Uralita asegura que fue "de las primeras que adoptó voluntariamente medidas de prevención contra el amianto"

Apunta que la inversión entre 1964-1996 de más de 1,2 millones en medidas de seguridad e higiene, una cifra que hoy día serían unos cinco millones

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Uralita ha asegurado este miércoles en la segunda sesión del juicio que se celebra en el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla que fue Uralita "una de las primeras empresas que adoptó voluntariamente medidas de prevención contra el amianto".

En una nota remitida tras la conclusión de la segunda jornada del segundo juicio colectivo contra la empresa Uralita, donde un grupo de 30 extrabajadores de la antigua fábrica de Dos Hermanas (Sevilla) que resultaron afectados por el amianto le reclaman 4,2 millones de euros de indemnización por los daños causados, Uralita ha asegurado que "siempre ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con toda la legislación vigente en materia de amianto".

Así, ha precisado al juez en concreto, la fabrica de Uralita en Sevilla se cerró en 1998 "y 20 años antes, en 1977, fue de las primeras empresas que, adelantándose a la legislación, adoptó voluntariamente diversas medidas de prevención, cinco años antes de que entrara en vigor la Ley española de 1982, y seis años antes de que aparecieran las recomendaciones al respecto de organismos tan relevantes como OIT (Organizacion Internacional del Trabajo) y CEE (actual UE)".

Asimismo, ha apuntado que Uralita "comenzó a trabajar en la sustitución de este producto en sus fabricas antes de la entrada en vigor de la normativa europea de 1999 y española de 2002 sobre prohibición de uso y comercialización de productos con amianto", un proceso que, según precisa, culminó en mayo de 2002 y supuso la instalación de nuevas tecnologías "que permitían fabricar productos sin amianto".

Como actuaciones concretas en la fabrica de Sevilla, Uralita ha destacado la construcción de una nueva fabrica en 1965 que, "como ha explicado con fotografías, contaba con todas las medidas de seguridad que la normativa vigente exigía, lo que supuso instalar nueva maquinaria y que la fábrica antigua de 1949 se destinara sólo una actividad residual, el moldeado de piezas e inyección".

La empresa ha indicado que la inversión en el período 1964-1996 de más de 1,2 millones de euros en diversas medidas de seguridad e higiene, una cifra que "actualizando IPC serian unos cinco millones de euros (834 millones de pesetas).

Asimismo, ha resaltado que en Sevilla se puso en marcha el primer laboratorio de recuento de fibras homologado en España; además de la creación de una comisión interna de seguimiento de esa problemática, la Comisión Nacional del Amianto de Uralita, "precursora de la que luego se creó por la Administración".

Respecto al contexto en el que desarrollo su actividad Uralita considera que "es importante hablar de este asunto contextualizando" y, asevera, que, en este sentido, "está probado que hace 40 años se desconocían los efectos del amianto y era un material legalmente utilizado por numerosos sectores tanto en España como en el resto del mundo; fue una sustancia permitida por la UE hasta 2005".

Asimismo, ha apuntado que, en concreto, "ni el mesotelioma ni el cáncer de pulmón se reconocieron como enfermedades profesionales de amianto hasta 1978".

Uralita alude a un reciente informe del Consejo de Estado de 2013 que reconoce que "la única medida eficaz para prevenir las enfermedades derivadas del amianto y muy especialmente las cancerígenas es la prohibición del uso del amianto, hecho que no se produjo en España hasta el año 2002".

En ese sentido, recuerda que la fábrica de Sevilla "fue creada en la década de los cuarenta y ceso en su actividad en 1999".

Por su parte, fuentes judiciales cercanas a los demandantes han indicado que este miércoles han tenido lugar las pruebas testificales, con la declaración de dos antiguos trabajadores "que han explicado cómo eran las condiciones de trabajo en la fábrica", con lo que "han desmontado la imagen de buena empresa que realiza inversiones en materia de prevención de riesgos; todo ello queda desvirtuado con la declaración de los testigos".

Una vez concluida esta segunda jornada del juicio --la primera fue el pasado lunes--, las partes quedan pendientes de presentar sus conclusiones definitivas por escrito, para lo cual tendrán cinco días. De esta forma, cuando se presenten las conclusiones, quedaría visto para sentencia.