El presidente de la Diputación de Huesca se suma al acuerdo de la FEMP para pedir otra distribución de fondos de la UE

HUESCA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, ha tomado parte en la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha terminado con la propuesta de una nueva distribución de fondos de la Unión Europea para favorecer, entre otras cosas, la lucha contra la despoblación.

La FEMP ha reunido en Castellón a diputaciones, cabildos y consejos insulares, en un encuentro donde se ha puesto de manifiesto el papel de la administración local para mantener los servicios de proximidad en los pueblos más pequeños y con menos recursos del medio rural.

Uno de los principales asuntos de trabajo ha sido la participación local en el diseño, pero también en la programación y ejecución a la hora de aplicar los fondos estructurales y de inversión en el horizonte europeo 2021-2028, como ya lo hacen la administración autonómica y central.

Los impulsores de este acuerdo quieren que se debata en el Consejo de municipios y regiones europeas para facilitar una negociación posterior con el Consejo y el Parlamento Europeo.

A este respecto, Miguel Gracia ha apostado por "facilitar la gestión directa de estos fondos" que, según ha indicado, deben incluir políticas activas para luchar contra la despoblación en el medio rural y la suficiente financiación de proyectos locales, por ser los que realmente favorecen el desarrollo rural.

En palabras del presidente de la DPH, "esto mejoraría la participación del mundo local" y, a su vez, abriría el camino a la convergencia en las políticas de cohesión territorial, a una mayor inversión en el medio rural y natural, además de amortiguar la tendencia al despoblamiento de numerosas regiones rurales europeas.

COMISIÓN DE DIPUTACIONES

Este miércoles se ha propuesto que sea la FEMP quien lidere el proceso, más concretamente su Comisión de Diputaciones, al considerar que son las instituciones que mejor pueden dar una concepción equilibrada, de manera que sea el medio rural el punto de inicio sobre el que desarrollar la propuesta. Una vez compuesto el grupo de trabajo, se redactará un documento con el que la administración local española pueda participar en el diseño de la aplicación de los fondos EIE 2021-2028.

Entre las diputaciones, también hay preocupación por la situación en la que se encuentra la gestión de los recursos humanos en las entidades locales debido a las restricciones de la Oferta de Empleo Público en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado desde 2012.

Desde el inicio de la crisis, se estableció en los Presupuestos Generales del Estado un límite a la reposición de efectivos de las administraciones públicas que se ha intentado paliar con la contratación de trabajadores temporales, la puesta en marcha de distintos planes de empleo o con el recurso de las horas extraordinarias pero que, como ha quedado de manifiesto, no soluciona el problema.

De ahí la petición para que sea reconsiderada la situación actual, suprimiendo o en su caso ampliando esa tasa de acuerdo con las necesidades en la próxima ley de Presupuestos, dado que la administración local además de ser la única con superávit presupuestario a lo largo de los cuatro últimos ejercicios presupuestarios, dispone de un superávit que ronda los 5.000 millones de euros.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

También han estudiado durante la jornada de este miércoles la Estrategia nacional de implantación de la administración electrónica y la adaptación al nuevo sistema de Protección de Datos, cuyo desarrollo recae sobre los ayuntamientos y la diputación provincial.

En este ámbito, la Comisión de la FEMP reclama una solución para que ese aumento de la responsabilidad no vuelva a cargar a estas entidades del gasto que supone en recursos económicos y personales.

Ha habido una manifestación unánime de solidaridad y apoyo con Galicia, Asturias y Castilla, reforzado con la petición de las compensaciones a los afectados y una modificación del modelo de políticas forestales donde se cuente con la administración local como conocedora de los territorios.