La Nueva Oficina Fiscal avanza en Aragón, tras convocarse el primer concurso para provisión de plazas

Disminuyen las diligencias previas en procedimientos penales en la comunidad autónoma el 15,7% en 2020 sobre el año anterior

ZARAGOZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Superior de Aragón, Asunción Losada, ha subrayado los avances de la Nueva Oficina Fiscal en la comunidad autónoma, dentro de la modernización de la Justicia, cuyo cronograma de implantación se abordó con el Ejecutivo regional el pasado mes de julio y para la que se ha convocado el pasado 15 de septiembre el primero de los concursos de provisión de plazas.

Así lo ha manifestado Losada durante su intervención en la Apertura del Año Judicial 2021-2022 en Aragón, la primera vez que lo hace tras tomar posesión de su cargo, acto en el que también ha participado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, y ha contado con la asistencia del presidente de la comunidad autónoma, Javier Lambán, del de las Cortes regionales, Javier Sada, y de la delegada del Gobierno de España en Aragón, Rosa Serrano.

La Fiscal Superior ha precisado que el primero concurso de provisión de plazas quiere cubrir los puestos de apoyo a las jefaturas, destinados a funcionarios de carrera del cuerpo de tramitación procesal y administrativa, procedentes de la administración de justicia.

Finalizado el proceso, la Oficina Fiscal "supondrá una mejora en el funcionamiento de las secretarias", la consolidación de las plazas de funcionarios de refuerzo como plazas definitivas de las secretarias de las fiscalías y la "deseada creación" en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón de una secretaria propia en la que tendrán su destino dos funcionarios del cuerpo de tramitación.

AVANTIUS

Losada ha remarcado su especial interés por el avance "en una mayor eficiencia y agilización de las Fiscalías", a lo que va a contribuir esta Nueva Oficina, así como las mejoras del expediente de gestión procesal Avantius.

De él ha dicho que durante el estado de alarma, "favoreció el despacho de procedimientos, permitiendo la continuidad del trabajo de los fiscales en tan excepcionales circunstancias".

Ha añadido que el expediente digital permite el despacho telemático de las causas "y consolida la utilidad de la informática en la administración de justicia", una herramienta "que ha demostrado una indiscutible funcionalidad y eficacia en el desempeño del trabajo, ahorrando tiempo y costes".

Respecto a las mejores que restan por llevar a cabo, ha informado de que han sido tratadas en las reuniones de la Comisión Mixta de Coordinación del Ministerio Fiscal y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y en la última, del pasado 1 de julio, se abordaron algunas "que sin duda facilitaran la completa implantación del sistema".

Entre ellas, ha mencionado la integración Avantius-Efidelius, que permitirá un acceso "más rápido y fácil" a las grabaciones de vistas y declaraciones, la utilización por los órganos fiscales de una herramienta que permita las grabaciones de las declaraciones prestadas en las diligencias tramitadas por las Fiscalías, posibilidad ahora limitada a las Fiscalías de Menores, y la implantación de la textualización de las grabaciones.

ACTIVIDAD EN 2020

Losada ha comunicado que la actividad de las Fiscalías de Aragón durante el 2020 ha dado lugar a la incoación de 186 diligencias de investigación. Los fiscales de Aragón han formulado 4.944 escritos de calificación, han solicitado 283 medidas cautelares de prisión sin fianza, han asistido a 3.292 juicios por delito grave o menos grave y han despachado más de 5.000 ejecutorias.

En materia de violencia de género, se han presentado 884 escritos de calificación en procedimientos penales por delitos propios de esta materia. Asimismo, los fiscales de Menores en Aragón han incoado 1.680 diligencias preliminares, 892 expedientes de reforma y han formulado 463 escritos de alegaciones.

En orden a la evolución de los procedimientos penales en el conjunto de las Fiscalías de Aragón, el total de diligencias previas incoadas ha sido de 46.835. Este número supone una disminución del 15,7% frente al año 2019, cifra indica que, durante el año 2020, ha tenido lugar una disminución de la delincuencia en Aragón, que no ha sido proporcionalmente igual en todos los tipos delictivos.

Losada ha detallado que este menor número se observa en los delitos contra la vida y la integridad corporal, en la mayor parte de los delitos contra el patrimonio, en los delitos contra la seguridad vial o en los delitos contra la Hacienda Pública, Seguridad Social o fraude de subvenciones.

Por el contrario, ha habido un aumento del 0,5% de los delitos contra la libertad sexual durante el mismo periodo. Sin embargo, en violencia de género ha habido un menor número de denuncias y procedimiento incoados.

La mayor parte de estas denuncias corresponden a las formuladas por el delito de lesiones o maltrato ocasional, delitos de amenazas y, en menor número, por los delitos de maltrato habitual, quebrantamiento de medidas cautelares o condena y coacciones. Igualmente, se ha observado un menor número de denuncias en relación a la violencia doméstica.

AÑO ESPECIAL POR LA PANDEMIA

La Fiscal Superior de Aragón ha esgrimido que los datos generales relativos a la evolución de la delincuencia "no pueden considerarse una tendencia a la disminución de las conductas delictivas", sino que debe atenderse a las especiales circunstancias acaecidas en 2020.

"Es preciso, normalizada la situación de pandemia, valorar desde el punto de visto social y jurídico en qué medida esta situación ha influido realmente en las conductas delictivas", ha sostenido.

Además, estas cifras "no pueden hacer bajar la guardia ante la comisión de delitos", ha enfatizado Losada, sino que el Ministerio Fiscal "debe estar y está siempre alerta para proteger los derechos de las víctimas y en general de todos los ciudadanos".

Ha añadido que debe cumplir el mandato constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.