C's pide devolver las cantidades cobradas a los afectados por la sentencia del TC de las plusvalías

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha pedido al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) que se devuelvan las cantidades cobradas de forma indebida a los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el impuesto de la plusvalía.

El TC ha declarado inconstitucional y ha anulado parcialmente el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía, en las ventas de viviendas con pérdidas.

El alto tribunal ha considerado que el impuesto sobre las plusvalías municipales vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo" computable entre uno (mínimo) y veinte años (máximo).

Tras esta sentencia, Sara Fernández, ha recordado al consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, que "se le acaban las excusas para implantar las medidas aprobadas por el pleno", en referencia a la moción de Cs aprobada el pasado mes de marzo en el sentido de aplicar mecanismos de devolución de cobrado de forma indebida.

IMPACTO ECONÓMICO

En rueda de prensa, Sara Fernández también ha apremiado a Rivarés a que "deje de mirar para otro lado y se cumpla con la voluntad del pleno en todos sus puntos".

Uno de esos puntos es conocer el impacto económico de la sentencia en las arcas municipales y a cuántos ciudadanos puede afectar al estimar que se puede remontar hasta cuatro años atrás, que es el plazo de prescripción administrativa, ha señalado.

También ha exigido que se modifique la ordenanza fiscal de este impuesto para no cobrar la plusvalía hasta que se cambie la ley en los casos que no se debería cobrar según la sentencia

Sara Fernández ha expuesto estos argumentos al esgrimir que la plusvalía es un "impuesto inadecuado, confiscatorio y cuestiona los principios de capacidad económica del Ayuntamiento".