ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado que acudirá a los tribunales si el alcalde, Pedro Santisteve, no revoca la autorización a la entidad Marchas por la Dignidad en Aragón para celebrar en el Centro Cívico Delicias el acto 'Charla-debate sobre el derecho a decidir' este sábado, 23 de septiembre a las 18.30 horas.
"Si esta misma mañana no revoca la autorización, el PP interpondrá un recurso contencioso administrativo con la petición de medidas cautelarísimas para que sea un juez el que impida el acto y restablezca la autoridad en el Ayuntamiento".
Azcón ha recordado que la entidad Marchas por la Dignidad, "que tiene relación con IU y Zaragoza en Común", ha organizado este acto que es de "apoyo y promoción al referéndum ilegal del 1 de octubre".
En rueda de prensa, Azcón ha confiado en que el alcalde "tenga un mínimo de cordura, sensatez y responsabilidad para revocar la autorización, sino el PP hará todo lo que esté en su mano para que la ley se cumpla".
Ha precisado que si este acto fuera convocado por una entidad privada en un espacio privado el PP "solo podría discrepar", pero "el problema es que este acto está convocado en el Centro Cívico Delicias y cuenta con la autorización del Ayuntamiento de Zaragoza".
Azcón ha remitido una carta al alcalde para que "de forma inmediata" revoque la autorización y ante la posibilidad de que el alcalde no supiera que se iba a celebrar "porque ha estado muchos días fuera" le piden que actúe con "responsabilidad y evite que los recursos públicos de los impuestos vayan a promocionar un acto ilegal que ataca al núcleo duro de la Constitución y los derechos como españoles".
ANTEDECENTE DE MADRID
En tono enfático ha dicho que Santisteve ha autorizado una charla debate "en la que se tratará una cuestión ilegal" y ha dejado claro que "no es que al PP le parezca socialmente inaceptable, sino que es ilegal tal y como dicen las resoluciones de la Fiscalía General del Estado y el juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Madrid en un caso idéntico", en el que a la entidad La Comuna el Ayuntamiento de Madrid también les cedió un equipamiento público para un evento absolutamente similar y que finalmente no se llevó a cabo en un espacio público.
A colación ha relatado que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid recurrió la decisión de la alcaldesa, Manuela Carmena, y pidió medias cautelarísimas que fueron aceptas por el juez y el acto no se celebró en un espacio público tras un auto "demoledor" del juez en el que dicta que "es evidente que los espacios municipales tienen por fin servir a los intereses generales y no a actos públicos en favor de un referéndum ilegal que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional porque atenta contra la unidad de España y la soberanía del pueblo español".
Asimismo, Azcón ha señalado que el reglamento de los centros cívicos dice que "no se pueden utilizar cuando se atente contra los valores constitucionales o los derechos humanos" y ha lamentado que "a pesar de ello ha sido autorizado por el Ayuntamiento de Zaragoza".
"Espero que Santisteve no se ponga del lado de su partido, sino de todos los zaragozanos y revoque personalmente la autorización", ha apremiado Azcón para mostrar su disposición a hacerle llegar al alcalde toda la información sobre el acto y la documentación jurídica de lo que ha pasado en Madrid.
"Pido a Santisteve que haga un esfuerzo por estar del lado de la ley y no va a ser sencillo porque estas organizaciones radicales son en las que se encuadra políticamente, pero es que ser alcalde de Zaragoza no es fácil y hay que tomar decisiones. Tiene que decidir si se pone el traje de alcalde o cierra filas con las organizaciones políticas más extremistas y radicales del entorno del alcalde".
A juicio de Azcón, se trata de una decisión "importante" porque los zaragozanos sabrán si en la silla del alcalde se sienta una persona que "es capaz de anteponer la legalidad e intereses de todos ante los intereses partidistas y saber si está dispuesto defender la legalidad o aquello que pretende destruir las normas que rigen el sistema democrático".
Azcón ha concluido al remachar que el PP hará todo lo que este en su mano para que se defienda la legalidad y "los impuestos no van a promocionar un acto que atenta directamente contra los valores constitucionales que han dado estabilidad a España en estos 40 años de democracia".