Las Cortes apuestan por aprobar una moratoria en la UE para prolongar la vida de la Central Térmica de Andorra

ZARAGOZA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han apostado este jueves, en sesión plenaria, por aprobar, en el seno de la UE, una moratoria de entre cinco y 10 años del acuerdo de cierre de las centrales térmicas, fijado para 2020, con el objetivo de prolongar la vida de la Central Térmica de Andorra (Teruel). Han aprobado un punto con este contenido de una proposición no de ley del PP, partido que ha rechazado sin éxito la iniciativa sobre las centrales aprobada en el Congreso de los Diputados a propuesta de Unidos Podemos.

El diputado del PP Fernando Galve ha expresado que "muchas veces toman decisiones en Madrid que en las comunidades autónomas no son compartidas", subrayando el "gran consenso" en torno a la minería del carbón en las Cortes autonómicas.

Ha aludido así a la iniciativa defendida por Unidos Podemos en el Congreso para cerrar antes de 2020 las centrales térmicas más contaminantes, finalmente aprobada, lo que "supone cerrar de facto la central de Andorra". Ha solicitado una moratoria del acuerdo de la UE de cerrar las centrales en 2020, entre cinco y 10 años, para poder aumentar la pervivencia de las térmicas.

La parlamentaria socialista Julia Vicente ha criticado "la utilización por el PP de manera interesada y sesgada" de la iniciativa aprobada en el Congreso para "desviar la responsabilidad que tiene el Gobierno de España". "No jueguen con nuestro territorio", ha exigido Vicente al PP, lamentando los "años de engaño al Gobierno de Aragón" y manifestando el "apoyo decidido" del PSOE al sector del carbón y las comarcas mineras.

El diputado de Podemos Héctor Vicente ha rechazado las "oscuras motivaciones" de esta iniciativa, "que no son otras que mentir" respecto a la iniciativa que defendió Unidos Podemos en el Congreso.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha señalado que las políticas europeas van en la línea de la descarbonización, a lo que el Gobierno de España "debe buscar una solución" para mantener la actividad de las térmicas. Ha dicho que se ha producido "una lucha de poderes económicos" en torno al carbón.

El diputado de Cs Javier Martínez ha manifestado su apoyo a la continuidad de la central de Andorra, animando a hacer "todo lo que sea posible". Ha preguntado si la iniciativa "va en consonancia con un verdadero compromiso" con las personas afectadas.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha afirmado que con esta iniciativa el PP pretende "confrontar" y "tapar su inacción", apostando por buscar "el consenso y no la confrontación". A su juicio, el PP "no tiene ninguna intención de lanzar un mensaje de apoyo" al sector minero turolense.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Además, el Pleno ha aprobado una proposición no de ley de IU, por unanimidad, para solicitar al Gobierno regional que elabore una estrategia integral de transición energética, así como estudiar la posibilidad de crear un Instituto Aragonés de la Energía y, por último, comenzar la estrategia de Transición energética con inversiones en la creación de tejados solares.

La iniciativa ha recibido una enmienda del grupo socialista que ha sido explicada por su diputada Leticia Soria, mientras que por el resto de grupos parlamentarios han tomado la palabra, Dolores Serrat (PP), Román Sierra (Podemos), Arturo Aliga (PAR) y Javier Martínez (Ciudadanos).

SUCESIONES

Por otra parte, la cámara ha rechazado una proposición no de ley del PAR, que ha emplazado al Gobierno de Aragón a aplicar una tributación por sucesiones que sitúe a la Comunidad Autónoma en "una posición competitiva", elevando el mínimo exento para parientes de primer y segundo grado a 300.000 euros. También han pedido que el Ejecutivo presente en un mes una "estrategia de rebaja fiscal" en materia de sucesiones.

En su intervención, la diputada del PAR Elena Allué ha dicho que las clases medias "están sosteniendo la economía y fijando el bienestar social" porque en Aragón son las que están sosteniendo con sus impuestos "todos los servicios públicos". Ha criticado la subida fiscal de 2016, señalando que otras comunidades, como Asturias o Andalucía, han rebajado la presión introduciendo bonificaciones.

Ha urgido a modificar "de una vez por todas" la política fiscal del Gobierno de Lambán. Allué ha defendido que el aumento de ingresos para costear los servicios públicos "tenía que venir de la mano de la mejora de la economía" y ha reclamado que se bajen los impuestos a las rentas medias y los que "lastran la competitividad de las empresas".

"Este Gobierno debería ser sensible al esfuerzo, al ahorro, al trabajo de todas una vida", ha considerado la diputada del PAR, quien ha exigido al Gobierno regional que sea "justo" y rebaje la carga fiscal, alertando de que la recaudación del impuesto se ha disparado.

"Defiendan los intereses de los aragoneses aplicando una tributación -de sucesiones- que nos coloque en una posición competitiva" elevando el mínimo exento de los hijos a 300.000 euros, ha pedido Allué, quien ha propuesto al Gobierno que elabore una estrategia general en materia fiscal.

ALTA INSPECCIÓN EDUCATIVA

Asimismo, la mayoría parlamentaria ha rechazado una proposición no de ley del PP que ha defendido la diputada María José Ferrando, quien ha recomendado acordar un marco normativo que posibilite a la Alta Inspección Educativa el requerimiento formal ante aquellas actuaciones de las administraciones educativas que sean contrarias a la Constitución, la convivencia o los tratados internacionales.

También ha propuesto que esta institución pueda realizar requerimientos e inspecciones en centros , así como elaborar los pertinentes informes acerca de las decisiones de una Administración educativa en algunos ámbitos.

María José Ferrando ha rechazado los casos de acoso escolar en Cataluña, en el marco del proceso secesionista, un asunto que "debe ser abordado por un Gobierno responsable", alertando de que "la discriminación está haciendo mella en Baleares y la Comunidad Valenciana".

"¿Dónde pueden ir los padres para denunciar?", se ha preguntado Ferrando, respondiendo que solo pueden hacerlo ante la Alta Inspección Educativa. "No hablamos de quitar competencias", sino de luchar contra la discriminación en este ámbito, ha recalcado.