El juez del caso Jamón continuará tomando declaración a los investigados

   TERUEL, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El juez Jerónimo Cano, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, que investiga el caso de presuntas irregularidades en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jamón de Teruel ha decidido continuar tomando declaración a los diputados de la DPT --en la época analizada-- y miembros del IAF investigados, como señala en una providencia dictada este viernes.

   Lo hará una vez sea firme el auto en el que denegó el sobreseimiento provisional para los investigados, petición realizada por la Fiscalía.

   Entiende el magistrado instructor de la causa, y así lo expresa en la resolución dictada esta mañana, que una vez admitida la personación de la acusación particular, "resulta oportuno y pertinente proceder a la continuación de las declaraciones de los investigados (antiguos imputados) que quedaron sin efecto después de que la Fiscalía retirara la acusación contra ellos".

   Así, deberán declarar Inocencio Martínez, Julia Vicente, y los restantes miembros asistentes a los Plenos de la Diputación Provincial de Teruel de 26 de febrero de 2010 y 25 de febrero de 2011.

   No obstante, y en lo que a las declaraciones de los investigados respecta, el juez explica claramente que "el comienzo de las mismas tendrá lugar en el momento que el auto de fecha 25 de noviembre de 2015, por el que se acordada no haber lugar al sobreseimiento provisional y archivo del presente procedimiento respecto de las personas de Rogelio Pablo Castaño Marqués, Antonio Ernesto Arrufat Gascón y Francisco Abril Galve, devenga firme".

   Es decir, una vez que transcurrido el plazo legalmente previsto, no se haya presentado ningún recurso o, si hubiere presentado, la Audiencia Provincial de Teruel se haya pronunciado sobre el mismo confirmado la decisión del instructor.

PERJUICIO

   El juez ha argumentado que actuar de otra manera podría ocasionar un perjuicio, o menoscabo profesional innecesario, a dichos diputados provinciales.

   Respecto a la expresidenta de la DPT Carmen Pobo, el magistrado ha acordado que no será investigada ni se le va a tomar declaración como tal, porque entiende que su proceder fue correcto y dentro del marco legal. Decisión que adopta pese a la solicitud realizada por la acusación particular de que fuera investigada.

   Respecto a Antonio Ernesto Arrufat y Francisco Abril, puntualiza el instructor que no fueron investigados por ser los ordenantes de los pagos, sino por formar parte de los Plenos reseñados en la causa como objeto de investigación judicial y por su condición en ellos de presidente el primero y diputado el segundo.

   Por lo que a las declaraciones de los restantes investigados se refiere, Ana Aznar Ballesta, Francisco Querol Fernández, Rafael Sánchez y Antonio Gasión Aguilar, del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el magistrado ha decidido proceder de la misma manera que con los diputados provinciales de la DPT por los mismos motivos y por análogos términos al entender que "el proceder del IAF dista poco del manifestado por la DPT".