El PAR pide atención para los jubilados aragoneses que trabajaron en Venezuela

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón ha reclamado tanto al Gobierno central, como al de la Comunidad autónoma que atienda a los alrededor de cien jubilados que residen en esta región, pero cuya vida laboral se desarrolló en Venezuela, país que ha dejado de abonarles la pensión desde hace 17 meses.

La diputada del PAR en el Parlamento autonómico, Elena Allué, ha explicado en rueda de prensa que en España son unos 10.000 jubilados los que se encuentran en esta situación, la mayoría gallegos y asturianos. Estos últimos están recibiendo ayudas de urgencia por parte de su Comunidad, mientras que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales "las está denegando".

Allué ha sostenido que hay que exigir al Gobierno de España que reclame el cumplimiento del acuerdo suscrito en 1988 con el Gobierno de Venezuela para el abono de esas pensiones, como sí están recibiendo los venezolanos que trabajaron aquí y han regresado en su jubilación a su país de origen.

Según ha relatado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya se ha dirigido al Instituto Venezolano de Seguridad Social, pero el Gobierno de Nicolás Maduro "está incumpliendo sistemática el convenio" en esta materia, un país que vive una situación "de desgobierno" y una "crisis humanitaria de primer nivel", y que en diciembre de 2015 "interrumpió el pago de las pensiones a sus beneficiarios en el exterior", algunos de los cuales tiene la doble nacionalidad.

Esta decisión se ejecutó "sin mediar explicación oficial" y "no se dan justificante de esos impagos", ha precisado la diputada, lo que supone que en el caso de esta Comunidad autónoma el IASS "está denegando todas las ayudas de urgencia" que solicitan estas personas ya que "no pueden demostrar la extinción de su derecho de prestación porque el gobierno de Maduro se niega a reconocer los hechos".

Sin embargo, en Asturias "se puede demostrar el impago con una declaración certificada de estos españoles" y sí se les están concediendo apoyos.

Allué ha advertido de que estas personas han gastado todos sus ahorros estos meses para "poder comer y subsistir" y "están en una situación límite, en riesgos de exclusión social", pero el Gobierno de Aragón "los está dejando fuera, cuando peor lo está pasando" ya que no reciben ninguna prestación y sufren el impago de sus pensiones.

DEFENSA DE DERECHOS

La diputada del PAR ha indicado que ya han registrado una proposición no de ley, que se debatirá en el próximo pleno de las Cortes de Aragón, con la finalidad de que "se defiendan los derechos que tienen los aragoneses que se han tenido que marcharse al exterior y han retornado para pasar sus años de jubilación en su región de origen", pero "no se les están pagando las pensiones".

"Nos parece una situación desastrosa y limite por parte de quien ha creado el problema, el Gobierno venezolano", pero también por quienes "no protegen a sus conciudadanos".

Por eso, la iniciativa exige al Ejecutivo de España y al de la Comunidad que utilicen todos los mecanismos legales a su alcance con el fin de exigir al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el cumplimiento del convenio de 1998, que abone de manera urgente las cantidades que adeuda a los perceptores de pensiones venezolanas residentes en España y asegure la regularidad del pago.

Además, la proposición no de ley solicita al Gobierno de Aragón que establezca las medidas necesarias para que, mientras no se produzca el pago de las pensiones, estas personas tengan aseguradas unas ayudas mínimas y extraordinarias por parte del IASS, especialmente quienes se encuentran en una situación de pobreza y riesgo de exclusión social.

Allué ha recordado que el Estatuto de Autonomía indica que el Ejecutivo velará por las comunidades aragonesas asentadas fuera de Aragón y, según la ley que las regula, se debe atender también a los aragoneses individualmente considerados y "se establece un elenco de prestaciones y derechos a su favor".

La diputada ha comentado que las personas afectadas se han constituido en asociación y han acudido a las Cortes de Aragón "a reclamar auxilio a los grupos parlamentarios".