"Yo no lo hice, me echan las culpas a mí", declara la acusada por el incendio de la Residencia de Santa Fe

Los hechos, en los que murieron nueve personas, ocurrieron el 11 de julio de 2015 en Cuarte de Huerva (Zaragoza)

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

La acusada del incendio que costó la vida a nueve personas y lesiones a otras nueve en la Residencia de la Tercera Edad 'Santa Fe', en Cuarte de Huerva (Zaragoza), el 11 de julio de 2015, María Carmen Alejandre, de 64 años, ha negado este lunes ser la autora del siniestro y ha negado tener motivo alguno para provocarlo. "Yo no lo hice, pero me echan las culpas a mí", ha señalado.

Así lo ha indicado al declarar en la primera jornada de la vista oral, que está celebrando la Sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza con un tribunal del jurado que preside el juez José Ruiz. Alejandre, que era una de las residentes del centro, se enfrenta a una petición de 62 años de prisión como presunta autora de 9 delitos de homicidio, otros nueve de lesiones y uno de incendio. Además le solicitan unos 500.000 euros en concepto de indemnización.

"Yo no lo hice pero me echan las culpas a mí", ha afirmado Alejandre, quien ha subrayado que ella misma se administra los medicamentos que necesita y ha comentado que tenía previsto dejar esta residencia el 1 de agosto, rechazando la tesis según la cual estaba enfadada por tener que permanecer en este "chalet".

"Han dicho muchas mentiras", ha continuado la imputada, añadiendo que "no quiere decir nada" que se "cabreara" con su hijo pequeño. Ha jurado que es inocente.

Alejandre ha relatado que pasadas las 23.00 horas se encontraba viendo la televisión y subió a la habitación para dormir, quitándose los aparatos de audición. Notó el olor a humo y se asomó al pasillo descalza, pensando que la empleada Sara Flores, que trabajaba en la residencia por la noche, estaría "guisando" y que se le habría quemado el azúcar. La imputada vio las llamas y bajó despacio por tener el tobillo roto y, según su testimonio, ayudó a evacuar a una interna.

A preguntas de su abogada, Sara Pradas, la acusada ha negado que antes amenazara a las empleadas con hacer "algo gordo" después de que uno de sus hijos no le invitara a su boda. También ha negado que tuviera un mechero, aunque había varios en diferentes estancias de la residencia, y ha explicado que en una pequeña mochila que siempre llevaba solo tenía pinturas para entretenerse y una libreta. Ha dicho que no fuma.

María Carmen Alejandre ha comentado que no tenía una relación especialmente mala con los otros ancianos y que les saludaba, añadiendo que los demás "entre ellos se llevaban de aquellas maneras". La encartada llegó a la residencia desde la prisión zaragozana de Zuera, donde cumplió una pena privativa de libertad.

Pradas ha dejado claro que "pruebas directas no existen, no hay ninguna prueba", rechazando los informes forenses de criminalística porque acusan a Alejandre "porque me lo dicen".

DOLOROSO Y TERRIBLE

La representante del Ministerio Fiscal, Pilar Cavero, ha aportado varias fotografías y un informe elaborado por la Guardia Civil, que los agentes presentarán durante el juicio oral por videoconferencia. Ha citado a declarar al jefe de Psiquiatría del Hospital Clínico de Zaragoza, Valero Pérez, y al especialista Ricardo Campos, del mismo servicio.

La fiscal solicita 62 años de prisión para la acusada y también que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa propietaria de la residencia. Se ha dirigido al jurado, que se ha constituido esta mañana, para explicar que el hecho que se juzga es "especialmente doloroso y terrible", subrayando que los afectados eran ancianos, "la parte más vulnerable de la sociedad".

Ha expuesto que la Residencia de Santa Fe consta de tres plantas, con una planta baja con cuarto de estar, cocina, cuatro dormitorios y dos baños, reservada a los ancianos con más problemas de movilidad. Todas las personas que se encontraban en esta planta se salvaron.

A la primera planta se accede por una escalera angosta y tiene, como la segunda, cuatro dormitorios y dos baños, donde el día de autos se encontraban durmiendo varios residentes, que murieron. Las dos únicas personas ilesas son la acusada y otra señora que se encontraba viendo la televisión en la planta baja.

"No hay ninguna prueba directa, nadie ha visto a la acusada prender fuego", ha aseverado la fiscal, quien ha comentado al jurado la noción de prueba indiciaria, manifestando que "todas las pruebas" obtenidas señalan a Alejandre, que en su opinión fue "la única persona que pudo hacerlo". Ha indicado que en 2013 fue condenada por agredir a su esposo y que fue incapacitada por consumir alcohol.

El abogado Ricardo Agoiz ha señalado que algunos de los residentes estaban sujetos a la cama y no podían liberarse por sí mismos. "Solo ella podía" provocar el incendio, ha continuado Agoiz, manifestando que "quería irse de esta residencia" a la que llamaba el chalet "de forma despectiva".

Además, "sabía que si causaba un incendio iba a haber víctimas mortales y eso es maldad", insistiendo en que "quería hacer cualquier cosa" para marcharse y "no se le ocurrió otra cosa que prenderle fuego" a las instalaciones con la intención de "causar el mayor daño posible".

También han intervenido los abogados de las restantes familias de las víctimas, indicando que "ella estaba a disgusto", quería dejar la residencia y que "quiso vengarse haciendo algo verdaderamente grave", destacando la "frialdad brutal" de la acusada. Asimismo, varios letrados han considerado que la empresa propietaria tiene una responsabilidad civil subsidiaria.

Han considerado que esta persona debía estar controlada por sus antecedentes y que se le debería haber ingresado en un centro adecuado, añadiendo que la residencia no tenía licencia municipal desde 1997 ni del Gobierno de Aragón. Había dos extintores sin carga y sola una persona a cargo de todos los ancianos.

El abogado del Gobierno de Aragón ha defendido la legalidad, haciendo notar que ni el Ministerio Fiscal ni varias acusaciones atribuyen a la Comunidad Autónoma la responsabilidad civil subsidiaria, agregando que la Administración autonómica inspeccionó y sancionó a la residencia con anterioridad.