La Universidad Pablo de Olavide convoca 80 plazas para personal técnico de apoyo y gestión de la investigación

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha publicado este jueves una convocatoria para cubrir 80 plazas de personal técnico de apoyo y gestión de la I+D+i. Esta resolución se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el Programa Operativo de Empleo Juvenil de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo.

Según reza la convocatoria consultada por Europa Press, el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, que se desarrolla en el marco del Fondo Social Europeo (FSE), es el principal instrumento por el que se implanta la Iniciativa de Empleo Juvenil y se ponen en marcha los sistemas de Garantía Juvenil, con el fin último de combatir el "altísimo" desempleo de las personas jóvenes, entre ellas, aquellas que han finalizado su etapa formativa y tienen dificultades para encontrar un primer empleo.

Se trata de contratos temporales, dirigidos a titulados universitarios y de Formación Profesional, tanto de Grado Medio como Superior en ambos casos. Estos contratos estarán vinculados a grupos y centros de investigación, departamentos y unidades de gestión de la Universidad Pablo de Olavide y la forma de provisión de estas plazas será el concurso de méritos, a través de la valoración del expediente académico. El plazo de presentación de solicitudes termina el lunes 24 de abril de 2017.

La convocatoria va dirigida a jóvenes menores de 30 años que figuren inscritos en el en el sistema nacional de garantía juvenil. Una vez inscrito es necesario presentar la solicitud, disponible en la web del Área de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide.

Además, como requisitos específicos se cuentan tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia; no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas; y, en el caso de extranjeros no comunitarios, poseer la correspondiente autorización que les permita trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.