ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Zaragoza ha encargado un informe a la asesoría jurídica municipal sobre la posibilidad de recurrir por la vía contencioso-administrativa el impuesto de contaminación de aguas (ICA) que el Gobierno de Aragón comenzará a aplicar a partir de enero de 2016 tras una modificación de la Ley de Aguas.
"La elaboración de ese informe será rápida" y se encarga de forma preventiva, "por si acaso es necesario tener que ir a los tribunales porque además no se ha realizado una auditoría sobre las obras de depuradoras del Instituto Aragonés del Agua y existe la sospecha de que este impuesto será para tapar agujeros del plan de depuradoras del anterior Gobierno de Aragón PP-PAR", ha expuesto el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés.
En rueda de prensa, Rivarés se ha preguntado en qué se beneficia Zaragoza de este impuesto que "supone triplicar lo que pagan los ciudadanos y cuando además no se van a beneficiar de inversiones" y ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza "tiene la encomienda de defender los intereses de los zaragozanos dentro de la legalidad y de la democracia".
Además, ha arremetido contra el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, porque cuando era vicealcalde de Zaragoza "se negó a firmar un convenio, que ahora se ha cargado la posibilidad de que lo hubiera y encima lo impone por ley" para apuntar que "es surrealista, kafkiano e indecente".
A su parecer, este asunto "no tiene por qué afectar a la negociación" del presupuesto municipal de 2016 con el resto de grupos, y en especial con el PSOE, porque "se trata de un conflicto con el Gobierno de Aragón".
SIMULACIÓN
La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha aportado el dato de que Zaragoza ha invertido 324 millones de euros en depuración a lo largo de 20 años por lo que ha arremetido contra la pretensión del Gobierno de Aragón de gravar a los zaragozanos con un impuesto para recaudar 16 millones de euros anuales.
Artigas ha alertado de que el ICA "tira por el suelo" la política de bonificaciones sociales y de gestión de la demanda que grava más a los que más consumen, que aplica el Ayuntamiento de Zaragoza.
A modo de simulación, "porque no nos llegan datos oficiales", ha indicado que un hogar bonificado en el que viva una persona sola "se incrementaría en un 173 por ciento su factura del agua" y en el caso de un hogar con cuatro miembros, también bonificado, el aumento sería de un 123 por ciento y pasaría de una mesa de 30 euros anuales a 66,90 euros.
En el caso de los comercios la tasa del agua registraría una subida de hasta un 28 por ciento y en los usos industriales sería del 22 por ciento, ha estimado.
Finalmente, ha recordado que desde el pasado mes de junio, el Ayuntamiento está intentando establecer vías de diálogo con el Gobierno de Aragón sobre este asunto, aunque hasta ahora "no ha habido respuesta formal", ha apuntado Rivarés.