Subraya el papel de Estatuto de Autonomía y comarcas en los servicios sociales y estos años, asegura: "Se ha recuperado la ilusión"
ZARAGOZA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha hecho balance de los últimos 40 años de autonomía y su vinculación con los servicios sociales, cuya legislación y normativa ha sido posible gracias a que este territorio "siempre ha sido muy avanzado respecto a los derechos de las personas".
Broto ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, que la Constitución de 1978 recogió el concepto de asistencia social gracias a una enmienda propiciada por el senador aragonés Lorenzo Martín Retortillo, que atendió a una petición de la Asociación de Asistentes Sociales de España, quedando a un lado la idea de beneficencia que había imperando hasta entonces.
Después, se aprobó el primero Estatuto de Autonomía de Aragón, en agosto de 1982, que este año celebra su 40 aniversario y recoge como competencia exclusiva la asistencia social, el bienestar social y animación comunitaria.
Comienza entonces un proceso de transferencias, que culmina en 1996 con la creación del Instituto Aragonés de Servicio Sociales. El presupuesto del ente al que sustituye, el Inserso, tiene en 1997 un presupuesto de 75.000 euros para Aragón. Unos años después, en 2004, el IASS gestiona 137 millones de euros y, en 2015, alcanza los 302,9 millones.
Broto ha sostenido que en sus siete años al frente de este Departamento, desde 2015, el incremento presupuestario del IASS ha rozado los cien millones de euros puesto que en 2022 asciende a 398,4 millones de euros. Además, ha enfatizado que gracias, de nuevo, al Estatuto, en su reforma de 2007, "se consolidan y especifican las competencias" en materia de servicios sociales.
A su entender, el Estatuto de Autonomía en Aragón "ha sido fundamental" puesto que los servicios sociales no tenían un sistema "tan consolidado como el educativo, sanitario o el de las pensiones".
LEYES ARAGONESAS
La consejera ha relatado que entre 2007 y 2011 tiene lugar "el periodo más importante desde el punto de vista de la gestión legislativa", con la aprobación en 2009 de la Ley de Servicios Sociales de Aragón. Asimismo, en ese periodo, se pone en marcha la ley estatal de la Dependencia, aprobada en 2006.
Broto ha recordado también la aprobación anterior, en 1993, de la Ley del Ingreso Aragonés de Inserción, actualmente sustituido por el Ingreso Mínimo Vital. Para Broto, "Aragón es una comunidad pionera respecto a las personas que necesitaban una renta", donde "siempre habido mucha conciencia de que aquellos con más dificultades pudieran tener derecho a esos ingresos".
La ley autonómica de Servicios Sociales de 2009 también ha sido "pionera" por los derechos que plantea y el Estatuto ha contribuido "muchísimo al conocimiento de los servicios sociales y la garantía de que los derechos que tienen los ciudadanos sean efectivos".
"Cuando hablamos de servicios sociales hay que hablar de los derechos que tienen las personas" y los aragoneses han entendido "que una sociedad con menor desigualdad, donde todo el mundo tenga lo mínimo para vivir es también más segura".
ESTRUCTURA LOCAL
María Victoria Broto ha apuntado que la estructura de prestación de este servicio público en Aragón, con la dirección desde el IASS, pero con competencias en las comarcas y en los ayuntamientos, en el caso de municipios de más de 20.000 habitantes, tiene su origen en Ley Ordenadora de la Acción Social, publicada por el primer gobierno autonómico.
En ella, aparece ya la distribución competencial entre comunidad autónoma y Administraciones locales, creando un sistema con una fuerte base municipalista, a través de las mancomunidades que cubren el conjunto del territorio, antecedente de las actuales competencias comarcales.
"Estoy segura que de sin esa gestión conjunta entre Gobierno y las comarcas habría muchas localidades a las que los servicios sociales no llegarían", ha dicho, para remarcar que esa decentralización permite "conocer muy bien a las personas que tienen necesidades".
Ha enfatizado en que esto ha permitido "dar derechos, especialmente a quien más lo necesita", y favorecer "una sociedad más solidaria y más segura", así como la creación de puestos de trabajo en el territorio, la mayoría de ellos femeninos.
A su entender, la estructura comarcal "a quien más ha beneficiado ha sido a los servicios sociales, pero también al revés, casi en muchos casos los servicios sociales han servido para configurar la estructura comarcal".
RECONOCE DERECHOS
La consejera ha destacado que la Ley de Servicios Sociales de Aragón "pivota sobre esa relación entre los ayuntamientos, las comarcas y el Gobierno de Aragón" y, como novedad, reconoce derechos subjetivos, establece el catálogo de los servicios sociales y como se provisionan, a través de lo público, del tercer sector o entidades mercantiles, "siempre bajo el control del sistema público".
En este punto, ha resaltado la importancia de las entidades del tercer sector y su labor conjunta con el Gobierno de Aragón para gestionar ámbitos como las personas mayores y la discapacidad.
Broto ha defendido que desde su Departamento y las comarcas se ha desarrollado un trabajado "intenso" y "serio", que ha permitido "recuperar la ilusión". "La ciudadanía lo sabe y hay un antes y un después de este Gobierno".
Ha expuesto algunas cifras, como el incremento en un 114 por ciento el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), al pasar de los 28 a los 48 millones entre 2015 y hasta que ha sido sustituido por el Ingreso Mínimo Vital, este último gestionado por el Gobierno central, del que a Aragón van a llegar 60 millones de euros este año. Si en mayo de 2020 se alcanzó la cifra más alta de beneficiarios del IAI, con 8.077 personas, el pasado mes de junio los beneficiarios del IMV se elevan a 10.555.
Broto ha recordado que, además, en esta comunidad autónoma, paga un complemento al IMV, que suma 3.291 beneficiarios y también existe una prestación complementaria. "Nunca en Aragón se había tenido una respuesta mayor para las personas que tienen dificultades, además, con diligencia", ha sostenido.
Por otro lado, se ha pasado de las 17.000 personas en el sistema de atención a la dependencia que había en 2015 a las 36.341 en la actualidad. "La ciudadanía haya vuelto a creer en dependencia", ha afirmado.
También se ha referido al incremento de la aportación que se hace a las plazas concertadas en residencias de mayores, menores y discapacidad, del 16 por ciento entre 2015 y 2023, el 9,5 por ciento en la primera legislatura, el 5 este año y 1,5 en 2023, con 1.625 plazas concertadas, a las que hay que sumar las 15 residencias propias, unas 4.000 en total, además de las 6.000 de las prestaciones vinculadas al servicio para personas con dependencia.
Por otra parte, se ha logrado que ningún niño de cero a seis años esté en un centro institucionalizado, sino en familias de acogida o en familias que los han adoptado. "Hemos cambiado totalmente el sistema de atención a los menores" y ahora se trabaja en dar mayor protagonismo a las personas mayores, "que tienen que decidir por ellos mismos" porque "tienen claro lo que quieren" y no hay que tratarlos como un colectivo, sino de manera individualizada. Con esta finalidad, se ha puesto en marcha el 'Plan del Mayor. Generación de cambio'.
De cara al futuro, Broto ha expresado su deseo de contar con nuevos equipamientos, mejorar los existentes, atender la soledad no deseada, agilizar los procedimientos en la ley de la dependencia y ahondar en la formación de los trabajadores.
También ha reflexionado: "Todo esto nos debe llevar a pensar que necesitamos más recurso para los servicios sociales y que si tenemos derechos, necesitaremos tomar conciencia todos de que tenemos que poner un presupuesto importante".
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