Verdad, justicia y reparación, principios del proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha dado el visto bueno este martes, 18 de julio, al proyecto de Ley de Memoria Democrática con la previsión de que las Cortes autonómicas lo aprueben a finales de año. Los principios de esta iniciativa legislativa son verdad, justicia, reparación y no repetición, y abarca el periodo 1931-1978.

Esta Ley aspira igualmente a mover a la reflexión sobre la ilegitimidad de cualquier idea política que utilice la violencia como medio estableciendo una clara condena moral sobre cualquier forma de violencia.

La pretensión es avanzar en la reparación del desequilibrio histórico producido sobre la memoria de los vencidos por el Estado franquista, y generar espacios de reconocimiento y dignificación de ese pasado ocultado y silenciado.

El proyecto de Ley entiende que las instituciones de la Comunidad Autónoma deben asumir su responsabilidad en la defensa y salvaguarda de los valores democráticos a través de medidas de gestión del espacio público que faciliten el acceso al derecho de memoria que ostenta la ciudadanía.

"Esa responsabilidad pasa de modo ineludible por el reconocimiento de las injusticias y la debida atención hacia las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, atendiendo en primer lugar el derecho que asiste a los familiares de las víctimas asesinadas que yacen en fosas y cunetas de encontrar e identificar a sus deudos", han señalado desde el Gobierno de Aragón.

Ha presentado el proyecto de ley el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Este texto legal quiere ser el marco jurídico estable para implementar políticas públicas en materia de Memoria Democrática, que hagan de la memoria un elemento de sensibilización y de educación para mejorar la convivencia y mejorar la calidad de nuestra democracia a través del fomento de los valores que le son propios.

"Ese era un compromiso que el Gobierno tenía derivado de los acuerdos de investidura", a los que "damos cumplimiento", ha dicho Guillén, quien ha señalado que el proyecto de ley desarrolla algunos aspectos que la ley general aprobada en 2007, con el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero, no había contemplado.

Guillén ha puesto de relieve "la necesidad de desplegar acciones" ante la "asfixia" a la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ha sometido a esta ley, dotándola de cero euros durante cinco años". Ha apuntado que otras comunidades autónomas, como Navarra y Andalucía, han aprobado leyes similares y otras, como Extremadura, están elaborándolas.

El Gobierno regional ha asumido las recomendaciones que realizaron los observadores de la ONU en varias visitas a España en 2012 y 2014, quienes apelaron a la "responsabilidad fundamental hacia la memoria" por parte de las Administraciones públicas.

Ha proclamado que la memoria democrática "tiene que formar parte de nuestro futuro" porque "ninguna sociedad puede olvidar su pasado si no quiere exponerse a repetirlo", emplazando a "no anestesiarnos ante el discurso de la exclusión o la violencia".

PROCESO LABORIOSO

"Ha sido un proceso laborioso", ha reconocido el consejero de Presidencia, quien ha expuesto que ha sido el Departamento el que ha dirigido los trabajos por su "peso político", por su carácter transversal y para dar "un papel fundamental" a las Direcciones Generales dependientes del mismo, como la de Justicia e Interior o la de Servicios Jurídicos.

Vicente Guillén ha agradecido el "incansable trabajo" de las asociaciones memorialistas, indicando que "sin su apoyo hubiera sido imposible aprobar este proyecto de ley".

La iniciativa arbitra medidas para fomentar las exhumaciones, facilitar el acceso a la información y la confección de un censo de la memoria, así como la creación de un centro de investigación "para seguir generando conocimiento sobre un pasado que no se agota" y la puesta en marcha de una web de memoria democrática.

Además, reconoce la "pluralidad" de las víctimas, como las mujeres, la mano de obra forzada, los exiliados políticos y los bebés sustraídos durante el franquismo.

Otros acuerdos reflejados en este proyecto de ley atañen al Día de la Memoria Democrática de Aragón, que será el 3 de marzo, en conmemoración del bombardeo de Alcañiz (Teruel), y la protección de los lugares de memoria como bienes de interés cultural. Se creará un censo de símbolos franquistas y se dispone la obligación de retirar placas, escudos o insignias alusivas a la guerra civil y el franquismo, así como la revocación de los acuerdos de cualquier distinción o exaltación de las personas vinculadas al régimen franquista.

En el ámbito educativo, se revisarán los contenidos de los currículum acentuando la sensibilización. Por otra parte, se fomentará el asociacionismo, se protegerán especialmente los "enclaves de memoria" y se creará un registro de entidades de memoria democrática.

El Gobierno de Aragón instará al Ejecutivo central a realizar una "reparación plena" de las personas juzgadas y condenadas por sentencias emitidas por "órganos ilegítimos de justicia". También promoverá un cambio legislativo para la reparación total de las víctimas y la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 en los casos en que se ampare la "impunidad". El proyecto de ley prevé un régimen sancionador con multas de 200 a 150.000 euros.