CCOO, UGT y CSIF mantendrán las protestas hasta reducir al 6% las vacantes de la administración autonómica

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han lamentado la falta de respuesta del Gobierno de Aragón a las movilizaciones de las últimas semanas para reclamar la provisión de las vacantes de la Administración General de la Diputación General de Aragón y han anunciado que mantendrán las protestas hasta que los puestos sin cubrir bajen del actual 22 al 6 por ciento que, ha asegurado, se registraba hace dos años.

Así lo han manifestado este jueves durante una concentración llevada a cabo frente al edificio del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, sede del IASS, uno de los centros en los que, según han advertido las organizaciones sindicales, más se dejan notar los efectos de la "no cobertura" de las plazas en los usuarios, "muchos de ellos residentes en centros de titularidad pública".

"Nuestra perspectiva era que con estas concentraciones el Gobierno de Aragón, al menos, se sentara y diera respuesta a las preguntas planteadas ofreciera alguna alternativa y abriera una negociación, pero, al revés, ellos niegan la situación y manifiestan que no tienen ningún problema", ha lamentado el secretario general de la sección sindical de CCOO en la Diputación General de Aragón, Paco González.

Una postura que choca, según han observado las tres organizaciones sindicales, con el "aumento imparable" de vacantes que se viene produciendo y que cifran en unas 2.700 plazas sin cubrir.

"Lógicamente, seguiremos --ha avanzado González-- con las movilizaciones en enero hasta que consigamos, como mínimo, volver a la situación anterior, la de hace dos años, cuando las cifras de las plazas sin cubrir no superaban el 6 por ciento --unas 650 ó 700 plazas-- de la plantilla y no el 20 ó 22 por ciento que estamos ahora".

Estimaciones que suponen, según ha alertado el secretario general del área pública de CCOO Aragón, "que ese porcentaje casi se haya cuadruplicado y eso revela que la Administración mantiene oculta alguna decisión organizativa y, en algún momento, suponemos que nos dará alguna sorpresa negativa", ha advertido.

Por ello, desde la secretaría del sector autonómico de UGT Aragón, Antonio Herrera, ha adelantado que las movilizaciones "se irán ampliando al resto de departamentos y se tratará de implicar a la ciudadanía". Según ha recordado, se trata del quinto acto de protesta desarrollado en la comunidad autónoma --tercero en Zaragoza, además de las movilizaciones llevadas a cabo en Huesca y Teruel--, sin que el Ejecutivo aragonés haya dado ninguna respuesta.

Pese a ese silencio del Gobierno autonómico, la "escasez" de personal, ha remarcado González, acaba repercutiendo en la atención a los usuarios: "Los derechos de la ciudadanía se resienten y los plazos para recibir algún tipo de prestación o reconocimiento de una ayuda se dilatan, como está siendo el caso de las familias numerosas, que están perdiendo posibilidades de reducciones y bonificaciones".

"Cuando la Administración decide dejar casi el 30 por ciento del personal administrativo sin cubrir, se utilizan argumentos muy genéricos de las trabas administrativas, pero la realidad es que para la tramitación de una solución de discapacidad o una resolución de protección de menores, además del personal técnico y cualificado, necesitamos personal administrativo", ha relatado González.

APUNTAN LA POSIBLE "AMORTIZACIÓN" DE PARTE DEL SERVICIO

Esa pérdida de la calidad del servicio, ha explicado, se traduce en mayores dificultades para acceder a los servicios demandados "porque se ha decidido desmantelar esa parte de la estructura de la Administración": "Estamos viendo en diferentes visitas que hemos hecho por Aragón que se reducen horarios de atención al público y se obliga a hacer trámites telemáticos a personas mayores, con más dificultades para acceder a la tramitación electrónica".

Y ello, ha apuntado González, "pese a que el presupuesto del capítulo I está dotado y contempla 12.000 puestos de trabajo e incluso un margen para cubrir determinado tipo de bajas por enfermedad, pero la realidad es que el Gobierno de Aragón ha dejado de ejecutar una buena parte de ese presupuesto, aproximadamente un 20%, por las razones que ellos no quieren manifestar".

En ese sentido, la responsable autonómica del sindicato CSIF, Yolanda Mediel, ha aclarado que se trata de puestos de estructura: "No estamos pidiendo que se haga un esfuerzo económico extra, sino que son puestos que están presupuestados, que son personal fijo de la Administración de atención directa a la ciudadanía y, por ello, su cobertura debería estar prevista, no son programas anexos para apoyar servicios.

González ha agregado que en la situación influyen hasta tres factores como que el Gobierno de Aragón no cubre las plazas para intentar "maquillar" las cifras de temporalidad y que, "seguramente, esté desviando ese dinero a valorar otros puestos que no sufren esa falta de dotación". En tercer lugar, el representante de CCOO Aragón ha recordado que el director general de la Función Pública, Antonio Villacampa, ha estimado en las Cortes de Aragón que "algunos puestos igual no son necesarios", lo que interpreta como "el anuncio de algún tipo de amortización y privatización".

Al hilo de esos factores, Mediel (CSIF) ha reclamado una verdadera "planificación" de la gestión de sus recursos humanos: "No podemos estar a final de año sin saber por qué no se cubren las plazas, si es un tema presupuestario, si es un tema de maquillar datos, la cuestión es que a la ciudadanía hay que atenderla y que no hay servicios públicos sin personal al frente".

Para solucionar este problema CSIF plantea mejorar el acceso a la Administración mediante unas listas de interinos para suplir al personal que está enfermo o las plazas que están vacantes de una manera más ágil y moderna, mediante una aplicación informática, así como del procedimiento de cobertura urgente para dotar las plazas en el plazo de un mes que, según ha recordado Mediel, "se introdujo en la ley de presupuestos y que el Gobierno ahora mismo se niega a utilizar".

Además, Mediel ha considerado "muy severa" la instrucción de gestión del personal de la Dirección General de Función Pública por la cual "se cesa a personal interino que no debería cesar".