La DPH pide una legislación específica para la supervivencia de los núcleos de zonas de montaña

HUESCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, ha participado este viernes en el III Congreso de la Asociación de Municipios de Montaña, que se ha celebrado en la localidad cántabra de Potes, donde ha solicitado una legislación específica que facilite la supervivencia de los núcleos de las zonas de montaña.

Gracia ha moderado la mesa de políticas para las zonas de montaña, que pretende arrojar luz sobre el papel de las instituciones en el futuro de estos municipios. Han intervenido en la sesión el senador del PP y presidente de la Comisión de Estudio del Senado sobre zonas de montaña, Ricardo Canals, el director general de administración local de la Generalitat Valenciana, Antoni Suc, el socio y fundador de Trebolar -servicios al agro emprendimiento, Ramiro Palacio, y el vicepresidente de la Red Española de Desarrollo Rural y alcalde del municipio asturiano de Somiedo, Belarmino Fernández.

Uno de los principales temas surgidos durante el debate es la necesidad de revisar el marco legislativo que envuelve y dificulta la creación de nuevos proyectos en estas zonas. En este sentido, Miguel Gracia ha planteado la necesidad de incluir medidas de discriminación positiva en aquellas acciones legislativas diferenciadas de las grandes ciudades que deben impulsarse para ofrecer a los vecinos de territorios con baja densidad demográfica igualdad de oportunidades y posibilidades a la hora de trabajar y vivir en estas zonas.

Ricardo Canals ha explicado el trabajo que se hizo en la Comisión de Estudio del Senado sobre zonas de montaña y ha puesto en valor las medidas para favorecer el asentamiento de la mujer en el medio rural.

Asimismo, los participantes en esta mesa han apostado por favorecer medidas de desarrollo empresarial más atractivas. De hecho, todos han coincidido en poner de manifiesto que "los programas de innovación y sensibilización del espíritu empresarial entre los jóvenes del medio rural son vitales para que quedarse en su localidad en vez de marcharse a la ciudad sea una opción de futuro".

En su intervención, el alcalde de Somiedo ha destacado la necesidad de una financiación justa para los ayuntamientos y ha reclamado mayor competencias para que los municipios puedan prestan servicios. También ha argumentado la necesidad de seguir contando con la acción y trabajo de los grupos de acción local, al ser órganos y elementos de acción directa con el territorio.

50 MEDIDAS

Por su parte, Antoni Suc ha expuesto las más de 50 medidas fiscales que el Gobierno valenciano va a poner en marcha para "discriminar positivamente a quienes quieran establecerse en las zonas de montaña".

Miguel Gracia ha recordado que las instituciones con competencia tienen que apoyar y promover cambios que permitan a los emprendedores de las zonas rurales crear sus empresas y hacerlas crecer, así como medidas dirigidas no solo a las empresas de nueva creación, sino a la incentivación de nuevos puestos de trabajo de las ya existentes.

Precisamente sobre este aspecto, Ramiro Palacios ha explicado su experiencia como fundador de servicios al agroemprendedor y ha presentado una guía para la gobernanza de las zonas de montaña. Todas las iniciativas e ideas para hacer del medio rural un entorno laboral más favorecedor a los emprendedores son bienvenidas y dignas de estudio, ya que la lucha contra la despoblación pasa ineludiblemente por la creación de empleo.

ORGANISMOS DE REFERENCIA

En estas jornadas se ha puesto de manifiesto también el papel de las diputaciones provinciales, sobre todo como redistribuidoras de impuestos, ya que llegan a todos los rincones de una provincia, y resultan fundamentales en cuanto a su labor en las políticas de sostenimiento de municipios.

La corrección de los equilibrios demográficos es en la actualidad una de las mayores preocupaciones de las diputaciones provinciales de casi todo el territorio español, que centran sus esfuerzos no solo en el desarrollo económico sino también en la lucha por la garantía de los servicios públicos.

En este sentido, una de las reclamaciones que se están llevando a cabo desde las diputaciones es una revisión del modelo de financiación de entidades locales, que no responde a las necesidades de los municipios.