La UCO entrega a Alaya las 13 declaraciones de altos cargos reclamadas

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares las 13 declaraciones reclamadas tras la orden de la Audiencia Provincial de Sevilla y otras tres relacionadas con IFA/IDEA, tras lo que la magistrada ha dado traslado de las mismas a las partes personadas en el procedimiento.

   En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya da cuenta de que la UCO ha remitido "por correo electrónico" las declaraciones solicitadas por el Juzgado "en cumplimiento de lo acordado" por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, así como otras tres manifestaciones tomadas por la UCO "y relacionadas con IFA/IDEA".

   De este modo, "y sin perjuicio de que se aporten las originales", la juez instructora acuerda dar traslado a las partes de copias de la documentación recibida.

   Fue la pasada semana cuando la magistrada cumplió con la orden que le dio la Audiencia Provincial de Sevilla, que consideró que "la falta de incorporación de esas declaraciones puede conculcar el derecho de defensa que desde la imputación corresponde al denunciando" conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y reclamó la entrega "inmediata" de las 13 declaraciones referidas.

    En concreto, se trata de las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil por los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano; por el expresidente del IFA Salvador Durban; por Plácido Domingo Estévez, exjefe de la asesoría jurídica y exsecretario general del IFA; por los exsecretarios generales de IFA/IDEA Francisco José Oyonarte, Miguel Lucena y Antonio Lara; el exdirector de las empresas participadas del IFA Juan Carlos Ollero, o los exdirectores generales de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela.

   La Guardia Civil también ha entregado a la juez las declaraciones prestadas por Rocío Malave, extécnico de control financiero del IFA; Sonia Salgueiro, personal del Departamento de Administración y Finanzas de IDEA desde 2010, y Antonio Jesús Mena, exdirector de Área de Planificación y Seguimiento de la COnsejería de Presidencia.

LA ORDEN DE LA AUDIENCIA

   Hay que recordar que la Sección Séptima de la Audiencia dictó el pasado 27 de junio dos autos en los que ordenaba incorporar a la causa dichas declaraciones, aunque en unos de ellos parecía culpar a la propia juez de no haber facilitado las mismas a las partes y en el segundo auto criticaba a la Guardia Civil por "sustraer" a la magistrada el conocimiento de dichas declaraciones.

   En el primer auto, la Sección Séptima estimaba el recurso interpuesto por los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano y criticaba que "no traer al proceso esas declaraciones policiales, cuya incorporación ya estaba acordada en resolución judicial no dejada sin efecto, no sólo incumple el principio de la publicidad de la instrucción para las partes, al no estar declaradas secretas las diligencias, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados".

   Ese mismo día, la misma Sala de la Audiencia dictó un segundo auto en el que resuelve un recurso similar planteado por los exdirectores generales de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela aunque dirige su crítica contra la Guardia Civil y asevera que "sustraer a la instructora el conocimiento de esas declaraciones no solo incumple los principios de dependencia y subordinación de la Policía Judicial a jueces y fiscales en la investigación de delitos, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados por la propia magistrada".

   Se trata de la única diferencia entre los dos autos, que en ambos casos ordena a la juez Alaya que requiera a la Guardia Civil para que haga entrega de forma "inmediata" de las declaraciones tomadas a estos 13 personas entre exaltos cargos y trabajadores de la Junta de Andalucía, las cuales "se incorporarán, si aún no lo han sido, de inmediato a las presentes diligencias previas".

"CONTRADICCIÓN" DE ALAYA

   En sendos autos, el tribunal expresa su "extrañeza" por la "contradicción" en la que "ha incurrido" la magistrada, ya que en la parte dispositiva de un auto dictado el 7 de noviembre de 2013 "ordenaba que se remitieran por la UCO las declaraciones prestadas en esa Unidad de Policía Judicial, conforme a la relación que esta última realizó, mientras que en el auto que se recurre de 7 de febrero de 2014 justifica y santifica la remisión de tan sólo dos de esas 15 declaraciones".

   Todo ello, según la Audiencia, "bajo el argumento de que su incorporación no es necesaria hasta que se culmine el atestado que la UCO está confeccionando desde el año 2012" en torno a la agencia IDEA.

   Al hilo de ello, explica que en esta causa "tan prolija" se investiga entre otros extremos la comisión de posibles delitos cometidos por altos cargos de la Junta y de IFA/IDEA, "estando ya imputadas personas que han tenido cargos de relevante responsabilidad política y administrativa por su posible participación en dichos delitos".

   "En consecuencia, el contenido de esas declaraciones prestadas en sede policial pudieran ser de sumo interés para las defensas de los imputados, quienes a partir del conocimiento del contenido de esas declaraciones podrían solicitar la práctica de nuevas diligencias para contrarrestar los posibles indicios que de esas declaraciones no incorporadas a las presentes diligencias previas pudieran pesar sobre los ya imputados", razona la Audiencia.

   A su juicio, "la falta de incorporación de esas reiteradas declaraciones puede conculcar el derecho de defensa que desde la imputación corresponde al denunciando" conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.