El Gobierno de Aragón reclama daños y perjuicios a la UTE del CAM de Ateca y depurará responsabilidades internas

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha presentado una reclamación administrativa por daños y perjuicios a la UTE que ha gestionado el Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca (Zaragoza), formada por Lagunduz y Fundación Salud y Comunidad, cuyo director y cuatro trabajadores han ingresado en prisión provisional por, presuntamente, maltratar a dos internos. Además, el Departamento depurará responsabilidades internas "si las hubiera".

La consejera del área, Carmen Susín, ha ofrecido una rueda de prensa este jueves en la que ha explicado que la reclamación administrativa es "por incumplimiento de la Ley de Contratos Públicos" y ha dejado claro que "podrá dar lugar a acciones judiciales". El Departamento ha decidido rescindir la relación contractual de esta UTE "a presente y a futuro", ha recalcado Susín.

El Departamento ha iniciado una investigación interna, para lo que ha nombrado a un instructor, y ya ha abierto un expediente disciplinario a la persona responsable del Servicio Provincial de Tutelas y Protección a la Infancia. También se ha personado en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud (Zaragoza).

Ya se han detectado "deficiencias en los canales de información y comunicación" y "se tomarán todas las decisiones que haya que tomar". Susín ha dicho que "existía la orden de que cualquier incidencia tiene que ser comunicada" y que el Departamento reunirá a todos los directores de centros para comunicarles "el plan de observancia".

Otra medida es el refuerzo del personal para poder llevar a cabo estas actuaciones, la elaboración de un "protocolo de malas praxis" y la creación de una comisión de seguimiento.

El Ejecutivo está analizando la puesta en marcha de una auditoría de todos los contratos actualmente en vigor para centros similares al de Ateca, con el objetivo de conocer si estos contratos se cumplen "como está establecido", si ha habido casos similares al denunciado o de cualquier tipo, también para "diseccionar el funcionamiento de este tipo de centros".

Asimismo, se revisará la titulación de todos los trabajadores en los centros de menores. "Hay centros que trabajan muy bien, ahora se están viendo cuestionados por esta situación y hay que defender su buen nombre".

DETECTAR CUALQUIER NEGLIGENCIA

El Gobierno regional quiere detectar cualquier "negligencia" en el ámbito de la atención a los menores, "todo sin perjuicio de la investigación judicial en curso", ha expuesto la consejera. Toda la información se trasladará a la juez instructora, Aída Ramírez.

Susín ha advertido: "Si, por parte de la Administración, fruto del expediente interno de investigación se llega a acreditar cualquier negligencia en la vigilancia y control -de los menores tutelados-- se iniciarán las actuaciones judiciales pertinentes hasta las últimas consecuencias".

Al respecto, ha comentado que cuando las empresas se presentan a una licitación de este tipo presentan una declaración responsable que incluye los antecedentes penales del registro de menores "y eso se coteja y valida desde el IASS".

La consejera quiere saber "por qué se ha llegado a esta situación, si había denuncias previas y de qué tipo, escritas o verbales, en qué momento se produjeron, si alguien miró para otro lado, si hubo negligencia en la vigilancia de los menores, si faltó diligencia en el traslado de la información o cualquier otro hecho que pudiera acarrear responsabilidad", insistiendo: "En caso de que sea constitutivo de delito será la Diputación General de Aragón quien lo ponga en conocimiento de la Justicia y ejercerá la acusación correspondiente, y si no se demostrase delito, pero sí faltas susceptibles de sanción interna, se llevará a cabo".

GESTIÓN COMPLICADA

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha "un programa político ambicioso que está funcionando y dando resultados concretos" y, además, tiene como objetivo "resolver los problemas que surgen por diversos motivos de forma muy discreta: Es labor de un Gobierno y nosotros la vamos a seguir llevando a cabo".

Carmen Susín ha aseverado que "los Servicios Sociales son complicados de gestionar en las sociedades del bienestar, trabajamos siempre con personas que tienen problemas", mencionando el caso de los menores, las personas con discapacidad, vulnerables o en riesgo de exclusión social.

El Gobierno de Aragón no descansará hasta que esté resuelto este problema, ha enfatizado la consejera, quien ha añadido: "Hemos venido a intentar mejorar la vida cotidiana de los aragoneses, sobre todo de los más vulnerables o los que no pueden defenderse por sí mismos".

"Todas las decisiones y el proceso que se ha puesto en marcha han sido siempre velando por el interés de los menores bajo tutela del Gobierno de Aragón", ha manifestado Susín, quien ha hecho hincapié en que la Administración autonómica es la principal interesada en aclarar la situación y en que, si en la instancia judicial se demuestra cualquier delito, "que paguen los culpables".

Ha subrayado que "lo prioritario es velar por el bienestar, la privacidad y la seguridad de los menores que han denunciado estos hechos y que están bajo tutela de la Comunidad Autónoma".

REUBICACIÓN DE LOS MENORES

Las familias han estado en contacto con los responsables de sus hijos, ha continuado la titular de Bienestar Social y Familia, quien ha hecho hincapié en que estos centros son "específicos para los tratamientos que precisan estos chicos" y tienen las plazas concertadas con la DGA.

La Administración regional se ha puesto en contacto con sus homólogas de País Vasco y Baleares, ya que en Ateca había menores de estas comunidades, para que los recogieran, lo que hicieron el 2 de agosto, y los menores aragoneses están siendo reubicados en otros centros del Gobierno de Aragón.

Respecto a uno de los menores (uno de los dos denunciantes), Susín ha indicado que "el Gobierno de Aragón tiene ahora una tutela vacía de contenido, ese menor permanece con su madre y mientras la juez no dicte un auto de cese de tutela sigue con ella", que ha pedido la reversión de la tutela autonómica de su hijo, lo que la juez dirimirá en una vista este jueves o viernes.

En cuanto a los menores fugados de Ateca, la consejera ha señalado que la Administración dio parte a la Guardia Civil cuando se fugaron y de los ocho menores cinco han regresado por su propia voluntad y están reubicados, y dos permanecen con sus madres. Ha observado que el CAM de Ateca es un centro abierto y "los chavales salen al instituto o a hacer sus actividades diarias".