, y al salir de los juzgados, Antonio Rivas ha atendido a los medios para defender únicamente que tiene la conciencia "muy tranquila".