ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha informado de que la Oficina Municipal de Vivienda ha logrado en 2016 paralizar 396 desahucios y que estos casos entren en procesos de mediación de las que 103 son mediaciones hipotecarias y 293 expedientes por impagos de alquiler.
Las 103 mediaciones de deuda hipotecaria son menos que las 128 registradas en 2015, las 125 de 2014 y las 187 de 2013, lo que ha atribuido a un descenso de la demanda tras reducirse los problemas derivados de los hipotecas en años previos, si bien ha señalado que los casos son más complejos.
Al respecto, ha destacado que las situaciones económicas de los solicitantes "son de mucha necesidad" y ha aportado el dato de que en un 25 por ciento algún integrante de la unidad familiar "tiene trabajo y en muchas ocasiones de forma precaria, con ingresos insuficientes para atender las cuotas hipotecarias y la necesidades familiares".
Otro dato que ha citado es que el 12 por ciento son pensionistas, el 38 por ciento recibe prestaciones por desempleo o ayudas sociales con vigencia limitada y con una búsqueda infructuosa de empleo, y en un 25 por ciento de los casos las unidades familiares no tienen ningún tipo de ingreso oficial y dependen de ayudas de urgencia.
En cuanto a la nacionalidad de los 103 solicitantes de mediación de deuda hipotecaria, este año 77 son españoles, 4 europeos, 11 americanos, 10 africanos y un asiático.
Sobre el estado de las deudas hipotecarias de los participantes en el programa, un 19 por ciento está en fase de previsión sin cuotas aún pendientes pero con problemas para el pago; el 49 por ciento con cuotas pendientes sin procedimientos de ejecución hipotecaria y un 32 por ciento con el procedimiento en curso.
Otro aspecto que ha recalcado Híjar de estos 103 expedientes es que cinco familias han sido realojadas en viviendas sociales gestionadas por Zaragoza-Vivienda y ha incidido en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda social del Ayuntamiento mediante programas como el de captación y movilización de vivienda vacía, que en esta legislatura han supuesto disponer de 340 hogares.
ALQUILER
El programa de Mediación en casos de Arrendamiento ha generado el pasado año 292 expedientes y ha supuesto el realojo de 64 casos en viviendas de alquiler social municipales, a las que se suman otras 90 desde el inicio del programa en julio de 2015.
Los perfiles de las unidades de convivencia son en su mayoría matrimonios, parejas o separados/divorciados con hijos. Varios casos presentan vulnerabilidad al ser familias monomarentales con hijos, familias numerosas, algún tipo de discapacidad y también en algún caso violencia de género.
Las situaciones económicas revelan que tienen trabajos precarios y salarios bajos, algunos reciben pensiones de viudedad o discapacidad y la gran mayoría subsisten con prestaciones por desempleo, subsidios o ayudas sociales.
En su mayoría son usuarios de centros municipales de servicios sociales, dos tercios de las mediaciones ha sido con familias españolas (194 casos), otros 23 de origen europeo, 24 americanos y 51 africanos.
Al acceder al programa, el 36,4 por ciento no tenía demanda judicial por lo que el margen de mediación ha sido mayor, mientras que en el 47 por ciento restante ya existía demanda de juicio verbal de desahucio, lo que ha supuesto una limitación del trabajo de mediación, ha reconocido Hijar.
También ha informado de que se atienden casos de ocupaciones que "podrían valorarse de buena fe o vulnerables para intentar llegar a una solución con la entidad financiera titular de las viviendas".
MÁS VIVIENDAS
Pablo Híjar ha insistido en que "hay demanda de vivienda de alquiler social, si bien para atender la emergencia habitacional hay bolsa suficiente" y ha ensalzado que "se ha agilizado el proceso en el que una vivienda se adecua para volver a ser ocupada".
No obstante, ha indicado que "echamos en falta normativas, como una ley que permita a las administraciones públicas expropiar edificios vacíos que no cumplen una función social" y ha lamentado que "estamos lejos de acabar con los desahucios".
El coordinador de la Oficina Municipal de Vivienda, Sergio Castell, ha explicado que desde 2012 se ha ido frenando la situación, pero "hay más de cien expedientes anuales y se prevé este año una mayor demanda por posibles consultas de las cláusulas suelo y porque en mayo termina una de las moratorias de desahucios".
Por otro lado, Híjar ha calificado de "buena" la relación con el área de Vivienda del Gobierno de Aragón, con cuya directora general, Mayte Andreu, "mantenemos reuniones periódicas muy satisfactorias", ha agregado.
Sobre las cláusulas suelo, Híjar ha arremetido contra la norma dictada por el Gobierno central porque "después de varias sentencias europeas se sabe que las cláusulas suelo eran abusivas y en lugar de pagar directamente la entidad tiene que ser el afectado el que se someta a la mediación y hacer las cuentas sobre las que el banco tiene la potestad de decir si está conforme o no y en tal caso el afectado tiene que seguir recurriendo".
En otro orden de cosas, Híjar ha criticado que el Congreso de los Diputados haya rechazado crear una Comisión de investigación sobre el rescate de 60.000 millones de euros a la banca. "Es vergonzoso que no den explicaciones y no se les obligue a los bancos a abonar las cláusulas suelo". A su parecer, el Gobierno de España "hace normas a la medida de la banca", ha concluido.