Aragón extingue en seis años 26 empresas públicas, aproximándose a la media nacional

   ZARAGOZA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Comunidad Autónoma de Aragón ha extinguido 26 empresas públicas, entre el 1 de julio de 2010 y el 1 de julio de 2016, con un porcentaje del 163 por ciento respecto del compromiso inicial de 16 entes, cerca del 168 por ciento de la media española, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

   De esta forma, el 1 de julio de 2016 se había realizado una reducción efectiva de 19 empresas públicas autonómicas y otras siete estaban próximas a su extinción, habiendo 26 procesos en total.

   Las Comunidades Autónomas han reducido su sector público en 854 entidades desde el 1 de julio de 2010 (fecha considerada para el inicio del cómputo de los procesos de reordenación), lo que supone 41 entidades más que las computadas a 1 de enero de 2016, según se desprende del informe sobre reordenación del sector público autonómico que hoy publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente a la situación existente a 1 de julio de 2016.

   De esas 854 entidades, 187 han cesado en sus actividades, se han extinguido con posterioridad a ese 1 de julio de 2016 o están en fase muy próxima a la extinción. Dicho informe, que analiza el grado de avance alcanzado por las comunidades en los procesos de reordenación, responde a los compromisos adquiridos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a cuyo pleno se vienen elevando periódicamente sus resultados.

   Teniendo en cuenta que los compromisos iniciales de reducción de entes por parte de las comunidades autónomas eran 508, la cifra alcanzada ya representa un 168% de ejecución sobre los compromisos iniciales. También supera al anterior informe correspondiente a la situación efectiva a 1 de enero de 2016, con un grado de ejecución del 160%.

   Los datos que publicados evidencian el ambicioso proceso de reestructuración acometido por las administraciones autonómicas, en línea tanto con los compromisos planteados en el seno del CPFF como, en su caso, en los planes de ajuste acordados entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y cada comunidad para el acceso a los mecanismos de financiación habilitados.

Las comunidades aumentan los compromisos de reducción de entes acordados tanto en el CPFF como en los sucesivos planes de ajuste. La reducción inicial prevista de 508 entidades, se vio incrementada hasta el anterior informe (1 de enero de 2016) a 906 entidades. El aumento de compromisos de reducción de entes sigue creciendo, y en el informe que hoy se publica, los compromisos autonómicos se elevan ya a 927.

   Es decir, el objetivo ya se ha visto ampliado en 419 entidades respecto a los compromisos iniciales y en 21 entidades más sobre las previstas en el anterior informe. Estas nuevas medidas suponen elevar los compromisos iniciales de reducción del sector público autonómico, pasando de un 20,89% a un 38,12 por ciento.

   La ejecución de los compromisos de reordenación del sector público autonómico continúa a buen ritmo. Desde el 1 de julio de 2010 se han materializado 667 bajas netas y, además, como hemos señalado anteriormente, otras 187 entidades han cesado en sus actividades, se han extinguido con posterioridad al 1 de julio de 2016 o están en fase de liquidación, lo que supone un total de 854 entidades extinguidas o en fase muy próxima a la extinción, 41 entidades netas más que las computadas a 1 de enero de 2016.

MÁS DE 1.500 ENTIDADES

   La reducción total actualmente comprometida, de 927 entidades, supone que, tras la culminación de este proceso, el sector público instrumental del conjunto de comunidades autónomas, (excluidos los entes del País Vasco, aquellos en los que participan varias comunidades, y los dependientes de Ceuta y Melilla) estaría compuesto por 1.505 entidades, un 38,12% inferior que el número de entidades existente al inicio de los procesos de reordenación, cuando había 2.432 entidades.

   El informe también incorpora el análisis anualizado de los importantes ahorros económicos asociados a estos procesos de reordenación y los efectos en relación a la evolución en el número de efectivos de personal. Se evalúan igualmente los ahorros y la evolución de efectivos considerando tanto las entidades afectadas por estos procesos como las que subsisten una vez se completen los mismos.