ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los Colegios Oficiales de Enfermería de las tres provincias aragonesas han urgido a plantear "profundos cambios" en el modelo actual de atención sociosanitaria a mayores después de la tragedia del pasado viernes en la residencia de Villafranca de Ebro (Zaragoza), donde fallecieron diez personas y dos resultaron heridas en un incendio en las instalaciones.
En un comunicado conjunto de los tres Colegios, han advertido también de que los problemas ya detectados en las residencias aragonesas se han agravado desde la irrupción de la Covid-19.
En este sentido, han recordado que Aragón cuenta con una legislación de 1992 que está "obsoleta" en materia de centros sociosanitarios y que está "muy lejos" de estar adaptada al actual marco demográfico y de atención a las personas usuarias.
Estas inquietudes, recogidas y analizadas por un comité de trabajo enfermero, fueron compartidas con la Administración el pasado mes de julio con una propuesta de actualización y modificación de la legislación vigente, han señalado.
La organización colegial de enfermería ha remarcado que el perfil de residentes de los centros sociosanitarios ha evolucionado en las últimas décadas hacia un usuario con mayor grado de dependencia, además de con una importante demanda de servicios específicos.
Ello hace que estos equipamientos se estén convirtiendo en centros "cada vez más sanitarios que sociales", debido al complejo estado de salud de las personas usuarias.
"Estamos hablando, entre otros, de pluripatología, de fragilidad, de incontinencias, caídas, síndrome confusional, úlceras por presión, enfermedades neurológicas degenerativas, entre otras", han detallado. El resultado es que "tenemos personas mayores con alta carga de enfermedad, viviendo en residencias sociales no definidas para cubrir sus necesidades de salud".
RATIOS Y SALARIOS INSUFICIENTES
En cuanto al marco legislativo de 1992, los Colegios de Enfermería destacan que el único apartado que se refiere al personal de atención habla de ratios de trabajadores en total sin discriminación de la categoría o cometido. "Igual puede ser un cocinero que un administrativo", han indicado, a la vez que no contempla que haya una ratio determinada de profesionales en las residencias de ámbito privado.
En el caso de las residencias privadas con plazas concertadas por la Administración Pública, es de aplicación la Orden de 19 de marzo de 1998 del Departamento de Sanidad, en el que sí figura una ratio para contratar médicos y enfermeras, pero no existe obligatoriedad en su cumplimiento.
A estos problemas se suman que las personas que trabajan en estos centros "no están lo suficientemente cualificadas" ya que "hay mucha variabilidad de perfiles profesionales" en un sector "muy feminizado", en el que la mayor parte está en el sector privado y, en ocasiones, no cuentan con unas competencias específicas para atender al nuevo perfil de usuarios.
Además, los Colegios han recalcado que las ratios y los salarios son "claramente insuficientes", en ocasiones por falta de disponibilidad de recursos, pero también por la "inadecuación del enfoque" sobre qué es importante para el cuidado y la protección de estas personas.
En cuanto a los centros públicos, han apuntado que la situación es "algo diferentes", dado que los profesionales sí que tienen la titulación adecuada y que las condiciones laborales son "muy diferentes".
"En estos casos, cuestiones como la indicación enfermera o el reconocimiento de las competencias profesionales deberían ser una prioridad para una atención rápida y segura de estos residentes", han explicado.
UN NUEVO MODELO
Ante este escenario, desde los colegios de Enfermería de Huesca, Teruel y Zaragoza, han instado a las Administraciones Públicas a adecuar de forma urgente la legislación a la realidad actual, ya que es un marco obsoleto de más de 30 años". "Necesitamos un modelo de trabajo común centrado en la persona y enfocado a la realidad que se vive en esos centros; con unas ratios de profesionales de enfermería y medicina dependiendo del número de residentes tanto en residencias públicas como en privadas", han reiterado.
También, han llamado la atención ante el hecho de que muchos de estos usuarios son atendidos por personal de los centros de salud y, hoy en día, es "inviable dar una adecuada atención a estos pacientes debido a las dimensiones de estos centros residenciales; su número de usuarios y patologías complejas".
Por ello, han apostado por la coordinación entre todos niveles asistenciales para que la comunicación a través de la historia de los pacientes sea fluida y que se pueda acceder desde cualquier centro residencial. De este modo, existirá una equidad en la atención en cualquier de los centros donde haya un residente.
Asimismo, han reclamado un reconocimiento profesional a enfermeras y resto de personal que trabaja en residencias, que se derive en mejoras en los contratos, remuneración económica adecuada y reconocimiento de las instituciones. Otra idea es contratar especialistas médicos en Geriatría , así como a enfermeras especialistas en Geriatría, que son una figura "clave" en la parte asistencial y en la dirección, coordinación y gestión de recursos y cuidados.
Por lo tanto, ven necesario crear unas bolsas de trabajo con profesionales cualificados y grupos de atención de apoyo para las residencia, tal y como se constituyeron durante la pandemia, que "fueron un gran acierto".