El Gobierno de Aragón firma un contrato complementario para la atención social en violencia de género

Agrio debate en el que PP subraya su "lealtad" al Gobierno y el PSOE le critica su "tremendo cinismo"

ZARAGOZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha manifestado que se ha firmado un contrato complementario al adjudicado para la atención social a las mujeres víctimas de violencia de género.

Así lo ha señalado en una comparecencia ante el pleno de las Cortes autonómicas, a petición del PP, en la que ha informado de que este año se ha adjudicado el contrato para el citado servicio por 138.600 euros, la misma cantidad que había en el periodo anterior, si bien en esta ocasión ninguna empresa de las que ha optado al concurso ha ofrecido una mejora del contrato mediante el incremento del número de trabajadoras para llevar a cabo la guardia social en todo el territorio.

Esto último ha permitido que entre 2015 y 2017 haya habido seis trabajadores sociales al 30 por ciento de su jornada para atender Alcañiz, Barbastro y Calatayud, aunque no había sedes físicas en esos municipios. Sin embargo, este año, aunque la adjudicataria ha sido la misma empresa que ya daba el servicio, al no plantear la citada mejora, "hemos hecho un contrato complementario para esas jornadas" por 18.000 euros que "está firmado".

Así lo ha precisado Broto, que ha añadido que si se suman ambas cuantías se alcanzan los 156.600 euros, lo que supone un incremento del 11,4 por ciento, además de que el pliego del contrato inicial ha incluido como novedad la necesidad de que la atención sea presencial, "esa es la realidad".

La diputada del PP, Ana Marín, le ha replicado que "las trabajadoras sociales no tienen conocimiento de que sea así" y la comparecencia la portavoz 'popular' en las Cortes, Mar Vaquero, ha reclamado que se les leyera ese contrato.

La consejera ha indicado que no lo tenía y ha lamentado "profundamente" que no se creyeran su palabra, para indicar el portavoz del PSOE, Javier Sada, que el grupo del PP lo puede solicitar al Gobierno conforme a lo previsto en el Reglamento de las Cortes.

TRISTEZA

María Victoria Broto ha expresado su "gran tristeza" porque "la mayor crispación de este Parlamento tenga que ver con temas relacionados con la mujer" y ha estimado que este debate "solo se ha sacado con la voluntad de erosionar" al Gobierno autonómico, cuando este ha incrementado del presupuesto" en esta materia.

Ha añadido que el Estado ha reducido su aportación en esta materia el 20 por ciento "y lo que aporta el Gobierno de Aragón es el 76 por ciento" y lo que se recibe del Ejecutivo central supone el 23 por ciento. También ha opinado que se deberían haber abordado en este pleno asuntos como qué pasa con las mujeres que una vez que han denunciado, "retiran esa denuncia" o con el derecho de los maltratados a visitar a sus hijos.

En este sentido, ha indicado que sus aportaciones al pacto de Estado van en esta línea, así como en pedir la reposición de los efectivos policiales y por ampliar el concepto de violencia de género.

La diputada del PP, Ana Marín, ha esgrimido que el Gobierno de Aragón "nunca debería haber permitido la desatención a las mujeres víctimas de violencia de género", para criticar que a los pocos días de firmar el contrato, la empresa despidió a cinco de las 13 trabajadoras sociales que presentan sus servicios "cobrando una miseria" y atendiéndolo "todos los días del año a todas las horas del día", unos despidos que han supuesto "el cierre de las bases de Calatayud, Barbastro y Alcañiz".

Marín ha detallado que el PP "en privado, por lealtad, le advertimos de la situación", respecto a la que la empresa alegó "rentabilidad y viabilidad en términos económicos" cuando en esta materia "no podemos hablar de eso", así como que había menor número de llamadas en las provincias de Huesca y Teruel, cuando "no es verdad, sino que han aumentado", igual que lo han hecho las denuncias en 2016.

TREMENDO CINISMO

La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, ha calificado de "tremendo cinismo del PP preguntar a este Gobierno por los recortes en materia de igualdad" y ha advertido de que "estas intervenciones contribuyen a generar desconfianza e inseguridad entre las mujeres", cuando el Departamento "ha incrementado el presupuesto en este servicio", "del que poco se ha hablado y que se activa de forma inmediata desde el teléfono de 24 horas" y, entre otras cosas, "tramita de urgencia alojamientos" y "se desplaza a cualquier parte del territorio cuando es necesario".

La parlamentaria de Podemos, Marta Prades, ha explicado que la empresa adjudicataria aportó en el concurso que contaba con 13 plazas para este servicio, aunque el pliego solo exigiera seis, y tras firmarlo despidió a cinco, para esgrimir que si se ha hecho un contrato complementario, el resto de empresas que no ha competido en igualdad y lamentar la "falta de concienciación" del Ejecutivo "porque han hecho un corta y pega del pliego del anterior contrato".

La diputada del Partido Aragonés, Elena Allué, ha sostenido que "no puede haber fisuras en los partidos políticos en esta cuestión", pero le ha indicado a la consejera que "tampoco puede haber grietas en el sistema y las está habiendo", para recordar que el PAR fue el primero que puso en marcha este servicio cuando gobernó y lo hizo a través de un convenio con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, que ha estimado que sería la mejor manera de prestar este servicio.

La parlamentaria de Ciudadanos, Desiré Pescador, ha resaltado que este es un asunto "sensible que afecta a un sector de la sociedad tremendamente vulnerable" y "no entendemos por qué su Departamento hizo esa licitación y no contempló las mejoras que se estaban llevando a cabo en Calatayud, Barbastro y Alcañiz", por lo que ha opinado que la Administración "no ha sido todo lo diligente que debiera".

La diputada de IU Patricia Luquin, que ha intervenido por el grupo mixto, ha pedido "menos frivolidad" en este debate y ha emplazado al PP a "ir a Rajoy y exigirle las condiciones suficientes para empezar a erradicar" este problema, al tiempo que ha estimado que lo ocurrido con este contrato, que ha considerado "insuficiente", "pasa por tener servicios privatizados al mejor postor".