IU reclama al Gobierno de Azcón que actúe frente a la pobreza energética, "que afecta a miles de familias en Aragón"

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida defenderá este martes en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón una iniciativa para actuar frente a la pobreza energética.

Se trata de una proposición no de ley que Izquierda Unida ya presentó en la pasada legislatura y que fue aprobada, según recuerda, con el voto favorable del partido que hoy gobierna en Aragón, el Partido Popular. "Ha pasado un año desde que el PP entró en el Pignatelli y vemos que no les ha debido dar tiempo a afrontar esta cuestión que afecta a miles de personas en la Comunidad", señala el Coordinador general de IU Aragón y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz.

El cambio climático, explican desde la formación de izquierdas, ha generado que no sólo se necesite energía en invierno, sino que, en verano, la OMS recomienda mantener una temperatura de 26 grados centígrados para garantizar el confort térmico. Sin embargo, según datos del INE, el 13,7% de los hogares aragoneses no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

Para el diputado de IU Aragón, esta cuestión ha hecho más relevante la actuación frente a la pobreza energética y considera que es el momento de poner en marcha los mecanismos adecuados que lleven a la mejora de los hábitos de consumo y a garantizar la energía en todos los hogares como suministro básico.

En este sentido, Izquierda Unida recoge en esta iniciativa "deberes pendientes" de la Ley 9/2016 de reducción de la pobreza energética de Aragón y pide que se aplique. En concreto, reclama al Ejecutivo autonómico que elabore un estudio que permita conocer los perfiles de vulnerabilidad en pobreza energética que no solo están unidos a renta sino, también, a las condiciones climáticas y de habitabilidad; y a poner en marcha el Comité de seguimiento del Plan de Medidas de Eficiencia Energética que elabore dicho plan.

Con el tercer punto de su iniciativa parlamentaria, la formación pretende adecuar las prestaciones para facilitar la coordinación con las ayudas estatales.

El Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, que regula el bono social, define al consumidor en riesgo de exclusión social y recoge que queda eximido del pago de la totalidad de la factura y su suministro no puede verse interrumpido.

Sin embargo, para ser reconocido como consumidor en riesgo de exclusión social, el requisito es que "los servicios sociales autonómicos o locales sufraguen, al menos, el 50% de la factura a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) antes de aplicar el descuento por bono social".

IU, que entiende que la limitación de los 200 euros anuales afecta a esta condición y, por tanto, dificulta el reconocimiento de consumidores en exclusión social en Aragón, pide cambiar este reglamento para mejorar la cobertura en nuestro territorio.

"Creemos que es asumible porque es una partida de la que siempre ha sobrado una cantidad escandalosa de dinero y que, aunque ahora se ha reducido, podría ampliarse para mejorar la respuesta", subraya Sanz, quien explica que "no es cuestión de no fijar un máximo, sino que éste sea lo suficiente para cubrir el 50% de la factura ya que todos sabemos que 200 euros anuales está muy lejos de pagar el consumo energético de cualquier hogar".

Asimismo, IU propone que se forme a todo el personal que da atención directa sobre prestaciones en los servicios sociales sobre la herramienta de la ENERSOC para que puedan asesorar a las personas que atienden de forma automática.

Y a estudiar, en el marco de las prestaciones sociales, la ampliación del acceso a las prestaciones a personas y familias en riesgo de pobreza que no entran en las categorías de vulnerable o especialmente vulnerable.