Vicente Guillén dice que Santisteve "es capaz de llevar a la ONU" sus quejas sobre el ICA

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha asegurado este martes que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, "es capaz de llevar a la ONU" sus quejas relativas al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), añadiendo que "buscará los organismos internacionales en los que puede tener cierta acogida con tal de llegar a las elecciones con este conflicto sin cerrar".

Se ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que, este lunes, Santisteve haya anunciado en las Cortes autonómicas que podría llevar el caso a la justicia de la UE.

"Ha sido imposible hablar de este impuesto" en la Comisión Bilateral DGA-Ayuntamiento, ha continuado Guillén, a cuyo juicio, el alcalde "tensiona con este asunto para esconder su incapacidad política, su falta de gestión en el Ayuntamiento, y quiere convertir este asunto en electoral" porque "cree que le da réditos".

Vicente Guillén ha dicho, asimismo, que el Ejecutivo lleva dos años "trabajando en la modificación de este impuesto para que no sea tan gravoso" y ha considerado que no se ha alcanzado un acuerdo porque "Podemos es rehén de lo que está diciendo la RAPA y no se atreven a hacer esa modificación de acuerdo con el Gobierno".

El titular de Presidencia ha abundado al decir que "no solamente llevamos dos años detrás de Podemos" para llevar a cabo la reforma del impuesto, sino que "llevamos mucho tiempo detrás del Ayuntamiento para hablar sobre el ICA".

Vicente Guillén ha reiterado que el ICA "no es ningún impuesto propio de este Gobierno, no es de Lambán" y ha ironizado al decir que el alcalde "a veces parece que sufre algún tipo de amnesia" porque el gravamen está vigente desde 2002, lo pagan todos los municipios y pasó de ser un canon a un impuesto con la modificación de la Ley de Aguas y Ríos de 2014, cuando "tampoco gobernaba Lambán".

EXCEPCIÓN

Ha añadido que "se ha venido pagando pacíficamente en todo Aragón excepto en Zaragoza" porque la capital aragonesa había pagado con recursos propios la depuradora de La Cartuja y el Gobierno regional llegó a un acuerdo para dejar de cobrar el canon a la ciudad desde 2002 hasta el 1 de enero de 2016.

El consejero ha observado que el Tribunal Constitucional (TC) ya se ha pronunciado "dando la razón al Gobierno y quitándola al Ayuntamiento", y también el Justicia de Aragón, que tampoco ha dado la razón al Consistorio, al igual que un experto universitario consultado.

A su juicio, "se ha hecho una utilización espuria de un impuesto ambiental que parte de una Directiva europea y que el Gobierno de Aragón quiere modificar para que no sea tan gravoso para la ciudadanía aragonesa" y ahora "otros tendrán que responder; la respuesta es de Podemos y la tendrá que dar el alcalde".

El primer objetivo del Gobierno es que los ciudadanos paguen menos por este impuesto y también que sea más progresivo, así como aprobar exenciones para las familias en situación de pobreza, pero "en la RAPA siguen pensando que es un impuesto injusto y que hay una imposición", ha manifestado Guillén.

En otro orden de cosas, el consejero ha comentado que todavía no se ha reunido el presidente, Javier Lambán, con los partidos de izquierda para analizar el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019 y que el Ejecutivo intentará que sea esta semana.