Cepyme Aragón pide una contratación "sencilla, segura y garantista" para las pymes

ZARAGOZA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) Aragón, Aurelio López de Hita, ha defendido que la contratación pública "llegue a las pymes de la forma más sencilla, segura y garantista para ambas partes, cosa que no ocurre en este momento".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press, con motivo de la jornada organizada en su sede sobre 'Contratación pública. Novedades formales y Documento Europeo Único de Contratación', en la que han intervenido el director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno.

López de Hita ha precisado que las pymes "son las que están más desamparadas ante la Administración pública, tanto en la preparación para poder acceder a una licitación, como en el asesoramiento necesario para saber en qué ámbitos se están moviendo", mientras que las grandes compañías tienen sus asesorías y departamentos jurídicos.

El presidente de Cepyme Aragón ha lamentado la "negativa sistemática" de las Administraciones públicas "a dividir en lotes las adjudicaciones" por lo que "la magnitud es tal que una pyme no puede aspirar a obtenerla", cuando la "inmensa mayoría de obras y servicios son susceptibles de dividirse".

En este sentido, ha matizado que "hay ocasiones y Administraciones con las que hemos conseguido algo y otras con las que es difícil", pero el Documento Europeo Único de Contratación "prevé que se puede hacer así" por lo que la normativa comunitaria es "un avance" y "lo que hace falta es que la transposición sea clara y ágil para que no se complique al llegar a España".

PYMES COMO CONTRATISTAS

El director general de Contratación, Patrimonio y Organización, Miguel Ángel Bernal, ha explicado que las directivas europeas "ensalzan la necesidad de tener en cuenta a las pymes, que en la inmensa mayoría de las ocasiones son las que acaban ejecutando los contrato" y contemplan "que actúen como contratistas y no como subcontratistas".

Con esta finalidad, la normativa europea apuesta por medidas como la división de los contratos en pequeños lotes y regula por primera vez la subcontratación, ha detallado Bernal.

Asimismo, ha precisado que el Documento Europeo Único de Contratación entró en vigor en 2014 y el periodo de transposición en la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea concluyó el pasado 16 de abril, si bien en España "todavía no se ha incorporado", sino que la ley que recoge su directrices se está tramitando en el Congreso.

Al respecto, ha indicado que el Estado tiene la competencia en la legislación básica, que luego pueden desarrollar las Comunidades, y por eso el Gobierno de Aragón está trabajando en un proyecto de ley de uso estratégico de la contratación pública, que debe esperar a que se apruebe la normativa nacional.

OTRAS APORTACIONES

El director general ha explicado que el Documento Europeo Único de Contratación va a contribuir a simplificar trámites, reducir plazos y generar ahorro.

Según ha expuesto, esto será así porque un único documento reúne toda la información que se requiere por parte de la Administración, mientras que la comprobación de la misma a través de la documentación pertinente solo exige a la que resulta adjudicataria.

Esto supondrá reducir plazos, ya que, por ejemplo, "ahora una contratación de tipo medio dura unos seis meses" y ahorrar costes a la Administración, que no tendrá que destinar tantos recursos humanos a analizar toda la documentación, y a las empresas "ya que en España los costes asociados a las licitaciones se elevan a más de 375 millones de euros al año por todo lo que hay que aportar".

Por otra parte, el director general ha comentado que la normativa europea impulsa la contratación pública electrónica, que en el Gobierno de Aragón "ya hemos hecho", en concreto, el año pasado se licitaron 16 millones de euros por esta vía, y también se contempla la subasta electrónica.

Miguel Ángel Bernal ha subrayado el interés del Gobierno de Aragón en participar en diferentes foros en colaboración con las asociaciones empresariales para "quitar miedos, responder a las preguntas y estar en contacto" con el sector con la finalidad de explicar las novedades y facilitar toda la información.

CAMBIO DE MODELO

El catedrático de Derecho Administrativo y presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, José María Gimeno, ha esgrimido que las nuevas directivas ayudarán a "hacer políticas públicas de una forma distinta".

Según ha sostenido, según cómo se haga un contrato público, va permitir "generar un tejido empresarial más estable y creativo, apostar por la calidad laboral y ambiental, fomentar la innovación y corregir las disfunciones de falta de eficiencia o de los problemas de corrupción que tenemos en la contratación pública en España".

Ha añadido que la "nueva visión" de las directivas europeas posibilita "repensar el modelo de contratación pública en España y rearmarlo sobre unos principios distintos, que pongan la atención en la mejor optimización de los recursos que se movilizan, que son muchos, porque cuanto más eficientes seamos, se podrán destinar los excedentes a otras políticas públicas activas", además de que "permitirá corregir los problemas de corrupción y mejorar la imagen reputacional de las Administraciones".

En este punto, ha argumentado que "cuantas más empresas penetren en la contratación pública y, sobre todo los pymes, más difícil va ser crear redes clientelares y privilegiar a unos sobre otros".

Además, ha remarcado que las pymes "son un factor de crecimiento, de consolidación de políticas laborales de calidad" y por eso las directivas "orientan la contratación pública a ese sector, por lo menos para no perjudicarlo, una de las principales estratégicas para una economía no especulativa".

TRIBUNAL

Gimeno ha animado a los asistentes a acudir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón cuando lo consideren necesario y ha asegurado que "corrige anticipadamente las irregularidades", sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria, "abarata costes y mejora los controles de legalidad de las Administraciones".

Asimismo, ha recordado que presentar recursos en él es gratuito y lo pueden formular empresas y asociaciones o otras entidades que representes intereses colectivos. Además, ha incidido en que en sus primeros seis años de funcionamiento ha mejorado la gestión de la Administración.

Según ha dicho, su trabajo se ha ganado la confianza tanto de la Administración, como de las empresas y el número de recursos ha aumentado en sus primeros seis años un 400 por ciento, a pesar de que en los últimos ha habido menos contratación, con 130 presentados en 2016.

En el 35 por ciento de los casos se han estimado total o parcialmente los recursos, que se resuelven, de media, en 18 días, algo que supone "no paralizar a la Administración" frente a la vía contencioso-administrativa, que emite sus resoluciones entre un año y año y medio y su tasa de estimación "suele estar en el 40 por ciento".

Gimeno ha incidido en que es un tribunal independiente, compuesto por tres profesionales, que se creó en 2011 por una exigencia de la Unión Europea de que hubiera un mecanismo "rápido, eficaz e independencia de control" y "en España se optó por estos tribunales".

A los miembros actuales todavía les queda año y medio de mandato, si bien, ante el importante aumento de la carga de trabajo y puesto que sus integrantes compatibilizan esta tarea con otras profesiones, Gimeno ha indicado que "es previsible" que el Gobierno de Aragón le quiera dar "más estabilidad" y dote a quienes lo compongan de exclusividad.