ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los agentes sociales aragoneses --CCOO, UGT, Cepyme y CEOE-- y el Gobierno autonómico han firmado este miércoles un acuerdo socioeconómico de legislatura dividido en cinco ejes: formación y empleo; relaciones laborales y negociación colectiva; dinamización empresarial; cohesión, acción social y servicios públicos; y simplificación y modernización administrativa.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que están "especialmente satisfechos de saber llegar a acuerdos" en un momento como el actual, con altos grados de crispación y polarización.
Un acuerdo, ha continuado, que demuestra "la forma de ser que tenemos los aragoneses", a los que ha definido como "gente trabajadora, gente esforzada, gente solidaria, pero también de llegar a acuerdos, de darnos la mano, de fiar, de pactos, desde el Compromiso de Caspe hasta el 'Standum est chartae' --principio jurídico que fundamenta el derecho civil aragonés según el cual los particulares tienen derecho a regular sus intereses privados dentro de los límites de normas superiores--".
Ha recordado que "son muchos años" los que Aragón lleva aportando datos socioeconómicos por encima de la media española y lo ha achacado a que los inversores saben que van a contar con una paz social y una estabilidad que hay "pocas comunidades autónomas que puedan ponerse al nivel".
PAZ SOCIAL PARA ATRAER INVERSIONES
Una paz social que significa "ser capaces de seguir atrayendo inversiones, seguir fortaleciendo a empresas, negocios, a quienes crean empleo, a quienes crean riqueza", ha añadido.
En este sentido, el presidente ha recalcado que el futuro es "especialmente esperanzador" después de un 2024 que se va a conocer como "el año de las inversiones", a las que confía en que, "dentro de muy poco tiempo", se sume la gigafactoría de Stellantis y CATL porque "se está haciendo bien el trabajo".
Con esta nueva inversión estratégica en otro sector "crucial" como es la automoción, la región se acercaría o superaría los 40.000 millones llegados de fuera del país, frente a los 28.200 millones de media que llegan al año al conjunto del país --cien a la Comunidad Autónoma--, con lo que lo anunciado en 2024 van a ser como "400 años de inversión extranjera en Aragón".
Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha explicado que este acuerdo es la concreción de un primer documento suscrito el año pasado y nade del "espíritu pactista" de Aragón.
Con él, el Ejecutivo autonómico se compromete a trabajar por que trabajadores y empresas estén en el centro de su línea política "como garantía de bienestar social".
SINDICATOS
El secretario general regional de CCOO, Manuel Pina, ha enmarcado esta declaración como "de continuidad y normalidad" ya que Aragón es la única comunidad autónoma que ha mantenido el diálogo social desde 1989, lo que ha achacado a que "los agentes sociales nos lo hemos creído" y a que "los gobiernos se lo han creído".
En este contexto, Pina ha considerado que si la comunidad tiene mejores datos y llegan o se mantienen inversiones, "a veces tiene que ver con este clima de consenso"
Ha subrayado también que el diálogo social "no es un objetivo en sí mismo", sino una herramienta para mejorar, avanzar y conseguir una mayor cohesión social al sumar las diferentes visiones al acuerdo.
Desde UGT Aragón, su secretario general, José Juan Arceiz ha dicho que es "un día muy importante" porque se firma un acuerdo "de amplio espectro" y que toca "casi todas las capas" de la economía aragonesa y del ámbito social.
Ello, además, va a permitir seguir formando a los aragoneses para que puedan optar a los puestos de trabajo que se están creando, así como reforzar los servicios públicos, además de hablar también de igualdad, de vivienda, de servicios sociales, de despoblación o de movilidad.
Arceiz ha destacado también que el documento se detiene en la lucha contra la siniestralidad laboral, la consolidación de servicios "muy importantes" como el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) o en la modernización de la Administración, aunque ahora falta desarrollar el acuerdo para que redunde en que sigan viniendo inversiones.
Por último, ha remarcado que el documento habla de lo que tiene que hacer Aragón para que siga siendo "una potencia industrial".
PATRONAL
La presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, ha calificado esta jornada como "un día grande para quienes formamos el diálogo social" y ha reivindicado el reconocimiento constitucional a patronal y sindicatos para defender sus intereses.
En sus palabras, un clima de paz social es "fundamental" para atraer inversiones porque los empresarios sólo lo hacen donde hay baja conflictividad y un ecosistema favorable. Por ello, ha aplaudido que Aragón lleve "35 años dando ejemplo de responsabilidad", al firmar acuerdos de este tipo desde 1989.
En último lugar, el presidente regional de CEOE, Miguel Marzo, ha señalado que Aragón no es una tierra de pactos "por casualidad", sino que lo es "porque solemos cumplir lo que firmamos".
Así, ha manifestado que el compromiso "es el mismo el de todos" y es "por Aragón", lo que incluye tanto al Gobierno, como a la patronal y a los sindicatos, y que ello es lo que da pie a que se firma "pacto tras pacto", algo que "las empresas valoran".
MEDIDAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO
Entre las medidas recogidas en el documento, destacan la aprobación de un plan de empleabilidad para personas paradas, recuperar la figura del contrato-programa de formación continua, la actualización y modernización de servicios del Inaem o la apuesta por la FP dual o la adaptación de la Universidad al mundo laboral.
En el segundo eje, el de negociaciones laborales y negociación colectiva, se plantea un plan contra la siniestralidad laboral, la elaboración de planes de igualdad o la necesidad de consolidar la estructura anual del SAMA.
En cuanto a la dinamización empresarial, se incluye un plan al efecto, otro de apoyo a la industria y otro por las pymes, además de menciones a la inteligencia artificial y la ciberseguridad.
En el cuarto eje --Cohesión, acción social y servicios públicos--, se proponen medidas en materia de vivienda, educación, sanidad, movilidad, despoblación, servicios sociales, inmigración y conciliación.
Por último, se reclama una modernización y simplificación administrativa con ideas para mejorar la relación con ciudadanía y empresas a través de internet, promover la digitalización integral o la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.