El Gobierno de Aragón firma convenios con 26 municipios para ayudarles a elaborar su planeamiento urbanístico

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha firmado este jueves, 20 de julio, convenios para que el Ejecutivo preste su colaboración a 26 municipios de las tres provincias aragonesas con el objetivo de ayudarles a elaborar su planeamiento urbanístico.

La colaboración supone que los ayuntamientos realizan una encomienda de gestión al Departamento para que este contrate un equipo redactor, que elaborará planes generales simplificados o delimitaciones de suelo, según lo que cada uno requiera, para su posterior entrega al consistorio para su aprobación.

El Gobierno de Aragón destinará 600.000 euros en 2017 para elaborar esos 26 documentos. Los municipios que se han acogido voluntariamente a esta opción van de los 30 a los mil habitantes y pertenecen a 13 comarcas. Hasta ahora este tipo de acuerdos, o a través de subvenciones, se ha llevado a cabo ya con una veintena de municipios y en años sucesivos el Departamento quiere contar con la ayuda de las diputaciones provinciales para la financiación.

El consejero de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado de que este año el Gobierno va a destinar otros 170.000 euros a subvenciones de hasta el 70 por ciento para ayuntamientos que se comprometan a redactar y aprobar el planeamiento urbanístico por su cuenta.

Asimismo, ha aclarado que en el caso de estos 26 acuerdos los municipios "mantienen todas sus competencias en la elección del modelo urbano y en materia de aprobación de esos instrumentos", que suponen, por ejemplo, decidir la altura máxima de los edificios de viviendas y dónde se construyen, así como la ubicación de zonas de ocio y servicios, de plazas y calles.

Así, con el convenio, el Ejecutivo se compromete a actuar conforme a las directrices de los ayuntamientos, teniendo en cuenta la legislación urbanística, medioambiental, sectorial y administrativa que sea de aplicación.

COMPROMISO MUNICIPAL

Por su parte, los ayuntamientos asumen el impulso de la tramitación del procedimiento de aprobación del planeamiento correspondiente, adoptando cuantos acuerdos sean necesarios y sometiéndola a la aprobación definitiva del Consejo Provincial de Urbanismo.

Los municipios se han suscrito el convenio para elaborar delimitaciones de suelo urbano son los de Alcaine, Arándiga, Argavieso, Barrachina, Chía, Fanlo, Lagueruela, Lanzuela, Montón, Murero, Obón, Olvés, Orera, Ruesca, San Juan de Plan, Santa Eulalia de Gállego, Toril y Masegoso y Villahermosa del Campo.

Por su parte, se elaborarán planes generales simplificados de Alquézar, Bisaurri, Escucha, Grisén, Maluenda, Olba, Paracuellos de Jiloca y Peñarroya de Tastavins.

Soro ha subrayado el objetivo es concluir la legislatura con la mayoría de los municipios aragoneses con planteamiento urbanístico, que no solo es un trámite administrativo, sino "una herramienta al servicio de los ciudadanos" para "garantizar la protección de espacios naturales, públicos y urbanos", fomentar las actividades económicas de forma adecuada y lograr un desarrollo "ordenado y equilibrado del territorio", ha señalado.

El consejero ha indicado que al inicio de legislatura, hace dos años, había 230 municipios sin planeamiento propio y el objetivo es prestarles la atención técnica necesaria, con recursos propios y asistencias externas, para que dispongan de él.

En concreto, ha agradecido la labor de los funcionarios que se van a ocupar de la contratación de los equipos redactores y van a tutelar su trabajo, así como a "garantizar plazos y procedimientos" para que se logre la aprobación definitiva.

INSPECCIÓN URBANÍSTICA

El consejero ha indicado que también se ha impulso un proceso de delegación de competencias en materia de disciplina e inspección urbanística, competencia "compleja", especialmente "donde se carece del aparto técnico y jurídico suficiente para asumirla con garantías", ha comentado Soro.

Según ha dicho, el Gobierno de Aragón puso en marcha hace dos años este proceso, al que ya se han acogido 114 ayuntamientos de la Comunidad. En este caso, el Ejecutivo asume las potestades de inspección, sancionadoras y de protección de la legalidad urbanística en cumplimiento del texto refundido de la ley de Urbanismo de Aragón.

Los importes económicos derivados de la imposición de sanciones urbanísticas se imputan a favor de los municipios, quienes asumen los posibles gastos por la elevación de las mismas.