ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza defenderá dos mociones en el pleno de octubre en las que exigirá al Gobierno de España la adopción de medidas "urgentes" para solucionar el colapso logístico que afecta "gravemente" a la Terminal Marítima de Zaragoza (TmZ) y al sector agroalimentario aragonés. También le reclamará que se impulse una nueva legislación "contra la ocupación ilegal" de viviendas y locales.
El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Ángel Lorén, ha explicado el contenido de sendas mociones que atañen a "dos problemas de la sociedad ante la gestión del Gobierno de España".
En rueda de prensa, Lorén ha asegurado que el problema que presenta la TmZ es la "punta del iceberg de lo que será en el futuro" porque las obras del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y de las infraestructuras ferroviarias por falta de planificación conlleva deficiencias en los suministros para la TmZ, que es de los puertos secos "más importantes y eficientes de Europa" con un tráfico de mercancías fundamental.
La TmZ recibe un 98 por ciento de contenedores llenos y exporta un 97 por ciento de contenedores llenos, lo que supone que el nivel de eficacia "se aproxima al 10 y se verá mermado por el corte del tráfico de mercancías de Adif y Renfe".
Al respecto, ha explicado que el Ministerio de Transportes ha comenzado las obras del Corredor Cantábrico-Mediterráneo "sin planificar y la reducción del tráfico de mercancías es del 15% en la TmZ". Todas las mercancías que vienen del puerto de Barcelona o Valencia se ven afectadas por esas obras que se van a prolongar entre 6 y 9 meses durante el que se verán "saturadas" las carreteras y con mercancías que no pueden salir de Aragón.
Ha citado el porcino y la alfalfa, de los que Aragón es "productor líder en el mundo" que pueden tener consecuencias "dramáticas" porque es posible que no sean susceptibles de llevar por carretera ante el elevado precio y "haga que los competidores se queden con esa cuota de mercado"
"COLONIZAR INSTITUCIONES"
Lorén ha achacado esta falta de planificación a que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "coloniza las empresas públicas" como Correos y "ahora se suman Renfe y Adif que están llenas de cargos del PSOE". A su parecer, se requieren más ingenieros y "menos Puentes" para gestionar de forma adecuada las infraestructuras del país y más cuando se reciben fondos UE.
El problema del ferrocarril está en las mercancías y también en el transporte de viajeros que de ser referencia internacional al devolver el 50 por ciento del precio del billete por un retraso de 20 minutos, "solo el 20 por ciento de los trenes llega puntual y amenazan con que la situación puede empeorar". "No es gratuito que no se haya invertido en la red y que el mantenimiento sea escaso, que además se agrava con accidentes". Todo se debe, ha insistido a una falta de planificación que afecta a personas y mercancías porque el "Gobierno de España limita la capacidad del país para crecer".
VIVIENDA
En cuanto a la segunda moción, Lorén ha dicho que hay tres características que han creado los problemas en la vivienda y que pasan por el apoyo del Gobierno de España al movimiento de ocupación, "es el único país de Europa en el que ha tenido este apoyo por los gobernantes" y por eso se han eliminado las garantías jurídicas de la propiedad".
Otro elemento es la encarecimiento ante la falta de construcción y ha puesto el ejemplo de que durante el mandato de ZeC (2015-19) "no se construyó ni una vivienda" y esos 4 años de retraso hacen que sea una espiral de crecimiento de precios por falta de oferta. "Es uno de los problemas más importantes no solo de los jóvenes sino de todos los ciudadanos", ha subrayado.
MOCIONES
La moción sobre la TmZ insta "revisar y corregir inmediatamente" la planificación de las obras ferroviarias del Corredor Mediterráneo, asegurando una gestión eficiente que no comprometa la actividad logística y el transporte de mercancías en la TmZ y en el resto de Aragón.
La moción también pide coordinar de manera efectiva a ADIF y RENFE para que se maximice el uso de la capacidad ferroviaria disponible y se garantice la continuidad del transporte de mercancías sin generar bloqueos logísticos; y proveer de soluciones logísticas alternativas para evitar el colapso de las terminales intermodales, en especial para productos perecederos y de gran volumen, minimizando el impacto en sectores claves como el agroalimentario.
Asimismo, se propone convocar una mesa de diálogo con los actores implicados del sector logístico y agroalimentario para coordinar estrategias que mitiguen los efectos negativos de las obras ferroviarias y asegurar que Aragón mantenga su competitividad en exportaciones.
El texto añade que se aceleren las inversiones necesarias para la mejora de la infraestructura ferroviaria en Aragón, garantizando que, una vez concluidas las obras, el corredor con el puerto de Valencia y otras conexiones clave estén plenamente operativos y competitivos. Estas medidas son indispensables para evitar el colapso total de la logística y el transporte de mercancías en Aragón, proteger al sector agroalimentario y salvaguardar el empleo y el tejido productivo de la región.
La moción sobre vivienda propone al Gobierno de España impulsar una nueva legislación que garantice la intervención inmediata ante los casos de ocupación ilegal de viviendas y locales, reforzando la seguridad jurídica tanto para propietarios como para arrendatarios, y fomentando la oferta de viviendas en el mercado del alquiler.
Otro apartado recoge incrementar los recursos y esfuerzos de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y las autoridades judiciales para asegurar la rápida identificación de inmuebles ocupados, y la celeridad en los procedimientos judiciales que conduzcan a su desalojo, así como a dictar instrucciones para la intervención inmediata en casos de ocupaciones flagrantes e incrementar la vigilancia de las zonas más conflictivas, revisando los protocolos para facilitar la actuación urgente de la policía frente a la ocupación ilegal de viviendas.
Un tercer epígrafe insta al Gobierno de España a regular por ley la actuación de los ayuntamientos para permitirles, previa cesión por parte de las comunidades autónoma, ejercer acciones judiciales que procedan en caso de ocupación ilegal de viviendas o edificios que ocasionen graves molestias de seguridad y convivencia vecinal.