ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo, ha señalado este lunes que solo el 28% de los ayuntamientos ha puesto en marcha las medidas de la Directriz de Política Demográfica y Contra la Despoblación.
Royo ha indicado que la población de Aragón aumenta por debajo de la media y que el número de municipios con una población inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado se ha incrementado de 473 a 480 en los últimos años, a lo que se suma un saldo poblacional que también ha aumentado por la inmigración.
Ha destacado "la relación directa positiva entre el crecimiento de la población y la bonanza económica y con la mejora del sistema de telecomunicaciones", observando que "hay un descenso de población cuando existe una falta de servicios públicos", en alusión a la vivienda, la educación y la salud.
Royo ha enfatizado que en la Directriz no se distingue entre medidas singulares y la prestación del servicio y que muchas medidas no tienen indicadores de seguimiento ni un cálculo de los costes de implantación, añadiendo que en algunos casos falta la identificación de un Departamento responsable.
La vicepresidenta, Anabel Beltrán, ha enfatizado que "en cualquier política pública tiene que haber un responsable de la ejecución de las medidas" y, por otra parte, ha recomendado complementar el índice sintético de despoblación con indicadores más sencillos y revisarlos cada año. También ha expresado que los órganos que recoge la ley se han creado pero no han desarrollado sus funciones.
INDICADORES DE GESTIÓN
La diputada del PP María Navarro ha resaltado que entre 2016 y 2022 el número de municipios menos poblados ha aumentado un tres por ciento y ha llamado la atención sobre factores de la despoblación como la alta tasa de masculinidad. Se ha quejado de que solo 110 de los 253 indicadores han podido ser estudiados, apuntando que "la mayoría son indicadores de gestión, no de impacto".
"Esta Directriz se trabajó muchísimo, no lo dudo, la voluntad era buena", ha agregado Navarro, indicando que "la manera de implantar la directriz no ha funcionado".
El diputado de VOX Fermín Civiac ha apostado por "entrar en un círculo de mejora continua y comenzar a implantar en la Administración sistemas que funcionan en la privada, donde no aprenden a la primera, pero aprenden de los errores y van mejorando". Ha emplazado a seguir las buenas prácticas de otras regiones y a revisar el sistema de indicadores que se utilizan.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha puesto de relieve que durante la elaboración de la Directriz, cuando él estaba al frente del Departamento de Ordenación del Territorio, se llevó a cabo un proceso participativo "intensísimo". "Fue un trabajo colectivo y el gran problema fue que no se asumiera como propio por todo el mundo".
La diputada de Aragón Teruel Existe Pilar Buj ha considerado que la lucha del Gobierno de Aragón contra la despoblación "ha sido muy simbólica y poco efectiva", siguiendo "la línea habitual, vestir las actuaciones ordinarias, a las que obliga la Administración, como extraordinarias".
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha manifestado que uno de los principales retos de esta Directriz es "la transversalidad y la voluntad política", lamentando que "hay muy poquita voluntad de transversalizar".
FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
La Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas ha elaborado el informe de Ponencia con relación a las cuarenta y dos propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicio 2022.
En este sentido, el Informe de la Ponencia elaborado ha incluido quince propuestas emitidas por CHA; siete por parte de Izquierda Unida; cinco presentadas por el Partido Popular, Vox y Podemos, respectivamente; cuatro desde Aragón-Teruel Existe y una propuesta del Partido Socialista.
El Informe de fiscalización de la contratación del sector público de la Comunidad para el ejercicio 2022 fue presentado por el presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús María Royo, el pasado 4 de noviembre de 2024 ante la Cámara. Tras la elaboración del informe de la Ponencia, la Comisión sectorial votará el texto elaborado en futuras reuniones.