Aliaga: "El concurso del Nudo de Andorra es una gran noticia para Aragón porque creará nuevas oportunidades"

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, ha subrayado que el concurso publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, 3 de noviembre, para otorgar el acceso a la red de transporte de electricidad que se libera tras el cierre de la Central Térmica de Andorra "es una gran noticia porque creará nuevas oportunidades de desarrollo económico, social e industrial en las zonas afectadas" por el cese de actividad de esa planta.

En una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha explicado que se han tenido en cuenta las consideraciones que reclamaba la comunidad autónoma al incluir los 34 municipios para que los proyectos medioambientales, sociales y empresariales se extiendan por el territorio, a lo que se añade que se reservan 100 megavatios para pequeños proyectos y los 1.200 restantes para que puedan optar grandes iniciativas empresariales.

Al respecto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha detallado que el nudo de Andorra, en la provincia de Teruel, tiene una capacidad de 1.302 MW, pero solo se han sacado a concurso 1.202, reservando los 100 MW restantes para pequeños proyectos de renovables que se conecten aguas abajo, en las redes de distribución, de modo que no afecten a la red de transporte.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha indicado que el BOE precisa que el objetivo de los concursos de accesos "es conseguir los mayores beneficios para las zonas de transición justa directamente afectadas por el cierre de las centrales térmicas, los trabajadores, los municipios y la población en general".

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial ha esgrimido que esto supone que el Gobierno de España mantiene su compromiso con la zona afectada por el cierre de la minería en Aragón, siendo este el primer proyecto que se desarrolla en España.

Asimismo, demuestra que la descarbonización "genera nuevas oportunidades de desarrollo económico, social e industrial que revitalizará la economía" puesto que este proyecto "priorizará la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación", una medida que cumple, a la vez, "con los objetivos de generar energía renovable y reducir emisiones", ha afirmado Aliaga.

PARTICIPACIÓN DE ARAGÓN

El Ejecutivo autonómico ha adelantado que Aragón participa en el proceso de evaluación de los proyectos que se presenten en los 34 municipios incluidos para los que ahora se abre el periodo de presentación, de dos meses, tras los cuales el fallo deberá producirse en un máximo de seis meses.

El Gobierno de Aragón ha enfatizado que los criterios de adjudicación buscan optimizar las inversiones en generación renovable en el territorio del convenio, focalizándolos en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Transición Justa y los objetivos de Reto Demográfico para que puedan ser valorados de forma objetiva y transparente.

El propósito es facilitar y fomentar la instalación de nueva generación de energía eléctrica renovable que impulse la recuperación económica y social de las zonas de transición justa afectadas por los cierres de centrales. En el proceso de selección, se tendrá en cuenta especialmente la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación.

La orden publicada en el BOE está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del apartado 'Transición energética justa e inclusiva'. La capacidad de la zona Andorra-Comarcas Mineras ejercerá un efecto tractor sobre otras iniciativas propuestas por los agentes económicos y sociales de la zona y que han sido canalizadas a través del proceso de participación pública realizado en junio del pasado año.

La Estrategia de Transición Justa quiere potenciar los impactos positivos de la transición ecológica en la actividad y el empleo, así como minimizar sus impactos negativos, sobre todo en los municipios, como es el caso de las zonas mineras de Aragón, en los que se concentran a corto plazo, ha incidido desde el Ejecutivo regional.

Asimismo, han expuesto que el Plan de Acción Urgente "está pensado para comarcas de carbón y busca dar respuesta al cierre de explotaciones mineras", así como de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares para el mantenimiento del empleo y la creación de actividad en esos territorios "a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de la población al territorio y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico".

NUEVA POTENCIA RENOVABLE

El propósito final es aflorar nueva potencia renovable y optimizar su potencial con la generación de beneficios socioeconómicos para las zonas afectadas por los cierres mediante concurso para su concesión. Se trata de un marco de concurrencia competitiva, que no tendría impacto presupuestario o en factura eléctrica.

Se tendrán en cuenta los objetivos del proyecto y su contribución a la Estrategia de Transición Justa, analizando aspectos como la generación de empleo para trabajadores excedentes, mujeres y jóvenes, o la puesta en marcha de planes de formación profesional para que la población local pueda participar.

También se analizará el efecto indirecto en proyectos empresariales o industriales locales y se valorará la existencia de planes socioeconómicos asociados, acuerdos con otros productores o asociaciones locales, de promoción del autoconsumo energético para ciudadanos y empresas de la zona o la promoción de comunidades energéticas.

Se tendrán en cuenta los ingresos que se generarán tanto en el municipio afectado por el cierre, como en los municipios de su zona de influencia. El proyecto deberá minimizar su impacto medioambiental bajo el principio de 'no causar un perjuicio significativo', recogido en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se comprobará su madurez y, de forma específica, las inversiones previstas y su planificación, viabilidad técnica, económica y jurídica, así como su innovación, han glosado desde el Gobierno autonómico.