SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Tras la reciente aprobación del decreto autonómico de modernización del Taxi en el seno del Consejo Andaluz del sector, --que incorpora la precontratación a precio cerrado y por plaza en los supuestos de gran demanda--, la Unión Sevillana del Taxi ha avisado de que el gremio seguirá "peleando" por la demanda de que la Junta de Andalucía imponga a los vehículos de transporte concertado (VTC) que operan para las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify un tiempo mínimo de precontratación antes de la realización del porte, uno de los principales "caballos de batalla" de los taxistas.
Así lo ha manifestado a Europa Press Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, precisando que se trata de una reivindicación paralela a los aspectos introducidos en el decreto autonómico de modernización del sector andaluz del taxi, pero que ha de ser articulada mediante una modificación de la Ley andaluza de 2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros.
"Vamos a seguir peleando en demanda de ese tiempo mínimo de precontratación para los VTC, porque no puede ser que los VTC trabajen prácticamente igual de los taxis", ha enfatizado, insistiendo en que se trata de modalidades de transporte de viajeros diferentes y sometidas cada una de ellas a sus propias regulaciones. Así, Fernando Morales ha asegurado que más allá de la mencionada aprobación del decreto de modernización del sector andaluz del taxi, el gremio mantendrá la mencionada reivindicación.
EL CONFLICTO ENTRE LOS TAXISTAS Y LOS VTC
Y es que el sector del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.
En el marco de este conflicto, la Policía Nacional tiene como investigados a más de 32 taxistas, por supuestos casos de acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC e incluso a otros taxistas, toda vez que fruto de estas pesquisas policiales, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha incoado una causa en la que figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi por supuestas coacciones y daños para acaparar la parada de taxis del aeropuerto.
En paralelo, a la hora de esclarecer cómo desarrollar en Andalucía el Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los VTC que operan para las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify, los taxistas de Sevilla capital y el Consistorio hispalense han pedido a la Junta que ciña la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre 30 minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos.
NOVEDADES PARA EL TAXI
En cualquier caso, el nuevo decreto autonómico de modernización del taxi incorpora la posibilidad de ofrecer el precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación digital, de manera que los usuarios puedan conocer de forma anticipada la tarifa máxima que pagarán al final del trayecto, así como la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda para abaratar el coste de los trayectos y contribuir a reducir el volumen del tráfico.
Además, incluye la obligación de que los vehículos auto taxis dispongan de medios de pago en tarjeta u otros medios telemáticos, suprime la exigencia de que el vehículo sea conducido por el mismo titular de la licencia, ya que una sentencia judicial considera que esa medida no responde al interés público; y elimina la restricción de que el vehículo no supere los dos años de antigüedad en el momento de concesión inicial de la licencia tras un fallo del Tribunal Supremo.
Además, con el nuevo texto se permite la recogida de pasajeros en municipios diferentes al que se haya iniciado el servicio siempre que todos ellos lleguen al mismo destino y permite que los ayuntamientos puedan habilitar puntos de paradas específicos para los servicios precontratados, así como exigir una mayor flota operativa para atender la demanda en eventos especiales como ferias, conciertos o congresos multitudinarios.