El PP cree "inadmisible" que el Gobierno excluya a Aragón del grupo de trabajo de la Ley del Sistema Universitario

Archivo - El diputado del  Partido Popular en el Congreso, Pedro Navarro.
Archivo - El diputado del Partido Popular en el Congreso, Pedro Navarro. - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: viernes, 2 febrero 2024 14:06

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular de Zaragoza y portavoz de Universidades del PP en el Congreso de los Diputados, Pedro Navarro, ha presentado una pregunta al Gobierno de España para que exponga el motivo de dejar fuera a Aragón del grupo de trabajo sobre el desarrollo, financiación y establecimiento de un calendario de la LOSU (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario), decisión que ha tildado de "inadmisible".

En la citada pregunta el diputado popular solicita conocer los criterios utilizados por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para excluir a la Comunidad Autónoma de Aragón de un grupo de trabajo cuya importancia es "mayúscula", ya que entre sus funciones estará la de determinar como financiarán las comunidades autónomas la nueva ley, así como establecer un calendario para aplicar el contenido de la norma.

"Se ha privado a los aragoneses --ha lamentado Navarro-- opinar sobre una ley tan importante para el sistema educativo de nuestra comunidad. Una vez más, el Gobierno de España no ha respetado el principio de igualdad, decidiendo de forma arbitraria quien forma parte del grupo de trabajo de la Ley del Sistema Universitario".

"Esta decisión del Gobierno de España --ha agregado-- tomada de forma unilateral, cercena el pluralismo político y rompe con el consenso que debería de tener una norma de este calado".

La importancia del grupo de trabajo para la aplicación de la ley fue declarada por la propia ministra en la I Conferencia General de Política Universitaria, con lo que el malestar del Gobierno de Aragón por quedar fuera de la misma, "está más que justificado", ha recalcado.

Este hecho "acentúa las dudas" que la ley ha creado en cuanto a su aplicación, cuyo coste ha sido cifrado por los rectores de las universidades en 844 millones de euros, que deberá de aportar el Gobierno de España.