El TSJA analiza este martes los escritos de disconformidad de Alaya y Núñez con el reparto de 'macrocausas'

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene previsto analizar en su reunión de este martes los escritos en los que las jueces Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños expresan su disconformidad con el plan de actuación que el Alto Tribunal andaluz aprobó el 23 de junio, por el que asignó a Alaya el caso de los ERE irregulares y el delito societario de Mercasevilla, y a su sustituta la instrucción de las restantes 'macrocausas', como son las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la titular del Juzgado presentó un escrito ante el TSJA en el que expone su desacuerdo con el reparto de asuntos aprobado, mientras que la magistrada Mercedes Alaya, que cabe recordar que solicitó seguir instruyendo las tres 'macrocausas', elevó un escrito directamente ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Debido a ello, la Comisión Permanente, que tenía previsto ver el pasado jueves dicho plan de actuación, decidió aplazar su decisión y solicitó al Alto Tribunal andaluz la emisión de un informe donde resuelva los escritos presentados por ambas magistradas, lo que se verá en la reunión de la Sala de Gobierno prevista para este martes día 7 de julio.

En caso de que el TSJA resuelva el asunto este martes, lo elevará al CGPJ para su aprobación, aunque sería complicado que el asunto se viera en la reunión de la Comisión Permanente del día 9 y se podría posponer hasta el día 16 del presente de mes de julio, según han indicado las mismas fuentes.

En espera de que el CGPJ aprueba este plan de actuación, la juez Mercedes Alaya se ha incorporado ya a su plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.

EL PLAN DE ACTUACIÓN

La Sala de Gobierno del TSJA aprobó por unanimidad el pasado 23 de junio el reparto propuesto por la juez María Núñez excepto en lo relativo al caso ERE, ya que la titular había planteado la imposibilidad de decidir sobre el conocimiento y posible reparto de esta causa, ya que se encuentra pendiente de resolver por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre su división en piezas separadas, cuestión "relevante" para decidir sobre el reparto y colaboración entre titular y comisionada.

La Sala de Gobierno, por el contrario, considera que, con "la finalidad de lograr celeridad y eficacia en la sustanciación de los procedimientos y ponderando el conocimiento que posee la anterior titular del Juzgado respecto de los asuntos de mayor antigüedad", Mercedes Alaya, que ha obtenido una de las dos comisiones de servicio para reforzar el Juzgado, debe encargarse también de la causa de los ERE "hasta que se resuelva sobre su división en piezas separadas, reiterada por el Ministerio Fiscal y pendiente de respuesta judicial".

De su lado, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que debe resolver el recurso de la Fiscalía para dividir el caso en piezas separadas, ha dictado una providencia en la que señala que, "antes de darse un señalamiento conforme al turno existente, dada la relevancia del asunto objeto de debate se analizarán los autos por si fuera posible una rápida resolución del recurso con el menor perjuicio para los señalamientos ya acordados".

Además, los magistrados de la Sección Séptima han solicitado a la juez María Núñez Bolaños que remita testimonio de la resolución que dicte en respuesta al escrito del pasado 18 de junio en el que el Ministerio Público solicitó la división del caso en piezas separadas, petición a la que se ha opuesto en reiteradas ocasiones la juez Alaya.

El Ministerio Público ha pedido a Núñez Bolaños que divida la causa en tres grandes bloques, como son uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otra con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque que incluiría más de 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.