Diputación de Huesca destina 2,5 millones a suministro eléctrico de ayuntamientos

HUESCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) aprobará el próximo jueves, día 1 de abril, en sesión plenaria, el primer Plan de Concertación Económica de 2017, que asciende a 2,5 millones de euros.

Esta partida servirá para financiar durante este ejercicio el gasto corriente de los ayuntamientos, el derivado del suministro de energía eléctrica de servicios e instalaciones municipales, como el alumbrado público o los bombeos eléctricos, así como del mantenimiento de este tipo de instalaciones.

Además, será el séptimo año consecutivo que la Diputación de Huesca aprueba este tipo de planes y, según ha valorado la vicepresidenta de la institución, Elisa Sancho, se trata de un fondo que "contribuye a aliviar el pago de la factura eléctrica de los equipamientos y servicios municipales, ayudando en este sentido sobre todo a los municipios más
pequeños, que son los que pueden tener más dificultades".

Esto se traduce en un fondo que llega prácticamente a toda la provincia, en concreto a 201 municipios, y la DPH subvencionará el 100% del gasto. La asignación total asciende a 2.500.000 euros que se distribuyen entre los municipios altoaragoneses en función del número de habitantes y de núcleos de cada uno.

El mayor importe, 2.110.000 euros, va a parar a los municipios que no alcanzan los 5.000 habitantes, de menor capacidad económica y de gestión, con una cantidad fija de 4.564 euros. El resto del fondo se repartirá el 70% por población y el 30% (366.000 euros) por entidades singulares de población.

Los destinatarios son todos los municipios de la provincia, a excepción de la capital como siempre se viene realizando por la Diputación para priorizar el medio rural. De esta forma, los seis ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, es decir, Barbastro, Binéfar, Fraga, Jaca, Monzón y Sabiñánigo, recibirán 65.000 euros cada uno hasta llegar a los 390.000 euros.

Se trata de un Plan que tiene carácter incondicionado para los ayuntamientos, ya que las entidades locales beneficiarias podrán destinar su importe, una vez incorporado a su presupuesto, a la financiación del gasto corriente municipal o a la prestación de esos servicios públicos.