ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha descartado que el nuevo mapa sanitario, que estará listo en febrero, vaya a abordar un cierre de consultorios o una disminución de la atención en el medio rural, pero sí que ha planteado dar prioridad a los cuidados de enfermería o fisioterapia en pueblos pequeños, en lugar de desplazar un médico que pueda estar en un centro con más demanda.
Así lo ha manifestado el consejero antes de reunirse con los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón en una primera reunión de trabajo, donde ha expresado también que su deseo es que el nuevo mapa se apruebe "con el mayor consenso" y "perdure en el tiempo", incluyendo también a los colegios profesionales y a los sindicatos.
Bancalero ha explicado que, entre los escenarios posibles, se contempla la agrupación de zonas básicas de salud e incluso la creación de unas "suprazonas" para adaptar los recursos a la realidad del territorio.
Así, ha destacado que el nuevo modelo contemplará variables como la dispersión, las distancias, las isocronas, el envejecimiento y la cronicidad de la zona, además de que no afectará sólamente a la Atención Primaria, sino que también incluirá la hospitalaria y recursos como helicópteros y transporte sanitario urgente.
Otro elemento clave, en palabras del consejero, es la flexibilidad en la asignación de recursos. "No es igual atender a una población de 50 habitantes que a núcleos más grandes", ha apuntado.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LUGAR DE MÉDICOS
Entre las soluciones planteadas está dar prioridad a la atención de enfermería o fisioterapia en zonas con pocas tarjetas sanitarias en lugar de mantener consultorios médicos "infrautilizados".
Ha rechazado, por tanto, "desplazar un médico a una población de 50 habitantes cuando a lo mejor no existe ninguna necesidad asistencial, pero sí existe una necesidad de cuidados". En esos casos, ha considerado que "quien debería ir es el personal de enfermería" y, así, destinar al facultativo a dar apoyo a otro centro o consultorio "que tuviera más demanda".
El objetivo final es implementar un sistema más eficiente que incluirá la solicitud de cita previa en zonas rurales, similar al modelo urbano, para "organizar mejor y dar cobertura a las necesidades reales del territorio aragonés", ha remachado.
CONSENSO
"Es importante que se adopte con el mayor consenso posible, pues es un asunto que trasciende a esta legislatura y está llamado a convertirse en un instrumento perdurable para la organización de la asistencia sanitaria", ha dicho el consejero.
Bancalero ha indicado que también se están manteniendo reuniones con organizaciones sindicales y colegios profesionales, así como con el resto de agentes implicados, incluida la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
Los motivos por los que se debe plantear una actualización del mapa sanitario son la necesidad de adaptación a la realidad geográfica y demográfica de Aragón del siglo XXI, tener en cuenta los diferentes condicionantes de salud de la población actual, así como la evolución de los profesionales sanitarios y la implantación de los recursos tecnológicos.
MAPA SANITARIO DE ARAGÓN
El mapa sanitario de Aragón es el instrumento estratégico de planificación y gestión sanitaria que divide el territorio aragonés en demarcaciones geográficas que dotan de estructura territorial al Sistema de Salud de Aragón y permiten garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria integral y de calidad a la población.
El actual mapa fue aprobado por el Decreto 130/1986, de 19 de diciembre, ordenado territorialmente y funcionalmente en zonas de salud, sectores y áreas sanitarias.
En concreto, posee ocho sectores sanitarios --Huesca, Barbastro, Calatayud, Zaragoza I, Zaragoza II, Zaragoza III, Teruel y Alcañiz--, subdivididos en 124 zonas de salud, con otros tantos equipos de profesionales de Atención Primaria, 118 centros de salud --algunos centros de salud acogen a dos equipos de Atención Primaria-- y 827 consultorios locales.
El mapa sanitario actual data de 1986 y, desde entonces, ha sido objeto de cambios puntuales, por lo que ahora precisa de una actualización para adaptarlo a la realidad del siglo XXI, argumentan desde el Gobierno autonómico.