Un estudio refleja una caída de inversión en educación en Aragón al pasar del 3,7% del PIB en 2009 al 3,3 en 2018

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Guillermo Herraiz, y el autor del estudio 'La evolución de la inversión educativa entre 2009 y 2018', Juan B. Martínez.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Guillermo Herraiz, y el autor del estudio 'La evolución de la inversión educativa entre 2009 y 2018', Juan B. Martínez. - EUROPA PRESS
Publicado: martes, 5 abril 2022 15:44

ZARAGOZA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Federación de Enseñanzas de Comisiones Obreras (CCOO) refleja una caída de la inversión en educación en Aragón al pasar del 3,7 por ciento del PIB regional en 2009 al 3,3 en 2018. Esta comunidad autónoma es la cuarta a la cola en este ámbito, lo que unido a la dispersión geográfica pone de manifiesto que los esfuerzos de los sucesivos gobiernos no han sido suficientes en esta materia.

Así se refleja en este trabajo, titulado 'La evolución de la inversión educativa entre 2009 y 2018', que contiene una separata sobre Aragón, con 61 tablas que explican el retroceso de esta aportación pormenorizado por sectores.

El documento ha sido elaborado Juan B. Martínez, quien lo ha presentado este martes, 5 de abril, en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, junto con el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Guillermo Herraiz.

El autor ha subrayado que, además, puesto que Aragón ha pasado de 199.626 alumnos en 2009 a 219.236 en 2018, una diferencia de 19.610 estudiantes más, "se agravan las consecuencias de la caída de la inversión".

Martínez ha aportado otros datos, como la subida del IPC en esta comunidad autónoma del 13,2 por ciento entre enero de 2009 y diciembre de 2018, y un incremento del PIB en ese periodo de 3.305 millones de euros y del 9,85 por ciento. Además, Aragón es la quinta comunidad autónoma en PIB per capita y la tercera en nivel de vida.

En el conjunto del Estado, el retroceso en inversión según el PIB ha pasado en el mismo periodo del 5,04 al 4,21 por ciento y el trabajo deja patente que, a lo largo de la década estudiada, "no solo ha habido una degradación de condiciones escolares, sino una repercusión en la calidad de la cualificación y el nivel de competencias de la ciudadanía y, por tanto, en la especialización del empleo, en sus niveles de precariedad y en la pérdida de aspiraciones del conjunto de la sociedad".

OTROS DATOS

El estudio también señala que en los programas económicos que abarcan solamente a las enseñanzas de régimen general, para docencia directa y mantenimiento, Aragón ha invertido 69,5 millones de euros más en 2018 que en 2009, un 8,8 por ciento más.

Sin embargo, el autor ha esgrimido que una valoración "rigurosa" exige considerar el diferente incremento de alumnado producido, que ha sido del 14 por ciento en la red pública y del 1,5 en la concertada, así como otras cuantías.

Así, en Aragón se han producido recortes entre 2009 y 2018 en los ámbitos de enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas; en servicios comunes, de conciliación y compensación; en formación del profesorado y en transferencias de capital a entidades públicas, como las destinadas a las corporaciones locales para la educación de cero a tres años.

Todos estos apartados suman 42 millones de euros de recorte en las enseñanzas no universitarias, lo que explica, parcialmente, la caída general. El resto proviene de la reducción de fondos públicos para las enseñanzas universitarias, según se lee en el documento.

La evolución de los presupuestos de las Administraciones educativas en las enseñanzas universitarias suponen un descenso del 15,9 por ciento y de casi 50 millones al pasar de los 312 millones de 2009 a los 262 millones en 2018, la cuarta mayor caída de inversión de España, que supera en el 67 por ciento el promedio de recorte estatal del 9,5 por ciento, y que, además, es paralelo a un incremento del alumnado del 5,3 por ciento, similar a la media española.

Además, el autor del estudio ha desglosado algunos otros datos, como la inversión por estudiante en centros públicos, que solo contempla lo relativo a la docencia directa, y que ha pasado de los 4.843 euros en 2009 a los 4.647 en 2018, una variación del cuatro por ciento, mientras que en el caso de inversión pública por estudiante en la universidad la diferencia es mucho mayor, del 19 por ciento, al pasar de los 8.621 a los 6.981 por alumno.

Juan B. Martínez ha opinado que esta falta de financiación ha llevado a muchas leyes educativas "a fracasar" y ha sostenido que no hay avance social posible, "si la educación no se considera una inversión de futuro".

En el conjunto del país, la inversión educativa ha sido de 50.660 millones de euros en 2018, 3.235 millones menos que en 2009, lo que supone un recorte global del 6 por ciento mientras el alumnado ha crecido el 11,1 por ciento.

Para valorar esos datos, hay que tener en cuenta que el IPC ha subido el 14,1 por ciento en el decenio y el PIB español lo ha hecho en el 12,6 por ciento, pese a la caída inicial del 4,6 por ciento entre 2009 y 2013, lo que significa un incremento de 184.000 millones de euros de riqueza nacional entre 2013 y 2018.

GASTO DOCENTE

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Guillermo Herraiz, ha esgrimido que además de esa menor inversión que la media estatal en educación, los recursos que se destinan a este ámbito "no van canalizados a mejorar las condiciones laborales docentes y eso hace que seamos el profesorado peor tratado de España".

A colación, ha recordado que están impulsando una campaña para evidenciar este hecho, que ha coincido con la presentación de este estudio sobre inversión educativa.

Herraiz ha apostillado que las enormes diferencias de inversión entre comunidades autónomas guardan un amplio paralelismo con las que muestran las evaluaciones educativas de diagnóstico, pese al marco legal común.

Por eso, ha manifestado, seguirán reclamando, como hacen desde hace más de 40 años, una ley de financiación del sistema educativo que comprometa un marco común de objetivos y una compensación de las desigualdades de origen, a la vez que exigen el cumplimiento del artículo 155 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en cuanto al compromiso de alcanzar el promedio de inversión de la Unión Europea.

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