ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Vicente Guillén, ha dado a conocer la cuantificación que por "primera vez un gobierno es capaz de hacer de la deuda histórica" que la Comunidad "reclama al Gobierno de España", que ha cifrado en 7.566,86 millones de euros, si bien ha aclarado que esta es una cuestión "para consensuar con todos los grupos políticos" y así contar con un "refuerzo" para plantearlo en Madrid.
Guillén ha respondido a una interpelación formulada en el pleno del Parlamento autonómico por la diputada del Partido Aragonés María Herrero. Según ha dicho, ya se ha registrado en las Cortes de Aragón el informe que cuantifica la deuda histórica, que reúne todos los conceptos que se pueden "objetivar".
En concreto, ha desglosado esos 7.566,86 millones en 835 de mermas tributarias, 535,5 de déficit respecto al gasto comprometido por dependencia, 76,6 por subvenciones dejadas de percibir del Ministerio de Educación, 5,6 por la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 1.227,16 por la infradotación de las competencias de Sanidad, y 4.887 millones por infraestructuras.
Esta última cuantía se refiere a la no ejecución o ejecución parcial de partidas presupuestadas en infraestructuras o planes de restitución y a planes aprobados sin consignación por parte del Gobierno central.
Guillén ha apostado por el "rigor al presentar las cifras" para tener "más credibilidad", si bien se ha mostrado dispuesto a incrementar esta cuantía "si podemos hacer un ejercicio de objetivación" de las cuantías perdidas por no incluir a Aragón entre los territorios que se han beneficiado de los fondos estructurales de la Unión Europea.
PETICIÓN DE LA BILATERAL
El consejero de Presidencia ha subrayado que "estoy dispuesto a colaborar con la Cámara" para lograr una "posición común y firme" con la que "reclamar al Gobierno de España" la deuda histórica, y ha informado de que ya se ha enviado una solicitud para que "de manera inmediata" se reúna la Comisión Bilateral Aragón-Estado para tratar de esta cuestión y también del acuerdo económico financiero recogido en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía y de la ejecución de las obras del Pacto del Agua.
Además, ha opinado que hay que plantear en ese foro el papel que puede desempeñar la Comunidad como cauce institucional en la relación con Cataluña, abordar la situación de los bienes patrimoniales de Aragón pendientes de devolver por parte de la Comunidad catalana, y del apoyo a Zaragoza "como el nudo logístico más importante de España" y "a partir de ahí hablar de la conexiones ferroviarias".
También ha estimado que se debe reclamar "la salvaguarda por encima de todo" de la prestación de los servicios sociales, sanitarios y educativos" y de que el nuevo sistema de financiación "se base en el cálculo de los costes reales de estos servicios en el territorio, a fin de tratar igual a los iguales", frente a la prioridad de la población que actualmente condiciona el 97 por ciento del reparto de estos fondos.
Guillén ha considerado "imprescindible" tratar "ya" de estas cuestiones, como también del "aumento de la litigiosidad" por parte del Estado, que están recurriendo "las leyes que estamos aprobando" en la Comunidad, cuando entre ambas Administraciones "debe regir la lealtad y cooperación y no dirimir" las diferencias en los tribunales.
AGILIDAD
La diputada del PAR, María Herrero, ha valorado la "disposición" del consejero "para intentar consensuar" la deuda histórica y ha abogado por "moverse con agilidad" puesto que esta reclamación ha sido realizada desde hace años por otras Comunidades autónomas y ya se les ha abonado.
Le ha pedido hacer un "cálculo estimado" de la repercusión de haber sido excluidos de los fondos estructurales y no pecar "de discretos" y "creer que pedimos más de lo que nos deben" puesto que la reclamación realizada por otras Comunidades ha sido mucho mayor y "hace muchos años que nos llevan ventaja, cuando Aragón por nuestro Estatuto y nuestra historia deberíamos ir a la cabeza".
Herrero ha señalado que los cauces para resolver la deuda histórica son el acuerdo económico financiero y la comisión bilateral, una "cuestión de justicia", que "repercute en la calidad de vida diaria de los aragoneses", después de haber recibido transferencias "mal dotadas" y de que se hayan modificado tributos cedidos "de manera unilateral por el Estado".
Igualmente, ha mencionado la consignación en los Presupuesto Generales del Estado "de partidas no ejecutadas o insuficientes", del "sobre coste" en la prestación de servicios en Aragón y de la "afección" del sistema de financiación autonómica.