La dirección de Tuzsa lamenta que la actitud del Comité de Empresa "imposibilita" evitar la huelga

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la empresa de Transportes Urbanos de Zaragoza (Tuzsa) ha lamentado que la actitud del Comité de Empresa "imposibilita" evitar la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para el próximo miércoles 29 de septiembre.

Desde la dirección han precisado que "no ha sido posible alcanzar un acuerdo" este viernes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para evitar la huelga convocada por el Comité de Empresa.

Ante esta falta de acuerdo, la dirección de Tuzsa ha puntualizado que la empresa "no ha propuesto, ni exigido rebaja alguna sobre los derechos actuales que ya disfrutan los trabajadores" y añaden que la empresa "desea dotar al convenio de mayor flexibilidad y a cambio de dicha flexibilidad ha ofrecido la mejora salarial".

Esta mejora salarial pasa por subir este año el IPC real de 2009; en el año 2011 se aplicaría el IPC real de 2010 más el 0,30 por ciento; el en 2012 se subiría el IPC real de 2011 más el 0,30 por ciento; en el año 2013 el IPC real de 2012 más el 0,30 por ciento; y en el año 2014 se aplicaría el IPC real de 2013 más el 0,30 por ciento.

En un comunicado, la dirección estima que las condiciones laborales de la plantilla de Tuzsa, son "comparativamente elevadas" al indicar que suponen 216 días de trabajo al año, 45 días de vacaciones y estabilidad en el empleo puesto que un 99 por ciento de los trabajadores tienen contrato fijo, además el coste medio salarial de un trabajador se cifra en 43.000 euros.

Tras exponer estos datos, Tuzsa "deplora" que el Comité de Empresa no haya accedido a negociar sobre esta propuesta y mantenga, en este escenario de crisis generalizada, unas peticiones a "todas luces desmedidas".

Tuzsa lamenta, asimismo, que se asocie de "manera interesada una reclamación particular con la huelga general" convocada por los sindicatos mayoritarios para el día 29 de septiembre.

Y sobre todo, Tuzsa lamenta los perjuicios que los ciudadanos puedan sufrir por los paros convocados, cuya legalidad no se cuestiona, pero cuya legitimidad es "difícilmente justificable a la luz de los datos que aquí se ofrecen y en un contexto económico como el actual".